Los Ayuntamientos de León, Cuenca, Guadalajara y Avilés se unen a la privatización de la gestión del agua con excusas tan peregrinas como «falta de liquidez» o «profesionalizar el servicio». El vecindario se organiza en plataformas para protestar. Como un gran aguacero, las privatizaciones del recurso hídrico se esparcen de forma abundante por toda la […]
Los Ayuntamientos de León, Cuenca, Guadalajara y Avilés se unen a la privatización de la gestión del agua con excusas tan peregrinas como «falta de liquidez» o «profesionalizar el servicio». El vecindario se organiza en plataformas para protestar.
Como un gran aguacero, las privatizaciones del recurso hídrico se esparcen de forma abundante por toda la superficie de la península. Ahora es el turno de León, Cuenca, Guadalajara y Avilés (Asturias). Los ayuntamientos de las cuatro ciudades han decidido seguir el modelo de la Comunidad de Madrid y proponen una privatización parcial de la gestión del agua.
«Venden el 49% a la empresa privada y se quedan con el 51%. Una fórmula que se ha utilizado infinidad de veces para hacernos creer que el servicio sigue siendo municipal. Pero no es así, es una forma encubierta de privatizar; la empresa privada paga por tener el control», resume Mª Ángeles Murciego, de la Plataforma contra la Privatización del Agua en León.
A las personas afectadas por esta decisión les preocupa el precio del agua, que consideran aumentará considerablemente, además del posible agotamiento de recurso derivado de una gestión que no tendrá en cuenta las programas de ahorro y sensibilización para fomentar un uso adecuado. Y, por ello, en todas las ciudades antes citadas el vecindario ha creado plataformas para oponerse a la medida. «Estas maniobras obedecen al modelo global que impone la Unión Europea. Pero están llegando tarde, la ciudadanía está reaccionando, pues advierten esto como una amenaza a su calidad de vida», relata Murciego.
En León, la Plataforma en contra de la Privatización del Agua consiguió reunir a más de 2.000 personas el pasado día 6 de febrero, en una capital con poca tradición a manifestarse. «Antes nadie firmaba una hoja, ahora hay colas en las mesas de firmas», explica la portavoz de la Plataforma, quien no entiende por qué el alcalde justifica el cambio de modelo de gestión con la mejora en la calidad del servicio. Según un estudio de la Organización de Consumidores (OCU) de marzo de 2006, León presenta una de las mejores gestiones, siendo la capital de provincia más barata en el suministro. «Nos situamos muy cerca de grandes embalses con sistemas avanzados de depuración de aguas», prosigue Murciego. Sin embargo, el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE en coalición con la Unión del Pueblo Leonés (UPL), insiste en que es necesario privatizar.
Las excusas de Cuenca
Los ciudadanos conquenses también se han puesto en pie de guerra contra la decisión del Ayuntamiento. En este caso, la Plataforma en contra de la privatización, creada el pasado 26 de enero, ha recabado un total de 45 adhesiones entre colectivos y particulares. En Cuenca, la excusa es la falta de liquidez del Ayuntamiento, gobernado por el PP. Pero los ciudadanos en contra de la medida insisten en que «la privatización de los servicios públicos no puede servir para aliviar las malas gestiones económicas de los ayuntamientos». Además apuntan que esta decisión, «en la actual situación de crisis, perjudicará especialmente a las economías más débiles».
En Guadalajara, el pasado 14 de marzo se acabó el plazo impuesto por el Ayuntamiento para privatizar el servicio de aguas, pese a que se recabaron 12.000 firmas de ciudadanos en contra. El consistorio, gobernado por el PP, propuso el cambio de gestión para reparar las pérdidas de agua en las conducciones, que consideraban del 40%. La propia Junta de Personal del Ayuntamiento explicaba en un escrito público que «el Servicio Municipal de Aguas es eficaz pues nunca ha recibido queja alguna por parte de los ciudadanos». Sin embargo, el Ayuntamiento lanzó la campaña publicitaria «Por una gestión profesional del agua», que aportaba argumentos en favor de la privatización, con un coste que el PSOE cifraba en 100.000 euros.
Por su parte, los vecinos de Avilés (Asturias) han conseguido crear una de las Plataformas contra la privatización del agua más activas de la península. De hecho, en un municipio de no más de 85.000 habitantes, han conseguido recabar casi 20.000 firmas para exigir que la gestión del agua se decida por referéndum. El pasado 9 de marzo, el presidente de la Plataforma, Alejandro Cueli, sugería la posibilidad de recurrir a los tribunales si no se realiza la consulta pública. Todo después de que un concejal del PSOE, partido que gobierna el municipio, comparara las demandas de referéndum con los métodos de Batasuna.