Traducido para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
El hecho de que el Gobierno esté debatiendo los puestos de avanzada ilegales después de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, socava los principios más básicos del Estado de Derecho.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al ministro de Justicia Yaakov Neeman que establezca un comité para encontrar formas de legalizar las construcciones israelíes en los territorios. En particular el comité deberá encontrar la manera de legalizar la confiscación de tierras de individuos palestinos que han tenido la mala suerte de que los israelíes construyeron puestos de avanzada ilegales en sus propiedades.
No es por casualidad que haya surgido ahora la idea de crear este comité. Es un problema acuciante que llama a la puerta de Netanyahu, ya que el Tribunal Superior de Justicia ordenó al Estado desmantelar varios puestos de avanzada ilegales para marzo de 2012, entre ellos Migron, que está construido sobre tierras privadas palestinas.
La orden plantea difíciles preguntas acerca de las políticas del gobierno y sus compromisos con Estados Unidos. Tampoco está claro cómo es posible establecer una comisión para discutir el estado legal de los puestos de avanzada después de que el Tribunal Supremo ya dictaminó que son ilegales y ordenó su desmantelamiento.
El hecho concreto de que el Gobierno está debatiendo los puestos de avanzada ilegales después de que el Tribunal Supremo se ha pronunciado, socava los principios más básicos del Estado de Derecho. Los fallos de la Corte deben obedecerse sin discusión. Y como tema fundamental, ¿cómo podemos legalizar el robo de la propiedad privada que se llevó a cabo por la fuerza y sin ningún procedimiento legal adecuado? También hay otro problema y es que el derecho internacional se aplica en los territorios, y de acuerdo con esta ley la propiedad privada sólo se puede expropiar a los palestinos por necesidades de seguridad. Pero el Tribunal Superior de Justicia dictaminó en 1979 que el establecimiento de los asentamientos no es una necesidad de seguridad.
Por lo tanto, no es posible la expropiación de tierras de propiedad privada de un palestino para establecer un asentamiento israelí. Y si la respuesta es «vamos a cambiar la ley «, ésta no es una opción, ya que la ley que se aplica en los territorios es el derecho internacional. Si fuera posible crear algún mecanismo legal para legalizar el robo de estas tierras, ¿por qué no se presentó ante el Tribunal Superior cuando se apeló el caso? ¿Por qué estamos tratando de inventar algo ahora, después de que el Tribunal Supremo se expresó?
¿Y por qué Netanyahu decidió que el comité no esté integrado por abogados de la Oficina del Fiscal del Estado? La respuesta está clara: porque ningún abogado digno de ese nombre firmaría el dictamen solicitado y, ciertamente, ningún abogado en la Oficina del Fiscal del Estado lo haría.
Por lo tanto surge la sospecha de que el comité, en realidad, solo pretende perder el tiempo y proporcionar un pretexto cojo para no llevar a cabo la decisión del Tribunal Supremo. Después de todo, si Netanyahu realmente quisiera legalizar la situación de la construcción en Cisjordania, fácilmente podría encontrar una manera de hacerlo en el informe sobre los puestos de avanzada ilegales que está sobre su escritorio.
Sí, me refiero al informe de siempre desde 2005. Cuando el gabinete lo votó, el actual primer ministro levantó la mano a favor de la aceptación de sus principios y su aplicación. Y en ese momento no oí la más mínima queja sobre sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Más aún, el fiscal general de entonces, Menachem Mazuz, revisó cada línea del informe antes de su presentación, y en la reunión del gabinete, no se opuso a ningún tema discutido en el informe. Todos los datos utilizados en ese informe fueron provistos por el Ministerio de Defensa del Estado de Israel, y sus recomendaciones seguían las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
Pero, más allá de las cuestiones jurídicas puras, tal vez ha llegado el momento para Netanyahu de explicar por qué su gobierno está aún buscando una manera de blanquear el robo de la propiedad, en violación de las propias leyes del Estado. Ya es bastante malo que el Estado no hiciera nada para prevenir estos actos delictivos e ilegales. Ya es bastante malo que el Estado ayudara a financiar estos actos una y otra vez. Pero ahora hemos llegado al punto en el que, en opinión del gobierno, el robo podría incluso llegar a ser legal, y nadie se ríe. Y no hay una izquierda que llore.
Fuente: http://www.haaretz.com/print-