Flora Rodríguez Santillán fue despedida del supermercado en el que trabajó durante cinco años, porque la «tarjeta verde» que documenta su condición de residente legal permanente de Estados Unidos está atrapado en una maraña burocrática
«Iba a ser ascendida, pero perdí el empleo y el beneficio del servicio médico porque no tenía pruebas de que yo estaba autorizada a trabajar», dijo.
Rodríguez es una entre miles de inmigrantes reconocidos como residentes legales permanentes (o LPR, por las siglas en inglés) pero que, por falta de un papel que los acredite como tales, no pueden trabajar, cursar estudios ni visitar a familiares en el exterior.
El organismo que les ha negado la «tarjeta verde» o algún papel provisorio con la misma función es el Departamento de Seguridad Interior, explicó Javier Maldonado, director ejecutivo del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley de Texas.
Ese Departamento, oficina de rango ministerial creada por el gobierno de George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre de 2003, es acusado en una demanda entablada por el Comité y el bufete de abogados Cooley Godward, de California.
La querella presentada en un tribunal de San Francisco por 10 inmigrantes de distinta procedencia y de diversos lugares de residencia incluye entre sus demandados al secretario de Justicia (fiscal general) John Ashcroft y al secretario de Seguridad Interior, Tom Ridge.
Los funcionarios son acusados de omitir la obligación de entregar a los LPR la «tarjeta verde» («green card») que establece su estatus.
A miles de inmigrantes se les concede cada año el estatuto de LPR durante el proceso de deportación, como a los demandantes en el caso «Santillán y otros contra Ascroft y otros».
Pero, sin documentos que acrediten esa condición, algunos miles son incapaces de ejercer los derechos que un juez o tribunal les acaba de reconocer.
«Hay una desconexión entre el momento en que logran el estatus de LPR y el momento en que reciben la prueba de esa condición», dijo Martín Acevedo, director asociado del Comité de Abogados de Texas.
El periodo de espera por la documentación oscila entre tres y más de 18 meses, sostuvo Acevedo.
Rodríguez Santillán, nativa de México, ha vivido en Estados Unidos por casi 20 años. El 19 de mayo de 2003, un juez de San Francisco le reconoció estatus de LPR, pero hasta ahora no ha recibido la documentación respectiva.
No es extraño que inmigrantes vivan sin documentos en Estados Unidos por periodos extensos de tiempo antes de que las autoridades los atrapen.
Durante el periodo en que esperan por sus papeles, los LPR «carecen de documentos que los distingan de los extranjeros indocumentados», dijo Michelle Rhyu, abogada del bufete Cooley Godward, que está a cargo de la demanda sin cobrar honorario alguno.
Sin ese documento, a los LPR se les impide recibir autorización para trabajar, licencia de conducir y un carné de seguridad social con plenos beneficios, así como asistir a centros de educación estatales, explicó Rhyu.
Se trata de un problema de escala nacional, que afecta a inmigrantes de toda procedencia o grupo étnico. Según Maldonado, en el año fiscal 2003 se le concedió estatus de LPR a 10.0000 personas, y miles entre ellas aún esperan por los papeles.
El director de servicios legales de la Coalición para la Inmigración de Nueva York dijo que el problema se agravó desde que en 2003 se dividió la responsabilidad en la materia entre tres reparticiones del Departamento de Seguridad Interior.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, la oficina de Aplicación Migratoria y Aduanera y la de Protección Aduanera y Fronteriza «tienen todas una función que cumplir en emisión del documento, y el tránsito de archivos entre ellas no es eficaz», advirtió Smulian
El demandante Ziber Ismaili, natural de Macedonia, vive en el estado de Wisconsin con su esposa y su hijastra, ambas ciudadanas estadounidenses.
Ismaili no obtuvo aún la tarjeta verde, aunque, al igual que Rodríguez Santillán realizó numerosos pedidos desde que se le concedió estatus de LPR en julio de 2003. Por esa causa, no puede visitar en Macedonia a su hija de 10 años ni a su madre anciana y enferma, a la que no ve hace ocho años.
La querella fue presentada por 10 personas de todo el territorio de Estados Unidos. Un fallo favorable permitiría a miles de personas reducir el tiempo de espera de sus papeles a 14 días, dijo Rhyu.
Los demandantes pidieron al Departamento de Seguridad Interior que suministren documentación temporaria que demuestre el estatus legal de su residencia mientras esperan la «tarjeta verde», el documento de carácter permanente.
«Ya pasaron por todos los controles de seguridad y cumplieron los requisitos legales. Todo lo que queda es que se les entregue un pedazo de papel», explicó Maldonado.
Rhyu afirmó que los demandantes tienen ahora aun menos derechos que antes de que se les reconociera la condición de LPR, pues entonces se les entregaba una autorización temporaria de empleo y documentos para viajar.
Rodríguez Santillán, por ejemplo, contaba con una autorización de empleo, que expiró en agosto de 2003. Pero en su carácter de LPR sin documento, no pudo ampliar el periodo de autorización.
El único documento con que cuentan los querellantes es una copia de la orden del juez de migración que les reconoció el estatus de LPR. Pero como se trata de una copia en carbónico de de un formulario que carece de fotografías, «no parece muy oficial» y «los empleadores, rutinariamente, no lo aceptan», indicó Rhyu.
La demandante Anita Lasbrey, natural de Nigeria que vive en Nueva York, es LPR desde el 7 de julio de 2003. El papel del juzgado ha sido insuficiente para obtener la tarjeta de seguridad social, según el organismo oficial correspondiente.
Si obtiene el documento que acredite su condición de residente legal, Lasbrey podrá visitar en Nigeria a sus cinco hermanos, a quienes no ve hace 16 años. (FIN/2004)