De todas las personas que respondimos a la convocatoria de presupuestos participativos que lanzó el Ayuntamiento de Bilbao el año pasado, para su incorporación en el Proyecto de Presupuesto Municipal de 2018, mi propuesta, relacionada con el reconocimiento de la Vivienda como Derecho Subjetivo pasó a la fase de «priorización», pero fue desestimada en la […]
La petición habla expresamente de «cesión de suelo y piso» para la creación de viviendas cooperativas, en un intento de replicar en Bilbao iniciativas que ya operan en la vecina Gipuzkoa. La propuesta, diseñada para combatir la especulación inmobiliaria, implica la suma de voluntades, más allá del interés individual, pues está orientada a generar redes de solidaridad para que cualquier persona goce del derecho a una vivienda digna.
Hace 41 años que España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sin embargo, es habitual desde 2008, el anuncio de recomendaciones públicas por parte de este organismo, debido al grado de incumplimiento del estado español, en lo referente al acceso a una vivienda digna para sus habitantes.
En aquel primer informe emitido hace diez años, el Relator Especial de ONU ya exhortaba a prestar atención inmediata a grupos concretos, y de manera expresa a las mujeres, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad, las comunidades romaníes (de gitanos), los migrantes y los sin hogar, y a que se asegure la posibilidad de recurrir a la justicia para hacer valer el derecho a una vivienda adecuada.
El documento manifiesta su preocupación por el insuficiente porcentaje de vivienda social en España -que no supera el 2% del total-, los precios excesivos de la vivienda, así como la falta de protección adecuada de los derechos de las personas inquilinas con respecto a las propietarias en el mercado de alquiler.
Daniel Raventós, economista e impulsor de la Renta Básica Universal, en su artículo Especulación, indigentes y vivienda en Europa, (Sin permiso, 2018), denuncia que el problema no es exactamente la escasez de viviendas (o lo es para criterio de los especuladores). En 2014, Europa tuvo más de once millones de casas vacías, incluyendo 3,4 millones en España, número más que suficiente para alojar, dos veces, a los 4,1 millones de sintecho del continente. Muchas de esas viviendas, ni siquiera han sido habitadas porque fueron meras inversiones. Más aún, miles de viviendas a medio construir han sido destruidas para apuntalar los precios de las propiedades ya existentes, subraya Raventós.
Con todo esto, mi denuncia pretende aterrizar en el plano de lo cotidiano. Y es que quizás, más de alguna persona que lea estas líneas habrá padecido la engorrosa experiencia de buscar un piso o compartir un alquiler. Así que probablemente lo que aquí cuente no sea novedad. Lo que sí pretendo es que insistir en la exigencia del un ejercicio efectivo del Derecho a la Vivienda, así como su protección por las instituciones de Comunidad Autónoma del País Vasco.
En la web del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco (Etxebide) puede leerse la siguiente información sobre el Plan Director de Vivienda 2018-2020, que dice reunir la filosofía, los programas y los compromisos de la política de vivienda en Euskadi hasta el final de la legislatura.
El Plan tiene como objetivo «garantizar la función social de la vivienda y el derecho subjetivo de la ciudadanía a ella mediante la promoción preferente del alquiler, el impulso a la rehabilitación, la regeneración urbana o la utilización de los pisos vacíos…».
Quienes nos vemos orillados por la falta de ingresos suficientes, a compartir pisos en régimen de alquiler, sabemos que los canales de búsqueda son las ya populares webs como idealista, mil anuncios, piso compartido, en alquiler, por citar algunas. También es sabido que en estas webs proliferan anuncios con criterios que son explícitamente racistas.
Pero el problema se expande más allá, pues a la ecuación debemos añadir a las inmobiliarias y las personas arrendatarias, que sumadas conforman el triángulo perfecto que obstaculiza el acceso al alquiler cuyas exigencias están condicionadas, la mayoría de las veces por el color de piel, el origen, el idioma o la preferencia sexual (Testing Vivienda, SOS Racismo): avales bancarios, nóminas elevadas, oferta parcial de inmuebles, habitaciones en condiciones deplorables, en el caso de las viviendas compartidas, fianzas excesivas, y un largo etcétera.
SOS Racismo aduce que cada vez son menos las personas que acuden a su organización a presentar denuncias relacionadas con la discriminación para el acceso a la vivienda, y con razón, pues queda claro que esta batalla contra goliat, se debe librar en otro lado. Mucho ruido y pocas nueces, diría quien con impotencia, reconoce que las leyes se quedan en el tintero.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.