Hace algo más de un año que el Gobierno Central aprobó el Decreto Ley 16/2012 que retira la tarjeta sanitaria a, según cifras gubernamentales, 875.000 personas inmigrantes en situación considerada «irregular» (sin permiso de trabajo y residencia). Esta medida, adoptada en plena época de recortes sanitarios y «copagos» farmacéuticos, supone en la práctica que los […]
Hace algo más de un año que el Gobierno Central aprobó el Decreto Ley 16/2012 que retira la tarjeta sanitaria a, según cifras gubernamentales, 875.000 personas inmigrantes en situación considerada «irregular» (sin permiso de trabajo y residencia). Esta medida, adoptada en plena época de recortes sanitarios y «copagos» farmacéuticos, supone en la práctica que los inmigrantes «sin papeles» tengan que pagar por la atención sanitaria que se les preste siempre que no sea en urgencias.
Desde el punto de vista clínico, la retirada de la tarjeta sanitaria lleva a efectos perniciosos. El hecho de que un inmigrante «sin papeles» no disponga de médico de cabecera (o no pueda pagar la factura por la atención en el ambulatorio o el hospital) implica una falta de control en la atención al enfermo y que éste no tenga derecho a la medicación gratuita que se proporciona en el centro sanitario. Los casos más graves, según denuncia la organización Médicos del Mundo, se han producido en enfermos de VIH, personas transplantadas y aquejados de diabetes, que requieren una atención médica no urgente pero sí continuada, así como medicación específica.
A ello se agregan otros riesgos. El hecho de no tratar a tiempo (en el centro sanitario) enfermedades como la tuberculosis y esperar a la atención de urgencias, puede suponer que el foco se expanda y, además de agravarse el estado del enfermo, se produzca un contagio a otras personas. Además, si el fin del Decreto es reducir el gasto sanitario, especialistas consultados aseguran que esto no se consigue dificultando el acceso a la atención no urgente, ya que una posterior atención en urgencias (por ejemplo, de una enfermedad no tratada a tiempo) resulta más onerosa.
Pero lo más grave es el efecto disuasorio que tiene el Real Decreto: la autoexclusión de pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria. Porque no se la pueden pagar o por carecer de información adecuada. «Es el caso más peligroso y frecuente -insiste el presidente de Médicos del Mundo en Valencia, Rafael Sotoca-; ante la incertidumbre generada, la persona inmigrante se queda en casa».
Cuando las personas inmigrantes resuelven ir al centro sanitario, entran en contacto únicamente con el personal administrativo, que les solicita la tarjeta sanitaria. El funcionario actúa de «filtro» y es quien decide si se requiere o no un tratamiento de urgencias. Se trata, en la práctica, de una «barrera» administrativa al derecho a la salud. Incluso dentro de un mismo centro, dependerá del empleado público que a uno le toque en suerte, si se le dan o no facilidades para recibir atención en urgencias (hay funcionarios «sensibilizados» con la injusticia que supone el Real Decreto; otros sólo conocen superficialmente el mismo; y otros se dejan llevar por prejuicios raciales).
Desde la entrada en vigor del Decreto, un movimiento de facultativos ha declarado la objeción de conciencia al mismo. Como Silvia Vega, médica de atención primaria en el Centro de Salud de Camp Redó (Palma de Mallorca). Ha objetado porque considera el Real Decreto «una inmoralidad que atenta contra los derechos humanos y mi conciencia». En su trabajo no ha tenido que atender a muchos inmigrantes «sin papeles» porque «desgraciadamente, la Administración ha logrado su objetivo y muchas de estas personas ya ni se acercan a los servicios sanitarios». Si lo hacen, añade, «tienen el obstáculo del personal administrativo que, al menos en el entorno que conozco, sigue las órdenes de la dirección».
Según la experiencia de la doctora, «cuando tienes a un paciente enfrente, resulta muy difícil sortear los frenos que ha impuesto la Administración; lo más sencillo es atenderlo, pero conseguir la medicación -sobre todo, si esta es cara- resulta mucho más complicado; y realizar una exploración complementaria o derivarlos a un especialista, sólo puede hacerse con la ayuda de otros compañeros». También critica las «falsedades» que se cuentan: «antes incluso de que entrara en vigor el Decreto, se intentaban cobrar las visitas urgentes y de hecho se llegaron a cobrar».
En el País Valenciano, 50 ONG, colectivos profesionales y entidades cívicas han constituido el Observatorio del Derecho Universal a la Salud que ha documentado (de manera no sistemática) 400 casos en los que se ha vulnerado el derecho a la atención sanitaria (sólo en el País Valenciano), es decir, personas que no han recibido atención, se les ha cobrado por la misma o han tenido dificultades de acceso a los medicamentos.
También se han constituido grupos de acompañamiento a los inmigrantes en todo el estado, muchos de ellos surgidos al calor de la plataforma «Yo sí, Sanidad Universal». Estos grupos de voluntarios caminan junto a los inmigrantes a los centros de salud, les informan de sus derechos, del contenido del Real Decreto 16/2012 y muchas veces hacen de traductores. Abril Millán, que colabora en uno de los grupos de acompañamiento de Valencia, ha observado cómo incluso después de la entrada en vigor del Decreto, «se ha cobrado a inmigrantes «sin papeles» por un tratamiento de urgencias»; asimismo, critica el «caos burocrático» y la desinformación generalizada. También ha constatado, en su práctica como voluntaria, que el personal administrativo es más receptivo a los inmigrantes si les acompaña un grupo de españoles.
En cualquier caso, el miedo es una constante entre la población afectada, añade la colaboradora de «Yo sí, Sanidad Universal». Y, en ello, «influye mucho la propaganda oficial», que está pergeñada con esa intención. Aunque también en muchos inmigrantes domina el ánimo de lucha. Pero la coyuntura no deja de ser delicada en extremo. «Cuando se factura la atención sanitaria y esta no se puede pagar, que es lo que ocurre en muchos casos, se contrae una deuda con la seguridad social con el problema que ello representa, por ejemplo, para la renovación de papeles», explica Abril Millán. Además, cuando una persona entra en la consulta no sabe lo que realmente le costará el tratamiento, con la incertidumbre que ello conlleva. También constata la voluntaria que en los centros hospitalarios públicos de gestión privada es mayor el ahínco con el que se pretenden cobrar la atención no urgente.
El caso más extremo (de los conocidos) hasta el momento es el de Alpha Pam. Este ciudadano senegalés de 28 años y afectado por una tuberculosis, falleció el pasado abril en Palma de Mallorca sin haber recibido un tratamiento adecuado de la enfermedad. No disponía de tarjeta sanitaria. A Alpha Pam no se le dispensó el control exhaustivo y continuado que hubiera garantizado el médico de cabecera. Pero «Yo Sí, Sanidad Universal» ha documentado otros ejemplos igualmente graves. Como el de una joven marroquí que, con motivo de un parto doméstico, se produjo un desgarro en el periné, por lo que sufrió daños en el esfínter anal. Pensó que, con la nueva disposición legal, no podía pagar el precio de un parto si no era española. Un caso palmario de desinformación y miedo.
Lo cierto es que el Decreto aprobado por el ejecutivo de Rajoy ha generado enorme confusión y desconcierto. Dada su inconcreción, ha habido muchas dificultades para aplicarlo y, de hecho, se han seguido criterios distintos según comunidades autónomas, hospitales y centros sanitarios (o incluso en un mismo centro de salud). A ello se agregan los disensos entre el gobierno central y las comunidades autónomas donde no gobierna el PP, que han mostrado sus reticencias a la aplicación del Decreto.
Los ejecutivos autonómicos han aprobado finalmente normativas y directrices para los centros de salud con el fin de facilitar cierta atención sanitaria. Se intentan paliar, de algún modo, los efectos más perversos del Decreto. Pero, en términos generales, según el presidente de Médicos del Mundo en Valencia, «se han aplicado parches informales con el fin de evitar casos muy graves, como el de Alpha Pam, y que estos saltaran a la opinión pública».
El presidente de Médicos del Mundo en Valencia critica, por último, el trasfondo del Decreto: «Hasta hace un año nuestro sistema sanitario evolucionaba hacia una cobertura universal, pública y gratuita; no era caro, los estándares de salud se mostraban muy aceptables y con un gasto muy inferior al de otros países». Por lo demás, «es falso el argumento que da el gobierno de que los inmigrantes sin papeles no contribuyen a la financiación de la sanidad pública. Ésta se nutre en un 50% de los impuestos indirectos. Y una persona inmigrante, aunque no disponga de los papeles administrativos en regla, también consume en este país», concluye Rafael Sotoca.
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