Los colectivos que consiguieron detener la devolución masiva de menores a Marruecos en agosto de 2021 celebran la decisión del Tribunal Supremo y esperan que sirva de precedente para reforzar la garantía de los derechos humanos en la frontera sur.
“Dos abogadas paralizan las devoluciones ilegales de niños a Marruecos ordenadas por Marlaska”, así titulaba El Salto el 16 de agosto de 2021 la noticia en la que se informaba de que, tras tres intentos, las abogadas Patricia Fernández, de la Coordinadora de Barrios, y Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, habían logrado detener una vulneración de los derechos de menores ordenada ni más ni menos que por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Ayer, 22 de enero, el Tribunal Supremo les daba la razón: en las devoluciones de menores a Marruecos que se ejecutaron entre el 13 y el 15 de agosto de 2021, el gobierno incumplió tanto el marco normativo estatal como el europeo. La acción de las abogadas estuvo respaldada, además de por sus respectivas organizaciones, por una alianza de colectivos que incluía Andalucía Acoge, Elin, Ex Menas Madrid, Gentium, Maakum y No Name Kitchen.
En una comunicación publicada en la tarde de ayer, el Tribunal Supremo negaba el principal argumento que Marlaska usó para justificar la devolución masiva de niños: el Acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores no sería un marco legal válido para la decisión del Gobierno. Con su acción, el Ministerio de Interior no solo no cumplió con las garantías de la jurisdicción española sino que incurrió en una expulsión colectiva de extranjeros, algo que el Convenio Europeo de Derechos humanos prohíbe.
Y es que, ante las decisiones del juzgado de Ceuta y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, favorables a la denuncia de las organizaciones sociales, la Abogacía del Estado y la Ciudad Autónoma de Ceuta presentaron recursos de casación. Dos años después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado también la razón a las letradas: en su sentencia da cuenta de la “absoluta inobservancia” del marco de la Ley de Extranjería que exige “un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal”. Nada de esto sucedió aquel fin de semana de agosto de 2021. Asimismo, afirma la Fiscalía, la Sala confirma la vulneración de “los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos” al ser sometidos al riesgo de sufrimiento corporal o psíquico, situación generada como consecuencia de la no toma en consideración ni del interés superior del menor, ni de las circunstancias individuales de cada uno de ellos.
Desde
las organizaciones que consiguieron poner freno a Marlaska han querido
comunicar sus impresiones, recordando que la sentencia del Supremo
desestima uno de los dos recursos interpuestos, pero todavía queda un
segundo recurso por resolver. La Coordinadora de Barrios y la Fundación
Raíces llevaron la representación de ocho y doce menores que llegaron
solos a España y se vieron afectados por las repatriaciones, recuerdan
los colectivos, quienes esperan que esa segunda resolución pendiente
también les sea favorable.
En su nota de prensa, las organizaciones recuerdan que fueron un total de 80 menores quienes designaron como abogadas a Fernández y García de Viedma, tratándose de menores que, tras atravesar solos la frontera en mayo de aquel año, se encontraban “en situación de desamparo y acogidos por el área de infancia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, hasta el comienzo de las repatriaciones sin garantías del 13 de agosto”. Si bien las medidas cautelarísimas fueron interpuestas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta el mismo 16 de agosto, la sentencia llegó en febrero de 2022, apuntan, “declarando que la Administración al repatriar a estos menores había actuado sin amparo legal alguno y con vulneración del derecho a la integridad física y moral y a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española”.
En su pronunciamiento el Tribunal Supremo reconoce lo excepcional de la entrada de 12.000 personas, entre ellas 1.500 menores, los días 17 y 18 de mayo, y el reto que dicho suceso supuso para las administraciones, pero recuerda que el objeto de disputa es si el marco en el que el ministro Marlaska quiso emplazar la devolución masiva de menores meses después, el Acuerdo entre España y Marruecos de 6 de marzo de 2007, era válido en términos legales para proceder a la salida forzada de los niños, algo que ha quedado descartado.
“El pronunciamiento de la Justicia es claro, las devoluciones de los niños fueron expulsiones colectivas, prohibidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos , una gravísima violación que puso en grave riesgo a 55 niños”, expresaba ayer Patricia Fernández, en una declaración recogida por el comunicado conjunto de las organizaciones, en la que mostraba sus expectativas de que este pronunciamiento sirva para “poner coto a las violaciones de derechos en nuestras fronteras”.
La sentencia del Tribunal Supremo también ratifica que las condiciones de excepcionalidad no son suficientes para una aplicación laxa de la ley, y menos meses después de la entrada de los menores. Por otro lado, recuerda que más allá de infringir la normativa estatal, el Ministerio de Interior vulneró el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe terminantemente las expulsiones colectivas. El convenio, ratificado por España, integra por tanto su ordenamiento jurídico, destacan. Además, en la sentencia se desestima la alegación de que Marruecos no se opuso a la operación y comunicó a las autoridades de manera genérica que los menores se encontraban bien. Para la Sala, la postura de Marruecos es irrelevante a la hora de juzgar la decisión de las autoridades españolas, sujetas a la normativa estatal y europea.
Paloma García de Viedma, abogada de Fundación Raíces, lo resume de la siguiente manera: “El Tribunal Supremo le recuerda al Gobierno y a la Ciudad de Ceuta que España es un Estado de Derecho, que no hay lugar para la arbitrariedad de los poderes públicos y que los derechos de los niños deben ser protegidos por encima de cualquier otro interés”. Las letradas, que intentaron repetidamente interponer la solicitud de medidas cautelarísima ante las devoluciones comenzadas en un viernes de agosto, obtuvieron finalmente la paralización de las mismas, al entender el juez que, al no existir expediente de repatriación de cada menor, no se había observado estrictamente la normativa.
La paralización de las devoluciones —cuando 48 niños
ya habían sido devueltos a Marruecos, esperándose repatriar a un total
de 700— fue una victoria de esta alianza de organizaciones, que lograron
detener una decisión que entidades en defensa de la infancia como Save
The Children y Unicef, denunciaron con contundencia. El propio
Ministerio de Derechos Sociales, encabezado en ese momento por Ione
Belarra, intentó frenar las deportaciones, mientras que el Área de
Menores ante la Fiscalía general y el Comité del Derecho de los niños,
que intentaron interceder mediante la petición de amparo a través del
Defensor del Pueblo.
Las organizaciones han recogido el testimonio del joven Abdelhakim Zerrad, quien fuera devuelto a Marruecos durante esos días de mayo. Zerrad, que ahora tiene 19 años, volvió a cruzar la frontera tras su repatriación, y actualmente trabaja como ayudante de cocina a través de un programa de la Fundación Raíces declaraba: “Es importante que los jueces digan esto porque la policía de Ceuta nos dejó tirados en la frontera y todos los niños llorábamos”. Queda por saber qué pasará con el segundo recurso, y, sobre todo, ver cómo se puede reparar a los menores cuyos derechos fueron vulnerados por el Estado español.