A mediados de marzo, el gobierno de transición de Egipto disolvió la odiada oficina de Investigaciones de Seguridad del Estado (SSI), cumpliendo con una histórica demanda de la oposición. Pero aún no se ha informado qué agencia la reemplazará, despertando temores de que se trate sólo de cambios cosméticos. «Ha habido una inexcusable falta de […]
A mediados de marzo, el gobierno de transición de Egipto disolvió la odiada oficina de Investigaciones de Seguridad del Estado (SSI), cumpliendo con una histórica demanda de la oposición. Pero aún no se ha informado qué agencia la reemplazará, despertando temores de que se trate sólo de cambios cosméticos.
«Ha habido una inexcusable falta de información hasta ahora sobre el preciso papel de la nueva agencia de seguridad y sus actividades», dijo a IPS Amr Hashim Rabie, experto en asuntos políticos en el Centro para Estudios Políticos y Estratégicos Al Ahram, con sede en El Cairo.
El 15 de marzo, el nuevo ministro del Interior, Mansour Al Essawy, anunció formalmente el desmantelamiento de la SSI. Al Essawy decidió «desarticular la SSI, incluyendo todas sus administraciones, ramas y oficinas», informó un portavoz del gobierno.
El ministro también creó un nuevo aparato de investigaciones llamado Buró Nacional de Seguridad (NSB). El papel de la nueva agencia estará limitado a «salvaguardar la seguridad nacional y coordinar con las agencias del Estado la protección del frente interno y el combate al terrorismo».
El NSB, añadió el portavoz, operará «en conformidad con la Constitución, la ley y los principios de derechos humanos». Pero no «traspasará la vida diaria de los ciudadanos ni violará sus derechos políticos», subrayó.
Cinco días después fue designado el primer director de la nueva oficina, Hamid Abdalá, quien se había desempeñado como director de seguridad en la provincia de Helwan antes de convertirse en asistente del ministro del Interior para el norte del Alto Egipto.
El desmantelamiento de la SSI fue una demanda fundamental de los líderes de la última Revolución del 25 de Enero, que acabó con el régimen de Hosni Mubarak.
Desde la salida del presidente el 11 de febrero, este país ha sido gobernado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que designó a Al Essawy el mes pasado.
En los 30 años de gobierno de Mubarak, la SSI frecuentemente fue acusada de cometer la peor clase de violaciones a los derechos humanos. Según sus críticos, la agencia se dedicaba sólo a proteger al régimen, reprimir todo disenso torturando y asesinando a oponentes.
La SSI también es acusada de fraguar elecciones nacionales a favor del Partido Nacional Democrático, de Mubarak. En las primeras dos semanas de marzo, las oficinas de la agencia en varias provincias fueron asaltadas por manifestantes que intentaban evitar la destrucción de posibles documentos incriminatorios.
Apenas iniciadas las protestas populares, salió a la luz información sugiriendo que el SSI había jugado un papel importante en el atentado con bomba contra una iglesia en la norteña ciudad de Alejandría el año pasado, en el que murieron 24 personas. El gobierno entonces había atribuido el ataque a la red radical islámica Al Qaeda y a grupos islamistas palestinos.
Varios funcionarios de alto rango de la SSI están ahora bajo arresto. Todos son acusados, entre otras cosas, de utilizar fuerza letal contra manifestantes en los 18 días de protestas populares.
Críticos del régimen y figuras de la oposición inicialmente celebraron la disolución de la SSI, pero la falta de información sobre el NSB despertó temores de que la nueva oficina termine desempeñando el mismo papel represivo que su predecesora.
«Las declaraciones sobre la nueva agencia han sido muy breves y carentes de detalles», dijo a IPS el director del Centro de Estudios para los Derechos Humanos de El Cairo, Bahy Eddin.
«Esto ha despertado profundos temores tanto en figuras políticas como en el público en general de que el NSB sea poco más que una versión a menor escala de la SSI», agregó.
«Si el gobierno de transición de verdad quiere demostrarle a los críticos que la SSI realmente desapareció, debería aclarar cómo planea operar la nueva agencia», sostuvo.
Cuando Hassan se contactó con el Ministerio del Interior para obtener esa aclaración, funcionarios le indicaron que el papel y las actividades del NSB todavía estaban «en discusión».
El 12 de abril, la prensa oficial informó que 75 por ciento de los funcionarios otrora asociados con la SSI –en particular relacionados con el seguimiento a disidentes– habían sido transferidos a administraciones estatales completamente separadas, como servicios de emergencia y departamentos locales de bomberos.
Los restantes, sin conexiones previas con asuntos políticos, trabajarán en la NSB.
«Es un paso positivo, pero no alcanza con simplemente cambiar a funcionarios. Debe haber una total transformación del modus operandi de la agencia», opinó Rabie.
«Tenemos que asegurarnos de que la nueva oficina no termine usando los mismos métodos y técnicas empleadas por la disuelta SSI», añadió.
«Específicamente, el nuevo papel de la agencia debe estar limitado a combatir el terrorismo y el espionaje, no vigilar a activistas, periodistas y estudiantes», sostuvo.
«Esto requiere de una supervisión judicial efectiva sobre todas las operaciones del NSB para garantizar que sean realizadas dentro de un contexto legal y transparente»