El Tribunal le da 10 días a Mofaz para planificar la demolición de los fortines ilegales

Traducido para rebelión Nadia Hasan

25 de noviembre, 2005.- La Corte Suprema de Justicia le pidió al Ministro de Defensa Shaul Mofaz que informe dentro de 10 días de la demolición de las estructuras ilegales en el fortín, o puesto avanzado, de Amona, cerca del asentamiento cisjornado de Ofra.

Un requerimiento similar se transmitió al comandante del Ejército Israelí de Cisjordania, al Jefe de la Administración Civil, al comandante de la Policía de Samaria y Judea, al Consejo Regional Mateh Binyamin y a la compañía que ha iniciado la construcción del proyecto, Binyanei Bar Amana.

La Jueza, Ayala Procaccia, hizo que Mofaz se comprometiera ante la Corte Suprema, a principios de mes, a desmantelar las estructuras para fines de enero del 2006, «a menos que las condiciones de seguridad no lo permitan.» En su fallo, Procaccia exigió a Mofaz que evaluara las «condiciones de seguridad» antes de la fecha límite establecida para la evacuación de las viviendas.

En respuesta a otra petición del Tribunal Supremo de evacuar los fortines ilegales de Harasha y Hayovel, Haaretz informó el jueves que las órdenes de demolición no fueron implementadas, debido a, entre otras razones, consideraciones políticas, citando las próximas elecciones.

Procaccia emitió un fallo intermedio a principios de julio requiriendo la evacuación de las familias que viven en las nueve viviendas del fortín de Amona en respuesta a una petición hecha por Paz Ahora a través del abogado Michael Sfard. La orden exige al Jefe de la Administración Civil y al comandante de la Policía de Judea y Samaria «usar todos los medios a su disposición para impedir la ocupación de las estructuras del fortín de Amona, y de hacer cumplir la orden de cese de los trabajos emitidas al respecto hasta que otro fallo sea emitido por el Tribunal»

A comienzos de agosto, la Oficina del Fiscal del Estado señaló que «debido a la sensibilidad política del período previo a la desconexión,» el estado debía demoler las nueve estructuras después de la desconexión. A pesar del compromiso hecho por Pinhas Wallerstein, jefe del Consejo Regional Mateh Binyamin al Comandante Central Yair Naveh, de que los colonos no se mudarán a las nueve viviendas, una inspección de la Administración Civil descubrió que alguna de las estructuras fueron ocupadas.

Veinticinco familias están viviendo en las 53 casas prefabricadas en Amona. El informe Talia Sasson señaló que Amona fue construido en tierras privadas palestinas. Sasson destacó que el Ministerio de Vivienda financió la infraestructura a un costo de 2.1 millones de NIS, sin recibir ningún tipo de aprobación gubernamental o autorización por parte de Mofaz, sin ningún organismo público o gubernamental que asignara el terreno, y sin ningún estatus de planificación.