Ya han cumplido más de una semana de prisión. Cada día hubo numerosas actividades, movilizaciones y actos de solidaridad. Gentes de todo tipo se solidarizaron, menos los que están en el poder, esos ya no son gente, ellos sólo son el poder, son profesionales. Del poder económico se deriva el poder político y el policial […]
Ya han cumplido más de una semana de prisión. Cada día hubo numerosas actividades, movilizaciones y actos de solidaridad. Gentes de todo tipo se solidarizaron, menos los que están en el poder, esos ya no son gente, ellos sólo son el poder, son profesionales. Del poder económico se deriva el poder político y el policial que se complementa con el judicial -corregido y aumentado- para volver todos a los pies del poder económico.
Esto no es más que un un Estado de Derecho a la carta en donde cualquier derecho, incluido el constitucional, que no esté asociado al poder -o al de sus instituciones- sólo es pura ficción, un señuelo. No hay menú del día, faltaría más que todos comieran lo mismo. Este Estado de Derecho se caracteriza por su flexibilidad porque, sencillamente, está hecho a medida, diseñado para mantener la ley y el orden en su sitio, pero sólo determinada ley y determinado orden, que es el que convenga al poder económico y a sus instituciones, que para eso están. Decía Carnero en una entrevista que el Estado de Derecho lo es sólo para unos pocos y añadía Morala que nos meten en la cárcel por defender el puesto de trabajo. Somos inocentes, decían, lo sabe la policía, lo saben nuestros compañeros, las autoridades y lo saben todos.
Dos trabajadores, dos sindicalistas, han sido juzgados -y condenados- con el baremo aplicado a los terroristas, con la misma ley, por que así convenía al poder. Pero, además, no se han juzgado tanto los hechos en sí mismo, sino su significado y de lo que de ellos se pudiera derivar. El juicio ha sido -se ha dictado- de acuerdo con el peligro que encerraba la actividad reivindicativa y sindical de Carnero y Morala y del Sindicato que lideran, la CSI. En este especial proceso, sumarísimo, no fueron necesarias pruebas, datos y ni siquiera un juicio, se recurrió sencillamente y con todo descaro al linchamiento: esta es la única respuesta que pude dar a la salida del juicio, no tenía ninguna otra. Ni siquiera se guardaron las formas, ni la apariencia; ni les era necesario ni les hacía falta. Todo se ciñó al testimonio de unos policías que se contradijeron y mintieron con descaro en la sala. Pruebas falsas y conclusiones previamente elaboradas. La justicia es ciega, va por la calle de en medio o por donde les les resulte más conveniente.
En estas movilizaciones laborales, ni siquiera políticas, no estaba en juego nada trascendental para la seguridad nacional, para el Estado o para los principios de nada ni de nadie, sólo los puestos de trabajo de unos ciudadanos -familias, personas, trabajadores- que no tienen más recursos y medio de vida que su trabajo (este es el delito), pero claro, esto no fue relevante para el poder político o su subordinado poder judicial. Pero, en frente, sí estaba algo tan sagrado como es lo que constituye la esencia neoliberal (liderada por la «izquierda plural» del PSOE e IU) del ayuntamiento de Gijón, que en este caso, nada menos que administra el pelotazo urbanístico de la mayor zona urbanizable en miad de Gijón, aunque para ello sea necesario destruir los astilleros y con ellos todos sus puestos de trabajo actuales y futuros. Destruyen los diques -esto no es delito- que constituyen un patrimonio irreemplazable al lado del mar y con calado suficiente para la construcción o reparación de buques hoy o en el futuro, para llenar de viviendas caras medio vacías siguiendo el plan de especulación y negocio rápido. La doctrina y la jurisprudencia que de este proceso se deduce es que prevalece la especulación y el pelotazo urbanístico a la creación de empleo e, incluso, a su destrucción. La segunda conclusión es que quién se oponga a esta nueva norma del «pelotazo legal» del poder político y económico será encarcelado por el poder judicial a su servicio. Es el precio de la democracia representativa neoliberal.
Se ha presentado el recurso de Amparo ante el TC, un escrito ante el juzgado instando la suspensión de la condena a la espera de la decisión del TC y de las numerosas solicitudes de indulto. Por segunda vez se ha solicitado, exigido, al ayuntamiento de Gijón que renuncie expresamente a la indemnización. Se ha recurrido a todos los cauces conocidos para el excarcelamiento de Carnero y Morala, a parte, además, de todas las movilizaciones habidas y las que seguirá habiendo, sin duda. Ante todo esto, las autoridades mienten e insisten en la mentira pero esta vez con una mayor dosis de hipocresía.
La alcaldesa Fernández Felgueroso del PSOE se niega a renunciar a la indemnización de los 5.625 euros que la Plataforma contra la Represión y por las Libertades solicitó por segunda vez acompañada de numerosas firmas. Miente una y otra vez diciendo que el ayuntamiento no tiene nada que ver en la acusación ¿Quién presentó la denuncia y se ratificó media docena de veces en el juzgado? El 11 de marzo de 2005, al día siguiente de la movilización, un funcionario municipal, en nombre y representación del ayuntamiento de Gijón presenta denuncia en la comisaría de policía y adjunta escritos del jefe de policía municipal y del jefe de tráfico municipal acompañando factura por los desperfectos valorados en 5.625 euros. Sólo unos días después el juzgado de instrucción cita, con nombre y apellidos, a Carnero y a Morala.
Posteriormente, a lo largo de los dos años que duró el proceso, el ayuntamiento continúa facilitando toda la información oral y escrita que dicho juzgado le requiere sin que en ningún momento el ayuntamiento retire la denuncia o renuncie a los inflados daños que reclama. Ahora, para colmo, la alcaldesa en cuestión, dice que se suma a la petición de indulto. El teniente alcalde Montes Estrada, de IU, también niega la participación de la corporación -de la que forman parte- en la denuncia y añade descalificaciones e insultos e, incluso, el apoyo y defensa a Carnero y a Morala ha sido uno de los argumentos para la destitución (expulsión) de numerosos militantes, incluyendo a toda la Asamblea de IU de Oviedo. El consejero de justicia del gobierno regional, García Valledor, de IU, visita a los «reclusos» en la cárcel de Villabona y realiza tres declaraciones y dice: que ha pedido el indulto, que el ayuntamiento de Gijón no tiene nada que ver con la denuncia y que habla en nombre de Carnero y Morala. La segunda declaración es falsa y la última es ofensiva: en todo caso, sólo la dirección del sindicato, CSI, del que Morala es el actual Secretario General y Carnero lo fue anteriormente y ahora forma parte de la dirección, están autorizados, qué menos, para representarles, aparte de su abogado. Ni siquiera la Plataforma se arroga ese derecho, sólo el de encabezar y promover toda clase actividades y de movilizaciones por la defensa, no sólo de Carnero y de Morala, sino también del resto de los represaliados. Siendo falsas estas dos últimas declaraciones ¿por qué habría de ser cierta la primera?
El Delegado del Gobierno Trevín Lombán, del PSOE, mientras lidera la represión contra cualquier movimiento social que discrepe o se movilice, aprovecha para exculpar, también, al ayuntamiento de la denuncia y se suma al desfile del cinismo diciendo que solicita el indulto.
El secretario federal de Libertades Públicas del PSOE y presidente de la comisión de justicia del Congreso, Álvaro Cuesta, se despacha diciendo que «en dicha causa criminal en ningún momento participó como denunciante autoridad política alguna, y menos el Ayuntamiento de Gijón», con lo fácil sería para tan alto profesional de la política preguntar quién los denunció y por qué están ahora en la cárcel.
El PP que se ha mantenido al margen, atónito, ha sido incapaz de reaccionar ante esta política socio económica de la «izquierda plural» del PSOE e IU que le adelantan tan por la derecha, con medidas represoras incluidas.
También es significativo la ausencia absoluta, en todo este proceso, de CCOO y de UGT. Ni han participado y ni siquiera se han pronunciado por esta agresión ni por otras similares. Todo indica que el empleo, el despido y la represión sindical no están en la agenda de ninguno de estos dos sindicatos. A los hechos.
Basta con leer las 22 páginas del recurso de Amparo presentado el 22-06-07 ante el TC y la sentencia del juez Rubio Mayo del juzgado nº uno de lo penal y la posterior confirmación de la Audiencia Provincial que confirma la sentencia en su totalidad incluyendo la condena a tres años de prisión, que han de cumplir íntegramente, por la aplicación de la ley asociada a delitos de terrorismo, para cerciorarse, lamentablemente, de que la decadencia social y política, al menos y principalmente en Asturias, está servida y consumada. No sólo puede hablarse de la mediocridad e incompetencia de sus dirigentes políticos (y sindicales) sino que resulta más que obvio señalar que su degradación moral no parece tener límite.