Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En sus sombrías memorias de la guerra de EE.UU. en el Sudeste Asiático, un mexicano indocumentado que se había alistado en el ejército de EE.UU. con la ayuda de un reclutador inescrupuloso, escribe: «Me daba cuenta que para poder vivir en EE.UU., el sistema me iba a pedir que pagara un precio elevado. Ahora probablemente iba a tener que pagar con mi vida. ¿Valía la pena?»
Durante el período de la Guerra de Vietnam ciudadanos de países extranjeros en las fuerzas armadas de EE.UU. eran algo fuera de lo común y desconocido por el público. Hoy en día, aunque sólo componen un pequeño porcentaje de la fuerza total, aparecen regularmente en las noticias, en la publicidad del Pentágono y en rimbombantes discursos nativistas sobre una invasión mexicana.
Los no-ciudadanos componen entre un 3 y un 5% del personal militar total. Hasta la fecha, han recibido más de 200 medallas y condecoraciones en la zona de combate. Más de 100 de ellos han recibido la ciudadanía a título póstumo después de hacer el último sacrificio. La mayoría de ellos tienen raíces en México y el resto de Latinoamérica.
¿Se están convirtiendo las fuerzas armadas estadounidenses en una legión extranjera? Todavía no, pero la presión sobre el personal en servicio activo, la Reserva y la Guardia Nacional se está haciendo insoportable. El informe del general David Petraeus al Congreso del mes pasado – e incluso declaraciones recientes hechas por candidatos presidenciales del Partido Demócrata – dejaron en claro que la ocupación de Iraq durará muchos años más. Será difícil encontrar nuevos cuerpos, así que existe un interés renovado en legislación que pueda producir un cosechón de no-ciudadanos elegibles para los reclutadores.
La Ley de Ayuda al desarrollo y educación para menores extranjeros (DREAM, por sus siglas en inglés) ha estado flotando por las salas del Congreso durante más de seis años y Draft NOtices fue una de las primeras publicaciones en advertir sobre su componente militar. Si esa ley fuera aprobada, la legislación representaría un camino hacia la residencia permanente para jóvenes indocumentados que fueron criados, y completaron la escuela secundaria, en EE.UU. Los que se cualificaran tendrían que completar dos años de universidad o alistarse en las fuerzas armadas para conseguir una tarjeta verde permanente.
La comunidad latina se apresuró a apoyar la legislación debido a su componente educacional, pero durante los primeros cinco años hubo un silencio ensordecedor en los círculos latinos sobre la opción militar. Esto cambió sólo recientemente cuando el Pentágono y los responsables elegidos comenzaron a discutir abiertamente la Ley DREAM como un posible medio de salir de aprietos ante las necesidades de personal de las fuerzas armadas.
En 2006, Bill Carr, Subsecretario Adjunto Interino de Defensa para Política de Personal Militar, dijo a periodistas que la legislación DREAM ayudaría a fomentar el reclutamiento militar. En julio pasado, el senador Dick Durbin (Demócrata de Illinois) dijo: «La Ley DREAM encarará una crisis de reclutamiento muy seria que enfrentan nuestras fuerzas armadas. Bajo la Ley DREAM, decenas de miles de potenciales reclutas bien calificados llegarían a ser elegibles para el servicio militar por primera vez.»
La teniente coronel Margaret Stock de la Reserva del Ejército de EE.UU. y miembro de la facultad en West Point que ayudó a redactar la legislación, confirmó que la Ley DREAM podría ayudar a los reclutadores a cumplir con sus objetivos suministrando una «cohorte altamente calificada de jóvenes.» Agregó: «La aprobación de la ley podría solucionar las preocupaciones de alistamiento de reclutas de las Fuerzas Armadas.»
Recurriendo a estereotipos culturales sobre la «cultura hispánica,» dijo al Orange County Register que «sería aún más probable que los inmigrantes hispánicos afectados por esta ley se unan a las fuerzas armadas porque en la cultura hispánica es algo considerado como honorable.» Uno se pregunta si la teniente coronel Stock enseña a sus cadetes clichés tan banales y reduccionista sobre las diversas tradiciones latinoamericanas.
La ironía, desde luego, es que mientras el Pentágono busca a jóvenes no-ciudadanos para repletar las filas de las fuerzas de ocupación de EE.UU., otros trabajadores
no-ciudadanos cuyas contribuciones económicas a la nación son innegables son perseguidos y acosados por otras agencias del gobierno de EE.UU.
Como me dijo un trabajador, las comunidades latinas sufren una «doble deportación.» Por una parte, los reclutadores militares inundan las escuelas secundarias con mayorías latinas y el Pentágono presiona fuerte para que se apruebe la Ley DREAM. Muchos de los jóvenes que son reclutados con éxito terminarán en Iraq y Afganistán. Una deportación metafórica, por supuesto, pero desde el punto de vista de la familia, no deja de ser una remoción dolorosa de un ser querido.
Al mismo tiempo, los padres y hermanos de esos soldados, marineros, aviadores, y Marines ven como vehículos blindados con equipos de policías armados invaden sus vecindarios para realizar redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Precisamente durante este mes, por ejemplo, en el vecindario de clase trabajadora de Barrio Logan en San Diego, la policía local rodeó un área de diez manzanas mientras helicópteros sobrevolaban en círculos y agentes del ICE peinaban el lugar con atavíos de combate. Acciones similares tienen lugar en todo el país.
Algunos de estos padres han sido arrestados y tendrán que presentarse en audiencias de deportación. Hay que recordar que se trata de padres cuyos hijos e hijas combaten «por la democracia» en Iraq. Un caso semejante es el del soldado del ejército de EE.UU., Armando Soriano, de 20 años, que murió en Iraq en 2004. Este verano, redadas del ICE pasaron por Houston. El padre de Armando fue detenido y actualmente lo amenaza la deportación.
A fines de septiembre, el senador Durbin aceptó que se eliminara de la Ley DREAM la cláusula sobre el cobro de las matrículas como si los extranjeros fueran residentes del Estado reaccionando ante la presión de los grupos restriccionistas y para conseguir más votos republicanos. Este cambio habría bloqueado la intención de numerosos estudiantes indocumentados de elegir la opción universitaria e, inadvertidamente o no, los habría colocado en el camino militar hacia la legalización. A pesar de las concesiones de Durbin, la enmienda DREAM no fue agregada a la ley de apropiaciones para la defensa de este año y así volvió a desaparecer en el éter del Congreso por lo menos por unos meses más, si no para siempre.
Si la Ley DREAM llega a volver a salir a flote y llega a ser aprobada, miles de jóvenes latinos que no pueden elegir la opción universitaria serán tentados a alistarse para lograr el estatus legal. Como no se vislumbra un fin de la ocupación de Iraq y como hay otras guerras que amenazan en el futuro, ellos, como el soldado mexicano indocumentado en Vietnam, tendrán que preguntarse si el precio no será simplemente demasiado elevado.
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Fuentes de información: Congressional Record–Senate (13 de julio de 2007); Ernesto Portillo, Jr., «DREAM Act better than nothing, but flawed,» Arizona Star (26 de septiembre de 2007); Vanja Petrovic, «DREAM Act blocked from defense bill,» Orange County Register (27 de septiembre de 2007).
Este artículo proviene de Draft NOtices, el boletín informativo del Comité Opuesto al Militarismo y al Servicio Militar. (http://www.comdsd.org)
http://www.comdsd.org/article_archive/DilemmaDoubleDeprotation10-07.html