“En el 50º aniversario del Día de la Tierra, como si la incesante rotación de la tierra se hubiera ralentizado y detenido, el coronavirus ha creado un desafío sin precedentes. Nos conecta a todos en nuestra fragilidad y en la íntima conexión que tenemos con nuestro planeta y con la naturaleza”. Con estas palabras, inicia la carta redactada por BirdLife International, una red de organizaciones que se dedican a la conservación de la naturaleza, y dirigida a la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra. El objetivo del escrito: instar a la ONU a reconocer el derecho universal a vivir en un entorno natural saludable, garantizado por políticas públicas y regido por el conocimiento científico y más importante aún, por las costumbres tradicionales indígenas. Después de todo, en el último tiempo ha quedado demostrado que las comunidades indígenas y sus técnicas son las mejores a la hora de proteger el medio ambiente.
Tal como lo explica la asociación ecologista Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), en una pandemia todos están en riesgo. Aunque no todos en el mismo nivel. Y en el contexto de la pandemia del Covid-19, estas diferencias han quedado más expuestas que nunca. Quienes más sufren las consecuencias de esta crisis son los mismos grupos que viven bajo una discriminación permanente. Quienes viven marginados de la sociedad, desamparados por las políticas públicas, discriminados y desplazados. Es precisamente a estos grupos a los que se refiere BirdLife International al exigir que se reconozca el derecho a un ambiente sano. Un derecho que lamentablemente, no todos gozan.
El racismo ambiental es un término que ha cobrado visibilidad con el correr del tiempo, debido al incremento de las injusticias a las que se enfrentan minorías étnicas sometidas a la contaminación excesiva. Comunidades enteras, excluidas del derecho a un ambiente saludable y enfrentadas a la contaminación sistemática de sus fuentes de agua y del aire al estar expuestas, entre otros, a residuos tóxicos de industrias contaminantes. Esto es lo que ocurre por ejemplo con las comunidades afrodescendientes que habitan en la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Según lo documenta la ONU, estas comunidades sufren enfermedades graves y casos de erupciones cutáneas e infecciones genitales, al beber agua o bañarse en el río contaminado. Miles de hectáreas de las tierras ancestrales donde habitan, han sido apropiadas por industrias extractivas. Así lo ha denunciado recientemente Ahmed Reid, el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes. “Las personas afrodescendientes de Ecuador representan el 40% de la población que vive en la pobreza, se les niega constantemente su derecho a un medio ambiente limpio, así como el acceso a la justicia, a la educación, y al trabajo decente”, explicó Reid.
Casos como el de las comunidades afrodescendientes en Ecuador, hay en todo el mundo. Y lentamente, los reclamos de las comunidades afectadas comienzan a recibir una mayor visibilidad. Un tema que cobra fuerza y que ha llegado hasta las poderosas plataformas de streaming como Netflix, pero que aún sigue excluido de la agenda política. Semanas atrás, la plataforma estrenó el documental ‘There’s Something in the Water’, dirigido por la actriz canadiense Ellen Page e Ian Daniel y basado en el libro del mismo nombre, escrito por la activista social canadiense Ingrid Waldron.
Las imágenes del documental de Page son crudas. De la laguna de Boat Harbour donde la comunidad indígena Mi’qmaq solía pescar, quedan pocos rastros. En cambio, ahora, el agua es turbia y una neblina efervescente cubre la laguna, debido a las máquinas instaladas para oxigenar el agua de los desechos tóxicos. Pero más duelen aún los testimonios de los miembros de las Primeras Naciones de Nueva Escocia que narran de principio a fin, los abusos que ha sufrido esta comunidad ignorada históricamente por las autoridades y por los grupos empresariales que se beneficiaron a expensas de la salud de los habitantes. El punto de inflexión en la historia de esta comunidad es la instalación de la fábrica de pulpa y papel, Northern Pulp cuya propietaria es la compañía chino-indonesia Paper Excellence (PE). Si bien para la gran mayoría este nombre no dice mucho, son varias las comunidades indígenas que sufren los abusos por parte de PE y del grupo empresarial al que pertenece, el grupo Sinar Mas, dirigido por la familia Widjaja. Entre las principales actividades que identifican al grupo se encuentra la deforestación de bosques tropicales en Indonesia y el abuso contra comunidades indígenas.
Después de décadas de contaminar libremente la laguna de Boat Harbour, a fines de 2019, el gobierno local de Nueva Escocia instó a Paper Excellence a cerrar su fábrica. Un revés inesperado para la compañía, que hasta el día de hoy sigue buscando maneras de reabrir la fábrica, bajo promesas de modernización y de respeto medioambiental. Eso sí, PaperExcellence aún sigue sin hacerse cargo de las tareas de limpieza de la laguna. Mientras tanto, en otro movimiento poco transparente por parte de PE, la compañía anunció también el cierre de la fábrica de papel de Powell River alegando como motivo la crisis actual derivada de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los empleados de la fábrica aseguran que el cierre está ligado a una mala gestión por parte de la empresa y se refieren a la medida como otra de las promesas incumplidas por parte de PaperExcellence.
Las historias como la de la comunidad Mi’qmaq en Nueva Escocia, que en verdad, nos recuerdan por qué resulta tan imperioso asegurar el derecho a un ambiente saludable. No hay que olvidar que para algunos se trata de una cuestión de vida o muerte. En palabras de la NRDC, “cuando aceptamos el desprecio indiferente de las compañías y los contaminadores corporativos que insisten en que sus emisiones son solo una parte necesaria para hacer negocios, no estamos creando empleos o apoyando economías. Estamos reduciendo la salud y la resistencia de nuestra gente”.