Después de casi un año de investigaciones la juez del juzgado nº 4 de Gijón dictó prisión provisional sin fianza para el ex consejero Riopedre (1) y para otras cuatro personas más. También ordenó el registro de las dos empresas implicadas que suministraban el material de oficina y papelería a las distintas Consejerías y a […]
Después de casi un año de investigaciones la juez del juzgado nº 4 de Gijón dictó prisión provisional sin fianza para el ex consejero Riopedre (1) y para otras cuatro personas más. También ordenó el registro de las dos empresas implicadas que suministraban el material de oficina y papelería a las distintas Consejerías y a otras administraciones.
La investigación ha sido llevada con total secreto por los asesores propios de la juez y no por los funcionarios policiales. Todo indica que la discreción con que la juez ha realizado la investigación y está elaborando el sumario ha funcionado y no ha habido filtraciones que hubieran abortado la operación.
Gobierno y Parlamento asturiano responsable. No se trata de un hecho aislado sino la consecuencia directa de una práctica habitual, cotidiana, en la que se eluden los controles y se practica una política de amiguismo con poca o ninguna transparencia.
Sí, todos son políticamente responsables y también individualmente. Como colectivo institucional y, presumiblemente, también responsables penales de todos los delitos citados. Porque tanto el Gobierno del PSOE e IU como en el Parlamento asturiano, al que hay que añadir al PP, consienten y practican la técnica contable del oscurantismo. No hay transparencia en las cuentas, no hay auditorías fiables y así cualquier cosa pueda pasar. Y, más allá del tópico, todo lo que puede pasar acaba sucediendo. Qué empresa, banco o cualquier otra entidad no tiene varias auditorías, internas y externas, además de los controles sistemáticos de supervisión para evitar desfalcos o para evitar gastos superfluos o suntuosos.
Es fácil entender que los políticos de las consejerías afectadas, como de las que no lo están directamente, cobren su sueldo todos los meses y sean renovados de una manera o de otra en sus puestos año tras año sin que se sientan obligados a justificar para qué gobiernan y cual es su cometido. No vale cobrar y mirara para otro lado porque aunque no estén implicado directamente en los delitos mencionados sí lo están indirectamente cuando consienten e incluso propician una práctica de gobierno controlada por una nube de funcionarios o no funcionarios nombrados a dedo que necesariamente están a las órdenes y al servicio de quien les nombró, aunque su función sea fiscalizadora.
Dicen que son tiempos de escasez, pero no parece que ésta exista para ellos, para estos políticos, cuando tan alegremente se (des) controla el dinero, los sobrecostes y tantas otras inversiones y gastos que nadie sabe quien y cómo se auditan.
Lo normal es que el control y las auditorías se establezca en todos los ámbitos, en el informático, en el contable y también en la verificación de los trabajos o de las inversiones realizadas, todo ello con el mayor detalle. Pero no parece que esto suceda así en la Administración asturiana en donde cientos de cargos son nombrados a dedo en sustitución de los que por cargo y nivel les corresponde. El Gobierno, recurriendo a la excusa de «cargo de confianza» acaba por considerar como tal desde los chóferes y a toda una cadena de puestos y categorías de modo que excluyen así al funcionario correspondiente cuya responsabilidad y autoridad queda anulada.
Así es que cuando se hace necesario, se prescinde del Interventor, se prescinde del abogado del Estado y de los filtros establecidos, quedando el control en manos de los «amigos» nombrados digitalmente. Esto ha venido sucediendo repetidamente y ha sido denunciado en numerosas ocasiones.
Lo mismo sucede cuando el Gobierno privatiza los servicios públicos. Para ello se crea una empresa mercantil (Sociedad Anónima, Limitada o cualquiera otra figura) que ha de regirse por leyes mercantiles aunque su capital sea público en todo o en parte. Ni el Parlamento ni el Gobierno tienen control, de hecho, ni sobre estas empresas y mucho menos sobre los distintos cargos que la gobiernan. Todo queda en manos de la Consejería (o del Concejal) del que teóricamente depende. Estas empresas acaban teniendo vida propia y con el tiempo son las que gobiernan y prestan los servicios cómo y del modo que mejor les parece. Tampoco importa que tales servicios sean básicos.
Sin embargo, sí hay un gran control del gasto público, porque no parece haber límite para los recortes sociales, para la precariedad en el empleo, para las prestaciones, para las pensiones y para las privatizaciones de todos los sectores, hasta de los más inverosímiles. El Gobierno de Asturias dice que ahorra cuando privatiza servicios esenciales pero, olvida en cambio, controlar el propio gasto cuando elimina sin pestañear a toda la cadena de cargos de la Administración responsable de controlar la justificación y el destino del gasto de los presupuestos, de los concursos de aprovisionamiento y de las obras. Parece evidente que la contratación y adjudicación del aprovisionamiento del material de oficina y de papelería estaba sin control. Y es sorprendente que haya de ser una persona ajena, una juez, la que descubra toda la trama de los mencionados delitos. ¿Qué hacían y para donde miraban los auditorías internas y quiénes eran los funcionarios responsables de las adjudicaciones, control y demás procedimientos?
En estas circunstancias, con esta política y con este modelo de gestión, la pregunta inmediata es ¿sólo cinco están en la cárcel?
Nota:
(1) José Luis Iglesias Riopedre, renunció a la Consejería de Educación el pasado mes de agosto. Perteneció a la Orden religiosa de los Dominicos que abandonó, posteriormente trabajó en la enseñanza privada y se afilió al Partido Comunista, que abandonó para incorporarse al PSOE.
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