Si las federaciones empresariales siguieran la lógica del contralmirante Harris, comandante del campo de concentración de Guantánamo [quien ayer consideró los suicidios como «actos de guerra«], podrían concluir que las muertes de trabajadores por accidentes laborales constituyen un simple sabotaje deliberado a la producción. Los argumentos de Harris no son novedosos. Tiempo atrás, ante la […]
Si las federaciones empresariales siguieran la lógica del contralmirante Harris, comandante del campo de concentración de Guantánamo [quien ayer consideró los suicidios como «actos de guerra«], podrían concluir que las muertes de trabajadores por accidentes laborales constituyen un simple sabotaje deliberado a la producción.
Los argumentos de Harris no son novedosos. Tiempo atrás, ante la extensión que alcanzaban las huelgas de hambre de los prisioneros, que terminaron siendo alimentados por la fuerza, maniatados y entubados, los mandos del centro de detención de la base de Guantánamo aseguraron que los detenidos sólo intentaban «llamar la atención de la opinión pública mundial siguiendo instrucciones de Al Qaeda». Los más de 200 prisioneros que han logrado ser liberados de Guantánamo, sin cargo ni disculpa alguna tras años de cautiverio, han descrito las más aberrantes humillaciones sexuales y religiosas padecidas, las torturas y los constantes intentos de suicidio que se producen periódicamente. Los 780 prisioneros de 40 nacionalidades diferentes que han pasado por ese centro desde enero de 2002 hasta la fecha, carecen de todo tipo de derecho. Buena parte de ellos no fueron ni siquieran identificados hasta que así lo obligó pocos meses atrás la Justicia de EEUU; no pueden ser visitados por sus familias ni tienen otro abogado [militar] que el de oficio que les fue asignado por un tribunal militar, sometidos a una farsa de juicio en el que el detenido no conoce el propio sumario por cuestiones de seguridad.
Con años de retraso, el Parlamento Europeo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y distintos líderes europeos han empezado a reclamar el cierre de Guantánamo. La respuesta, tanto de Condoleezza Rice como del propio George W. Bush ha reflejado el mismo cinismo que frente a las acusaciones de la tortura en Abu Ghraib y en tantos otros lugares de Irak y Afganistán, o ante las matanzas de Haditha, Faluya y otras, o los ya tristemente conocidos vuelos de la CIA. Bush y Rice nos dicen: «nos gustaría cerrar Guantánamo y repatriar a los prisioneros, pero son terroristas peligrosos y no podemos dejarlos sueltos; debemos esperar a que el Tribunal Supremo decida qué hay que hacer con ellos». Bush y Rice no dicen, sin embargo, algunas cosas: que los prisioneros liberados con cuentagotas, muchos de ellos ancianos campesinos, otros adolescentes, también estaban catalogados como «peligrosos terroristas», al igual que otros que terminarán saliendo poco a poco… si no se suicidan antes. Tampoco dice Bush que fue él quien el 13 de noviembre de 2001 emitía una Orden Militar titulada Detención, Tratamiento y Juicio de ciertos no ciudadanos en la Guerra contra el Terrorismo, por la cual reinstauró, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial los tribunales militares para aquellos detenidos, en EEUU o en el extranjero, que no sean de nacionalidad estadounidense y que estén o hayan estado vinculados de alguna forma a Al Qaeda y/o hayan ayudado a cometer atentados contra ciudadanos o intereses norteamericanos.
De acuerdo a esa Orden Militar, tales detenidos, entre los que se incluyó también a los talibán, son considerados combatientes enemigos, y a los que no se les reconoce con derecho a acogerse al estatuto de prisionero de Guerra, tal como establece la IIIª Convención de Ginebra. A partir de esa decisión unilateral, EEUU encontraría la fórmula vale todo para sus tropas, agentes de la CIA y sus miles de mercenarios a sueldo del Pentágono. Luz verde para torturar, luz verde para secuestrar en cualquier parte del mundo y blindaje legal, impunidad total ante los tribunales federales y la Corte Penal Internacional. No basta pedir el cierre de Guantánamo, sino también que se libere o se juzgue a los prisioneros con todas las garantías ante los tribunales federales normales.
La ONU y todos los países aliados de EEUU en Afganistán en particular, entre ellos España, tienen una especial responsabilidad, dado que han permanecido mudos y ciegos cuando el Pentágono decidió unilateralmente trasladar desde ese país a cientos de prisioneros al infierno caribeño, como no han alzado su voz tampoco ante Abu Ghraib o los vuelos de la CIA.