El proyecto sigue en marcha a pesar de la proteción ambiental de los terrenos decretada por el gobierno de Castilla-La Mancha
Ecologistas en Acción denuncia que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) continúan con el proceso de licenciamiento y las licitaciones para el Almacén Transistorio Centralizado de residuos nucleares (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), a pesar que el gobierno de Castilla-La Mancha ha conseguido la paralización legal del proyecto mediante la protección ambiental de los terrenos.
Debido a esta protección, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente no puede extender una Declaración de Impacto Ambiental positiva, sin la cual el Ministerio de Industria no puede a emitir una Autorización de Emplazamiento para el ATC.
Para Ecologistas en Acción no tiene sentido seguir licitando ni continuar con el proceso de licenciamiento del cementerio nuclear, a pesar de que exista un informe positivo del CSN. «Nos encontramos, por tanto, con el entierro de una ingente cantidad de fondos públicos, a sabiendas de que es seguro que el ATC no se va a construir en Villar de Cañas», asegura Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción.
417 millones en contratos
Enresa ha sacado a concurso contratos por valor de 417 millones de euros, de los cuales se han adjudicado 70 millones. De estos últimos, 36 millones han ido a parar a Iberinco, principal impulsora del proyecto del ATC de Villar de Cañas, en cuya Comisión Ejecutiva Delegada figura Ignacio López del Hierro, marido de la ex presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Tal y como apunta Castejón, «Enresa y el CSN están siguiendo con el ATC un proceso similar al de la central nuclear de Garoña. Se trata de avanzar en las licitaciones, con gasto de dinero público, y en el licenciamiento de la instalación, para hacer presión sobre el gobierno entrante». Por ello, el experto sentencia que un hipotético nuevo gobierno del país lo tendría muy difícil para detener un proyecto en el que se hayan gastado más de 400 millones de euros y que cuenta con informes favorables del CSN.
Por ello, Ecologistas en Acción solicita al CSN que detenga el licenciamiento del ATC, dado que se encuentra paralizado legalmente y pide a Enresa que cese de adquirir compromisos en un emplazamiento que está protegido legalmente.