«El Parlament rechaza prohibir el ‘fracking’ con los votos de CiU y PP». Así reza el titular de la información de Maiol Roger en el global-imperial antichavista de hace unos días[1]. Tomo pie en su nota. Discuten -o aparentan discutir en ocasiones- sobre el dret a decidir y sobre asuntos relacionados con la inmersión lingüística […]
«El Parlament rechaza prohibir el ‘fracking’ con los votos de CiU y PP». Así reza el titular de la información de Maiol Roger en el global-imperial antichavista de hace unos días[1]. Tomo pie en su nota.
Discuten -o aparentan discutir en ocasiones- sobre el dret a decidir y sobre asuntos relacionados con la inmersión lingüística (¡menudo palabro!), pero en lo sustancial, en temas económicos y ecológicos, y en cuestiones institucionales de fondo, están de acuerdo en lo sustancial. Y en mil y una ocasiones y votaciones. Las derechas, desengañémonos, son las derechas.
En la mañana del pasado 10 de abril, Convergència i Unió y el Partido Popular unieron sus votos -una vez más- para evitar que el Parlament catalán prohíba por ley el fracking «fuertemente cuestionada en el territorio». La federación nacionalista apostó por una vieja y conocida alternativa: una comisión de estudio, que quedara en poco o en nada como en tantas otras ocasiones, «para evaluar los pros y los contras de la técnica». No hay prohibición pues. Se estudiará el funcionamiento de esta técnica. Los diputados, según parece, no han tenido tiempo hasta el momento; tampoco el gobierno.
Fue la coalición ICV-EUiA, en alianza con movimientos ecologistas, quien propuso la ley «para prohibir la prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos a través del fracking y que se considere una actividad al margen de la ley en toda Cataluña». Consideran, es dato conocido, que el fracking puede provocar perjuicios significativos para el medio ambiente. En España, Cantabria ya ha prohibido esta apuesta irresponsable [2].
Salvador Milà, conseller del primer gobierno tripartito (las grandes corporaciones, dirigidas probablemente por La Caixa, presionaron lo indecible, con éxito y claudicación servil del gobierno catalán, para su expulsión del gabinete), diputado actualmente de la coalición ICV-EUiA, señaló que había «riesgos medioambientales y sociales,» y que esta técnica de extracción «tiene un impacto brutal sobre el trabajo y la salud del territorio».Milà acompañó sus críticas «de fotografías que muestran el deterioro del territorio en Dakota del Norte, uno de las zonas de Estados Unidos donde está extendido el fracking» (El PSC, Ciutadans y la CUP -¡menos mal!- se alinearon con ICV-EUiA y votaron a favor de la proposición).
CiU, como era de esperar, justificó su voto en contra «en la necesidad de estudiar con tranquilidad el fracking». Estudiar y con tranquilidad: lo de siempre. El diputado Antoni Fernández Teixidó, un «antiguo trotskista revolucionario» de la Liga Comunista (intentó en 1975 que el que suscribe militara en su organización universitaria), defendió que «el Gobierno catalán ha denegado permisos tras la presión del territorio, y también apuntó que el Ejecutivo está elaborando un informe sobre la técnica». «Debemos ver todo esto en profundidad», concluyó. La palabra que ahora toca es «profundidad»… e «informes» por supuesto. ¿Les sorprende la estrategia?
Milà respondió con prudencia y sabiduría explicándole al señor diputat convergent el procedimiento para aprobar una ley en el Parlament: incluye un período de ponencia en el que se entra en «profundidad en la materia». Añadió: «Una proposición de ley tiene todo lo que usted pide. La única diferencia con la comisión de estudio es que la ley finalmente decide si se prohíbe o no». Y este es el punto, esto es precisamente lo que CiU no desea.
El PP, estaba cantado (¡su antiecologismo irresponsable es de manual mal estudiado!), defendió el fracking por sus ventajas económicas. ¡Lo que les echen! La diputada Maria José Cuevas reconoció que la técnica entraña riesgos, pero -¡tranquilos!- se pueden controlar. Con sus propias palabras: «La negación de los riesgos es una irresponsabilidad, tanto como no reconocer que se pueden resolver». ¿Y por qué? ¿Cómo sabe la señora Cuevas que se pueden resolver? ¿Es una adivina? Si es una irresponsabilidad la negación de los riesgos, ¿no sería razonable, apelando al principio de precaución, prohibir aunque fuera temporalmente, una técnica con riesgos reconocidos?
Eduald Rifà, portavoz de la Plataforma Aturem el Fracking, presente activamente en el Parlament, ha señalado: «Ya hay más de cien municipios que se oponen a este sistema, y once sistemas comarcales. En todo el territorio afectado no hay nadie que quiera el fracking, por sus perjuicios medioambientales, para la salud y para el prestigio de los municipios».
Sus aspiraciones, las aspiraciones de la Plataforma y de muchos colectivos más, son más que razonables: vetar el fracking en Cataluña y apostar por un nuevo modelo ambiental. Tan elemental y necesario como eso.
Y desde luego: se trata de vetarlo en Catalunya y en el resto de España. Siguiendo, esta vez, el ejemplo de Cantabria… y el de Francia, Bulgaria y algunos länders alemanes.
Nota:
[1] Maiol Roger, «El Parlament descarta prohibir…» http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/10/catalunya/1365595958_016491.html
[2] Una alerta también ha lanzada por el Parlamento Europeo (Francia, Bulgaria y varias regiones de Alemania lo han prohibido).
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)
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