El sistema político de Estados Unidos está entrampado en su propias reglas, facultades y limitaciones. Siempre ha sido así. Hay un balance y equilibrio que otorga el modelo democrático estadunidense, de tal modo que se respete la autonomía de los poderes (cámaras, presidente y sistema de justicia) y que también se escuche o atienda a […]
El sistema político de Estados Unidos está entrampado en su propias reglas, facultades y limitaciones. Siempre ha sido así. Hay un balance y equilibrio que otorga el modelo democrático estadunidense, de tal modo que se respete la autonomía de los poderes (cámaras, presidente y sistema de justicia) y que también se escuche o atienda a las minorías.
Lo que es nuevo es la manera en que los republicanos han utilizado sus poderes y facultades para bloquear cualquier iniciativa del presidente Barack Obama. Ahora le toca el turno a la acción ejecutiva, conocida como DAPA (deferred action for parental accountability: acción diferida para responsabilidad de los padres) y la ampliación de DACA (deferred acction for childhood arrivals: acción diferida para llegados en la infancia).
En otras palabras, se trata de boicotear la propuesta de Obama de conceder cierto alivio temporal a los migrantes que son padres de hijos estadnidenses, que viven permanentemente en Estados Unidos desde hace cinco años o más y que no han tenido problemas mayores con la justicia ni son amenaza a la seguridad nacional. Por otra parte, afecta a los jóvenes inmigrantes que no habían podido postular al programa de DACA en 2012, conocidos popularmente como dreamers.
El boicot contra la acción ejecutiva de Obama se desarrolla en tres frentes diferentes: cámaras, gobiernos estatales y sistema legal.
En las cámaras la pugna se da por la aprobación del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHLS, por sus siglas en inglés), que debe implementar el programa de acción diferida. Si bien los migrantes tendrán que pagar la mayor parte del gasto, algo tendría que salir del presupuesto y del dinero que aportan los contribuyentes. Es decir, del pueblo estadunidense que paga sus impuestos… ¡como si los migrantes indocumentados no pagaran impuestos!
La pugna se da entre la Cámara de Representantes (diputados), que proponen cortar todo tipo de gasto para la propuesta de Obama, y la decisión del Senado, de no aprobar esta moción, porque se opone el grupo minoritario de senadores demócratas. Aquí se respeta el poder de la minoría.
Sin embargo, los republicanos están jugando con fuego, porque si no se aprueba el presupuesto del DHLS, se pone en peligro la seguridad nacional e incluso la de la frontera, porque la patrulla fronteriza se quedaría sin dinero.
El segundo frente es el de los poderes estatales. El gobernador de Texas, Greg Abbot, propuso una demanda contra DAPA, que fue secundada por 26 estados, todos los republicanos -muy especialmente los del sur y medio oeste- y tres demócratas, entre ellos Nevada, que tiene un gobernador hispano, Brian Sandoval, que ahora tendrá que responder ante sus electores de origen latino.
Según el gobernador de Texas, Obama actúa como un dictador ( sic) que no respeta las decisiones del Congreso y la voluntad del pueblo recientemente expresada en las elecciones intermedias, en la que ganaron los republicanos. Por otra parte considera que DACA es una amnistía ilegal.
Como era de suponerse, esta demanda legal fue aceptada por un juez federal de Texas, en este caso Andrew Hanen, de la localidad fronteriza de Brownsville. Los argumentos de Hanen, que propone una interrupción temporal de la implementación de DAPA por parte del DHLS, se pueden sintetizar en tres puntos.
En primer lugar, el manido argumento del costo para los contribuyentes. Y pone el ejemplo de que con DACA los miles de migrantes beneficiados tendrán derecho a solicitar licencias de manejo, y eso afecta al presupuesto de los estados que se ven afectados seriamente por las decisiones de Obama.
En segundo lugar, argumenta que hay errores en el procedimiento administrativo y que por esa razón se debe detener o anular la propuesta.
Finalmente, argumenta que el presidente Obama se ha excedido en sus facultades legales y su propuesta de acción diferida es anticonstitucional.
El argumento económico quizás es el más fuerte, porque en cierto modo sí habrá gastos extras para la burocracia de los estados que no estaban contemplados. El argumento del procedimiento puede salvarse fácilmente, volviendo a hacer el trámite de manera correcta o buscando otros caos similares donde se obvió este paso. Y el tercero, es muy endeble porque el asunto migratorio en Estados Unidos es federal y los estados no pueden intervenir; la inconstitucionalidad más bien radica en la propuesta de los estados.
Ahora bien, el gobierno de Obama puede apelar legalmente. Y puede lograr un freno temporal a esta decisión del juez Hanen, lo que podría tardar días o meses. Y por otra parte, una corte federal tendrá que resolver el caso sobre el derecho de Obama a actuar de manera ejecutiva. Todos los presidentes han hecho uso de esta prerrogativa, especialmente cuando el congreso no puede llegar a una decisión, como es el caso de la reforma migratoria.
Finalmente, el presidente de Estados Unidos tiene el poder de vetar cualquier ley que se apruebe en el Congreso y, en el caso remoto de que se apruebe algo que limite o contradiga su propuesta de acción diferida (DACA), él tiene derecho a vetarla.
El juego de cartas y el juego de tronos sigue su proceso normal. En medio quedan varios millones de familias migrantes.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/02/22/opinion/019a2pol