Llegando al final de la década que empezó en 2010 es inevitable echar la vista atrás para hacer balance de los avances y retrocesos que hemos conocido a nivel de las luchas sociales. En el caso del Estado español, la entrada de Podemos al Gobierno marca un epílogo definitivo de un ciclo político que comenzaría […]
Llegando al final de la década que empezó en 2010 es inevitable echar la vista atrás para hacer balance de los avances y retrocesos que hemos conocido a nivel de las luchas sociales. En el caso del Estado español, la entrada de Podemos al Gobierno marca un epílogo definitivo de un ciclo político que comenzaría con el 15M en 2011. Para algunas personas este acontecimiento es la consagración de lo que aquel movimiento expresó, es decir, la voluntad de hacer política de forma diferente en un contexto de crisis de régimen. Para otras, la formación de este nuevo gobierno constituye casi una un cierre en falso con respecto al impulso impugnador que se empezó a fraguar a partir de 2011. Entre todas las demás efemérides a las que puede dar una década convulsa como la que estamos cerrando, es inevitable el echar la vista cinco años atrás, al 25 de enero de 2015, día en el que salió elegido el gobierno de Syriza en Grecia, con Alexis Tsipras a la cabeza. Aquella llegada al poder (de la que ya nadie parece querer acordarse) marcó el punto álgido de la crisis política de la UE por causa de su gestión de la crisis, así como la posibilidad para las fuerzas progresistas en Europa (y en particular para Podemos) de poder aspirar algún día a construir la hegemonía en la izquierda con el objetivo de plantear una alternativa a la solución neoliberal de la crisis.
El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos es sin duda un hito en los 41 años que han pasado desde el final de la dictadura franquista. Constituye además la primera coalición progresista desde la II República. Sin embargo, más allá del hecho de ser un acontecimiento histórico, parece que el nuevo gobierno se percibe más con alivio por haber evitado un gobierno de las tres derechas que la esperanza en su capacidad real de llevar a cabo políticas de transformación. Y es que tanto la trayectoria histórica del PSOE, las reticencias mostradas este año para concluir un acuerdo de coalición con Unidas Podemos (hasta el resultado de las elecciones de 10 de noviembre) como los acuerdos concretos que figuran en el acuerdo de coalición (y que se sitúan por debajo de las expectativas planteadas por Unidas Podemos durante los últimos meses), no invitan a ser excesivamente optimistas.
En el documento de acuerdo, presentado el 30 de diciembre de 2019[1] reveló tanto las potencialidades como los límites que se imponía el nuevo gobierno en su capacidad de acción. Para la mayoría de medios de información nos encontramos ante un auténtico cambio de paradigma, que pondría fin a años de políticas neoliberales en favor de un programa socialdemócrata[2]. Sin embargo, un análisis más detallado del documento nos muestra que estas aspiraciones son más que limitadas. Se promete garantizar derechos como las pensiones o la ayuda a la dependencia, mientras que se asegura el «cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas»[3]. A título de ejemplo, en materia de lucha contra la precariedad laboral (uno de los ejes discursivos de los socios de la coalición) ya empiezan a emerger divergencias en la interpretación en el sentido de las políticas que deberían llevarse a cabo: mientras Unidas Podemos aboga por la derogación de la reforma laboral del 2012, desde el PSOE se defiende la necesidad de acabar con sus efectos más perniciosos y regresivos. Estaremos a la espera de ver el alcance de estas medidas, pero las reticencias ya expresadas, así como obviar la reforma laboral que aplicó el PSOE en 2010, indican que la variable trabajo no dejará de ser la principal rama por la que se ajuste para garantizar la «recuperación económica». Como explica Mikel de Lafuente, entre 2007 y 2017, la parte de los salarios en el PIB ha caído del 50 al 47%, prueba de cómo el capital se ha mantenido a costa de la reducción de recursos de la clase trabajadora[4].
Y es que el gran capital dice que no está para experimentos. En particular la UE, que ha jugado el papel de un poder tecnocrático que marcaba la senda del rigor, a pesar de no estar en su mejor momento, está lejos de querer ceder márgenes de maniobra. El PSOE, en su afán de cumplir con la política neoliberal promovida desde las instituciones europeas, nombró a Nadia Calviño (antigua Directora General del Presupuesto en la Comisión Europea) como vicepresidenta económica, lo que supuso toda una declaración de intenciones con visos de contrapeso con respecto a la integración de Unidas Podemos en el Gobierno. Nada más anunciarse el principio de acuerdo para una coalición progresista el 12 de noviembre, la UE mandó un mensaje claro reclamando al gobierno en funciones del PSOE que las cuentas presentadas hasta entonces no cumplían con los límites del gasto y que en consecuencia deberían recortarse en 8.000 millones de euros[5]. Esta tendencia se ha ido confirmando recientemente con el nombramiento de otros miembros del gobierno, como Arancha González ministra de exteriores (antigua alto cargo dentro de la OMC) o de José Luis Escrivá al frente del Ministerio de Seguridad Social, marcan un compromiso por parte del PSOE de asegurarse de que cumplen con las recetas neoliberales europeas. Esta política de fichajes ha sido defendida por el PSOE bajo la voluntad de construir un ejecutivo de «perfil económico»[6]. Un perfil económico del cual Podemos se ve claramente desplazado, en particular con la separación de Trabajo y Seguridad Social en carteras distintas.
El acuerdo de gobierno deberá además tener en cuenta los límites de gasto impuestos y que en el caso español se materializaron con la reforma en 2011 del artículo 135 de la Constitución Española. Este artículo, que recordemos que privilegia el reembolso de los pagos de la deuda por parte del Estado a cualquier otro gasto, actúa como un limitador de la capacidad de agencia política de cualquier gobierno, supeditándolo al capital financiero. Aunque la reforma tuvo lugar en 2011, se estableció una moratoria de 9 años, siendo este el primer ejercicio en el que se deberá aplicar con todas sus consecuencias[7]. Es decir, que los presupuestos van a tener que asumir el rigor de una norma en la que el déficit está prohibido. Este es el contexto en el que deberán formularse los presupuestos de este año (puesto que no han sido concretados como parte del acuerdo). Y aunque estos deberán negociarse con un espectro más amplio en el Congreso de los diputados, fruto de la aritmética de las alianzas actuales en el parlamento, la presión ante la parálisis y el fracaso de este gobierno (y la consecuente posibilidad de la llegada al poder de la derecha) favorecen en primer lugar al PSOE.
Si tomamos el punto de vista de una escala europea, la formación de una coalición progresista parece un espécimen raro a la luz de la evolución general de los gobiernos de los países miembros de la UE. Un contexto marcado por una crisis de la propia UE ante la cual la izquierda ha sido incapaz de plantear una alternativa dispuesta a articular una correlación de fuerzas suficiente (en particular desde el desastre de la experiencia griega). Como veníamos señalando tras las elecciones europeas[8], nos encontramos ante, por una parte, una recomposición de los bloques políticos históricos en crisis (de derecha e izquierda) en torno a un objetivo de gobernabilidad. Este espacio de la gobernabilidad en torno al extremo centro ha vivido su último episodio en la coalición de gobierno establecida en Austria entre la derecha y el partido verde. A la izquierda que se situaba al margen de la socialdemocracia pero que no optaba por una impugnación más o menos frontal de los marcos existentes le ha tocado afiliarse en su medida a este bloque de la gobernabilidad con el objetivo de no desaparecer. Por otro lado, asistimos a una derechización apabullante del espectro político, siendo la extrema derecha quien posee ahora mismo la mayor capacidad de marcar la agenda política.
En el caso español este espacio se ha fragmentado por la forma en la que la crisis de régimen ha afectado al Partido Popular. La emergencia de Vox, fruto de esta crisis, lo ha está empujando hacia la ultraderecha. De forma tan hábil como previsible, la emergencia de esta extrema derecha ha sido utilizada por el PSOE para poder situarse en el bloque de la izquierda a la vez que para estrechar su espacio político. Unidas Podemos se ha visto drenado (y se ha dejado drenar) en esta reorganización de los espacios políticos que está teniendo lugar en Europa, cediendo una gran parte (o casi toda) su autonomía con respecto al PSOE. La coalición liderada por Podemos no ha cesado en querer demostrar su valía como socio de gobierno del PSOE, presentándose no solo como un actor inevitable para la gobernabilidad, sino como un socio preferente para asumir el gobierno. La reducción del horizonte de posibilidades que se ha propuesto Podemos es un elemento particularmente preocupante, ya que escribe las últimas páginas de un espacio político cuyo origen se encontraba precisamente en la impugnación del régimen del 78 y con ello también del PSOE, uno de sus principales actores.
De forma paralela a esta reorganización de los espacios políticos, fruto de la acumulación de crisis que están viviendo las sociedades europeas, empiezan a sonar nuevas voces de alarma sobre la posibilidad de una nueva crisis. El Banco Mundial ya ha advertido que los niveles de endeudamiento siguen siendo extremadamente altos y que puede tener graves consecuencias de cara a una crisis[9]. En el Estado español estos niveles de deuda agregada (aquella que contiene la deuda del Estado, empresas e individuos) se sitúan en el 240% del PIB. La aplicación del artículo 135 de la CE impone un límite de la deuda del 60% del PIB (actualmente es del 96,57%), es decir un recorte de medio billón de euros[10]. Y aunque algunos medios se feliciten del ligero descenso de la deuda privada[11], este fenómeno tiene más que ver con la escasa rentabilidad que ofrece la economía no financiera con respecto a inversiones financieras. De hecho, las masivas inyecciones de liquidez operadas por el BCE tienden acentuar los riesgos de burbujas especulativas que conduzcan el conjunto de las economías de nuevo al abismo. Por otro lado, la banca ha acometido grandes operaciones de venta de activos tóxicos, siguiendo las líneas maestras propuestas por el BCE, que buscan proteger al gran capital frente a una nueva crisis. Mientras tanto, las reformas antisociales acometidas durante los últimos 10 años han desprotegido fuertemente a la población frente a los vaivenes económicos. El conjunto de estos elementos no es únicamente por dar una imagen del contexto en el que se forma este nuevo gobierno, sino para recordar que cristalizan las principales relaciones de poder en Europa en la actualidad. Y en esta defensa el mecanismo de la deuda juega un papel central (como ocurriría a partir de 2008 en el caso español). Frente a un escenario de este tipo, el capital lleva varios pasos de ventaja en la defensa de sus intereses.
En la entrevista realizada el 7 de enero para eldiario.es[12] y titulada «No nos vamos a olvidar de dónde venimos», Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Asuntos Sociales y horizonte 2030, sintetizaba las perspectivas de su partido con el nuevo gobierno de coalición. Así, explicó como un aprendizaje táctico el hecho de haber comprendido la necesidad de ir adaptando el discurso de Podemos a la defensa de la Constitución Española. En un contexto de crisis económica y social y de derechización del espectro político, resultaría más pertinente defender el marco constitucional, «en particular aquellos artículos impulsados por el PCE», que el de apostar por horizontes constituyentes. Más adelante, en la misma entrevista, Iglesias asumía que existen límites claros para la acción política del gobierno a sabiendas de que las normas de restricción del gasto no se iban a poder superar. Un testimonio que refleja nítidamente la evolución de la orientación política de Podemos conforme la hipótesis de entrar en un gobierno (a toda costa) fue ganando terreno. Sin embargo, son dos afirmaciones que resultan difíciles de casar. Por una parte, se defiende una política patriótica de izquierdas, mientras que por el otro lado se asume que la capacidad de agencia política de un gobierno soberano de un país, elegido según cauces representativos de la democracia parlamentaria, depende de reglas que garantizan el retorno de las inversiones de los grandes capitales. En el caso que estamos tratando, la deuda agregada, en el marco jurídico actual, será utilizada por el capital financiero para extorsionar de nuevo a la población española. La ilusión de conjugar el Sí se puede con el There Is No Alternative (acuñado por Margaret Thatcher en los años 80), planteando que puede haber una coexistencia entre ambos no va a poder mantenerse de forma indefinida. Mientras UP intenta generar una política diferente sin hacer frente al marco jurídico impuesto por el neoliberalismo, los enfrentamientos en la calle con las políticas neoliberales, así como en el seno mismo del ejecutivo no tardarán en aparecer. Ante un escenario de este tipo, ¿qué papel va a querer jugar Unidas Podemos?
La evolución que ha vivido Unidas Podemos como espacio político, cada vez más dependiente de la necesidad de demostrar su capacidad de gobernar, plantea dudas razonables sobre su capacidad de articular la correlación de fuerzas necesaria para que se apliquen políticas progresistas en lo económico y social. En 5 años, ha pasado de ser una fuerza política que ejemplificaba la crisis política y que abría horizontes hacia la posibilidad de un proceso constituyente que permitiese redefinir los parámetros desde una perspectiva genuinamente democrática, a aspirar a ser una fuerza que permita condicionar al PSOE hacia su izquierda. De ser una expresión desde debajo de la crisis de régimen, nos encontramos ahora con una fuerza política que propone un cierre de esta crisis por la izquierda, pero sin la aspiración a que se apliquen cambios estructurales. Tras el fracaso de la experiencia griega[13] en 2015 con la capitulación del gobierno de Tsipras, quedó de manifiesto que, frente a la apisonadora que supone la política neoliberal de la Troika, cualquier política de conciliación no tendrá mucho recorrido si no se ve acompañada de un plan serio de desobediencia. Si no, será mantener una artificial esperanza de poder obtener márgenes de maniobra para llevar a cabo políticas de transformación. De forma paralela, la oposición al gobierno de las tres derechas ha dejado claro que no va a parar de ensuciar el debate político con tal de hacerle daño, situándose claramente en una retórica golpista y que alienta al enfrentamiento. Sin duda alguna, éstas también aprovecharán cualquier ataque de las instituciones europeas para debilitar al gobierno. Esperemos que Unidas Podemos no quede atrapado en cualquier ataque por parte de las instituciones que será igualmente aprovechado por estas derechas para debilitar al gobierno. El mantenimiento por parte de UP de una autonomía con respecto al PSOE será fundamental no sólo para asegurarse un resultado aceptable en las próximas elecciones, sino ante todo para no verse completamente arrastrado como un consumible en el proceso de renovación del PSOE.
Esta autonomía no parte únicamente de la buena voluntad de la cúpula de Unidas Podemos, sino que dependerá de la correlación de fuerzas real que exista en la sociedad y en particular de las movilizaciones sociales. Numerosas voces desde Unidas Podemos han recalcado la importancia que van a tener las movilizaciones durante esta legislatura (inclusive Pablo Iglesias hizo mención en su toma de posesión a las y los pensionistas y a los sindicatos de inquilinos). El punto de tensión no radicará pues en el reconocimiento de la importancia de estos movimientos, sino en la relación que se mantenga con ellos desde las instituciones. De poder ser un agente estructurante de la sociedad civil que sirviese para impulsar las movilizaciones sociales, la dirección de Podemos prefirió que la organización se centrase en la política institucional, bajo la famosa estrategia de la máquina de guerra electoral. Si bien es cierto que UP se presenta a menudo como el altavoz de los movimientos, es importante que no caiga en pretensiones de jerarquización, donde los movimientos se tengan que supeditar al trabajo institucional. El drenar y reducir la lucha de clases a su aspecto parlamentario sería tan peligroso y pretencioso como el afirmar que cinco ministras y ministros son capaces de representar los intereses de toda una clase.
Notas:
[1] https://elpais.com/politica/2019/12/30/actualidad/1577717188_495072.html
[3] Acuerdo de gobierno: punto 10.7
[4] https://vientosur.info/spip.php?article15480
[6] https://elpais.com/politica/2020/01/10/actualidad/1578660599_300684.html
[8] https://vientosur.info/spip.php?article14895
[9] https://www.theguardian.com/business/2020/jan/08/world-bank-global-debt-crisis-borrowing-build-up
[11] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/26/economia/1577379691_445840.html
[12] https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Iglesias-vamos-olvidar-venimos_0_982002194.html
[13] http://www.cadtm.org/Propuestas-de-Varoufakis-que
Mats Lucia Bayer es miembro del CADTM.