Un gobierno ambidiestro España es el país de la Unión Europea (UE) en el que más ha empeorado la productividad en los últimos años. Desde 1995 hasta hoy, la productividad ha crecido en promedio un escaso 0,5% en nuestro país, frente al 1,2% que lo ha hecho en la UE. La productividad representa una relación […]
España es el país de la Unión Europea (UE) en el que más ha empeorado la productividad en los últimos años. Desde 1995 hasta hoy, la productividad ha crecido en promedio un escaso 0,5% en nuestro país, frente al 1,2% que lo ha hecho en la UE.
La productividad representa una relación entre los factores utilizados en el proceso productivo y el producto que generan. Por ejemplo, la productividad del trabajo se mide normalmente como la producción anual por persona ocupada, o la producción trabajador-hora, e intuitivamente, la mejora de la productividad significa que podemos obtener el mismo producto con una cantidad menor de trabajo.
Los economistas han intentado, secularmente, analizar las razones de las diferentes tasas de crecimiento de la productividad en distintos países, y la tarea no es fácil porque son muchas las variables que influyen en aquella y su medición suscita problemas de valoración y de homogenización en términos monetarios. No obstante, desde el punto de vista de la economía política, las mediciones de la productividad sirven para dirigir la atención a factores como la tecnología, el mercado laboral, el capital utilizado o las propias instituciones económicas. La productividad se convierte en una medida de eficiencia económica, y son los aumentos de productividad los que hacen posible el crecimiento de la renta por habitante.
En nuestro país existe cierto consenso sobre las deficiencias de nuestra economía y la mejora de la productividad aparece como condición necesaria para sostener a medio plazo el crecimiento, para que el pulso de la demanda se traslade a incrementar la producción y no los precios, cuestión ésta fundamental en una zona monetaria como la que conforma el área del euro. Lo más importante es que las ganancias en eficiencia productiva, el aumento de la productividad, es la alternativa a buscar ventajas comparativas en costes del factor trabajo, precarizando las condiciones laborales y evitando el avance del poder adquisitivo de los salarios, y para ello hay que mejorar la formación y el capital tecnológico, la inversión productiva, y la calidad del empleo.
La elevada precariedad del mercado de trabajo en nuestro país, que casi triplica la media de la UE, es una de las causas fundamentales de la baja productividad y también de la negativa evolución de los salarios reales. La excesiva utilización del contrato temporal discrimina salarialmente a los trabajadores empleados en los sectores de menor valor añadido, y buena parte del empleo que se crea se concentra en esos sectores (construcción y ciertos servicios). Las empresas que más invierten e introducen mejoras en los procesos productivos son las que contratan empleo de forma estable.
En paralelo, según Eurostat, los trabajadores españoles están entre los que más trabajan de la UE, casi dos horas más al mes que la media comunitaria. Sólo nos superan los países del Este y Grecia. Además, según la oficina estadística de la UE, cerca de la mitad de los asalariados de nuestro país realiza horas extraordinarias, si bien el 50% de ellos no recibe compensación económica. Aunque resulte chocante, seguramente todavía se oirán voces de «expertos económicos» que receten aumentar el número de horas trabajadas para elevar la productividad.
La precariedad laboral y la moderación salarial alimentan el crecimiento de los resultados empresariales, pero buena parte de la elevada rentabilidad empresarial de los últimos años se nutre del proceso inflacionista y no de ganancias en eficiencia productiva. Y vuelta a empezar.
El nivel de la productividad del trabajo es un índice importante del carácter progresivo de un modo de producción. Claro está que, en una economía de mercado, el capital puede aprovechar el incremento de la productividad para aumentar sus ganancias, pero también puede hacerlo en condiciones mucho más desfavorables para la clase trabajadora.
Como quiera que la anarquía de la producción capitalista goza de buena salud, y tenemos economía de mercado para rato, solo aumentando la productividad se podrán generar condiciones para avanzar socialmente. El debate ha de centrarse en cómo se consigue incrementar la productividad, sin perjudicar al empleo, y el papel que se reserva a las iniciativas públicas para hacerlo.
Hay que recordar que el Gobierno, a principios de la actual Legislatura, apostó por un modelo de crecimiento basado en la productividad. Sin negar la complejidad de la cuestión y reconociendo el hecho de que muchas de las medidas precisas necesitan periodos relativamente largos de maduración, lo cierto es que si la economía española consigue aumentar su productividad se generarían condiciones favorables para corregir parte de las debilidades estructurales de nuestra economía (diferencial de inflación, deterioro del saldo exterior,…) crear empleo de calidad y completar un periodo de convergencia real, sobre todo en materia de protección social, con las economías más avanzadas de la UE.
Como ya comentamos, el debate puede centrarse en cómo se consigue aumentar la productividad sin perjudicar al empleo, y el papel que se reserva a las iniciativas públicas en esta materia.
Para mejorar la productividad es preciso aumentar la inversión productiva empresarial, pero también lo es potenciar el gasto público en infraestructuras, investigación y desarrollo y en formación y educación de los trabajadores y ciudadanos, reducir la temporalidad en el empleo y potenciar la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales.
El papel de lo público es fundamental y lo sensato sería avanzar en un mayor esfuerzo en el gasto público para mejorar la productividad. Por el contrario en los últimos años se han presentado diversos paquetes liberalizadores y desreguladores cuyo impacto sobre esta variable a la vista está.
De esta forma sería necesario una estrategia industrial orientada a mejorar nuestro tejido productivo potenciando aquellos factores que a medio plazo aseguren un mayor valor añadido a la producción, superando el modelo actual basado en bajos costes laborales, precariedad, escasa cualificación y poca inversión en I+D+i, que todo parece indicar que ya no es sostenible en nuestro país.
La reducción de la precariedad laboral, la aplicación de una política efectiva en la prevención de riesgos laborales, el asegurar el poder adquisitivo de los salarios con la extensión de cláusulas de revisión salarial para aquellos colectivos y sectores en donde todavía no se aplique, y la extensión de la democracia económica en las empresas favoreciendo la participación de los trabajadores en la gestión del excedente empresarial, todo ello permitiría asegurar recursos técnicos suficientes para poder dirigirlos a inversiones productivas generadoras de empleo y a políticas de investigación y desarrollo que favorecerían los aumentos de productividad en las empresas.
Pero además, habría que mencionar un punto importante, no solo desde el punto de vista de la eficiencia económica, sino también desde el punto de vista ambiental, es necesario la puesta en marcha de un verdadero plan de ahorro energético que reduzca el volumen de nuestras importaciones y potencie el desarrollo de las energías alternativas, haciéndonos al tiempo más independientes energéticamente y menos dependientes de los vaivenes del precio del crudo, pudiendo además, de esta forma, controlar más una de nuestras debilidades estructurales de nuestra economía y que afecta directamente a nuestra capacidad exportadora como es el diferencial de inflación.
Concluyendo, ante los posibles tiempos difíciles que puedan llegar derivados del agotamiento del patrón de crecimiento de nuestra economía, se deben adoptar las medidas precisas para propiciar un cambio productivo e industrial, de forma que los potenciales ajustes macroeconómicos no se dirijan hacia el conjunto de asalariados, debiéndose trabajar en la dirección de conseguir la participación de éstos en las decisiones empresariales que afectan a la inversión y al empleo.