Greenpeace advirtió este miércoles de que la incineración de residuos en España triplicará sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 –desde los 1,7 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas en 2007 por las diez plantas actuales–, debido a los planes de construcción de ocho nuevas incineradoras y la ampliación de cuatro. […]
Greenpeace advirtió este miércoles de que la incineración de residuos en España triplicará sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 –desde los 1,7 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas en 2007 por las diez plantas actuales–, debido a los planes de construcción de ocho nuevas incineradoras y la ampliación de cuatro.
En una rueda de prensa durante la que presentaron el informe estatal ‘Incineración de residuos: malos humos para el clima’, la entidad alertó de que esta tendencia contrasta con los objetivos de reducción a los que se aspira llegar en la cumbre mundial de Copenhague el próximo mes.
España se comprometió en el marco de Kyoto a aumentar sus emisiones respecto a 1990 en solo un 15 por ciento, si bien en 2007 las cifras acumuladas reflejaron que se había emitido un 52% más. Los datos avanzados por el Gobierno para 2008 reflejan una reducción del 8% respecto al año anterior.
En cualquier caso, los ecologistas señalaron hoy que la gestión de residuos y con ella la incineración –opuesta a lo que consideran una gestión sostenible que potencie la recuperación, reutilización y reciclaje– causa el 3% de emisiones globales en España.
El portavoz de Greenpeace, Julio Barea, criticó la intención del Gobierno de aumentar las emisiones de la incineración con la excusa de la «valorización energética» y la producción de electricidad en las plantas, si bien las diez incineradoras producen solo el 0,41 % del total español.
Un negocio redondo
Barea señaló que la instalación de incineradoras en España es hoy por hoy un «negocio redondo», ya que goza de ayudas fiscales, cobra 60 euros de las administraciones por cada tonelada que quema, cobra también por la electricidad «sucia» que genera y, en algunos casos, también vende parte de las cenizas y escorias que resultan del proceso.
Sin entrar en los «evidentes» riesgos para la salud que supone la incineración, Greenpeace pone el acento en su informe en la intención de aumentar este tipo de gestión de residuos, una estrategia contraria a la necesidad que fijan los científicos de no permitir que la temperatura suba dos grados centígrados anuales de media, mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto en un 40 % antes de 2020.
Además, Barea hizo hincapié en que un sistema que potencie el reciclaje supondría un ahorro de los 120 millones de euros que se queman actualmente –dos millones de toneladas incineradas a razón de 60 euros pagados por cada una– y, según sus cálculos, generaría 43.000 puestos de trabajo frente a los 1.000 empleados actuales de las diez incineradoras.
Los ecologistas alertaron también de que la construcción de ocho nuevas plantas y la ampliación de otras cuatro supondrá una inversión de 1.100 millones de euros que, añadidos a los 650 invertidos hasta el momento, serían una gran inversión para fomentar otros sistemas, como la recuperación de la materia orgánica o el fomento del reciclaje –que actualmente supone solo el 13,1 % de media en España–.
Además, precisaron que del volumen de toda la basura incinerada, alrededor del 20 % se queda en forma de cenizas y escorias, lo que evidencia que la quema no hace aparecer por completo los residuos y, en algunos casos, además genera restos «tóxicos» que deberían ser tratados de forma especial.
La portavoz de Greenpeace en Catalunya, Anna Rosa Martínez, recordó por su parte que el nuevo plan de gestión de residuos en el área metropolitana de Barcelona contempla la construcción de una nueva incineradora, si bien esta comunidad autónoma ya cuenta con cuatro de las diez incineradoras que hay en España.
El informe puede bajarse de http://www.greenpeace.org/