Cuando la diputada del Partido Verde, Caroline Lucas, preguntó a la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo de Gran Bretaña si el gobierno estaba apoyando financieramente proyectos relacionados con el gas en otros países, la ministra respondió que el gobierno seguía apoyando el proyecto energético de General Electric en Irak. Esto está en consonancia con la política británica en Irak.
General Electric es una empresa multinacional estadounidense, clasificada como una de las 300 mayores empresas de Estados Unidos en términos de ingresos totales. La empresa, bajo la presión del expresidente estadounidense Donald Trump, obtuvo un contrato en 2017 por valor de más de 1.200 millones de dólares «para ejecutar proyectos en el sector energético que proporcionarán un suministro de energía fiable en todo [Irak].» El gobierno británico también acordó un contrato por valor de 155 millones de dólares para General Electric con otra empresa británica para fortalecer el sector energético en Irak. La creación de este tipo de proyectos ofrece enormes oportunidades a los exportadores británicos, según el Secretario de Estado de Comercio Internacional, quien, en su alegría al anunciar los acuerdos, olvidó mencionar los beneficios que obtendría Gran Bretaña a cambio.
Lucas consideró adecuada la respuesta del Secretario de Estado. Lo importante, desde el punto de vista de un político británico, ya sea de izquierdas o de derechas, es que el gobierno siga cooperando con el gobierno iraquí en la prestación de servicios y la estabilidad del pueblo iraquí. La dominación económica y, a través de ella, la dominación política tras la invasión y ocupación de 2003, rara vez se menciona públicamente.
De ahí que sea natural que Lucas, a pesar de ser de izquierdas, no se pregunte por el éxito de esos proyectos para mejorar la situación del pueblo iraquí, ya que Gran Bretaña es la principal responsable de su deterioro. Si el gobierno ha estado apoyando proyectos energéticos desde la caída del régimen de Saddam Hussein en 2003 y la firma de contratos se renueva con la visita de cada ministro de electricidad iraquí a Londres, entonces ¿por qué los manifestantes iraquíes salen a la calle con ataúdes con la leyenda «electricidad», especialmente en verano? ¿Por qué sacrifican sus vidas -y son miles los muertos y heridos- en todas las estaciones? ¿Hasta qué punto el gobierno de Westminster se beneficia de su apoyo a las empresas británicas, estadounidenses y de otros países, la mayoría de las cuales tienen contratos ficticios, bajo el lema de la reforma, la renovación y el aumento de la capacidad de proporcionar electricidad a los iraquíes? ¿Cómo es posible que los hogares iraquíes reciban menos de cinco horas diarias de electricidad incluso cuando la temperatura alcanza los 52 grados? ¿Por qué, con todos los proyectos que se anuncian, Irak sigue siendo el principal importador de electricidad de Irán? ¿Por qué no se ha hecho nada para procesar unos 16.000 millones de metros cúbicos de gas para su uso en centrales eléctricas, ahorrando al país 5.200 millones de dólares y eliminando la necesidad de importar de Irán? ¿O es exactamente eso lo que se espera que ocurra? Hay demasiadas preguntas sin respuesta en todo esto.
A pesar de haber gastado más de 50.000 millones de dólares desde 2003 en Irak, las declaraciones oficiales iraquíes, británicas y estadounidenses, así como los informes especializados, justifican los cortes de energía alegando razones técnicas, algunas de las cuales se remontan a los años noventa. También citan la destrucción infligida al país tras la invasión estadounidense-británica, seguida de la aparición de Daesh. El aumento de la población, la climatización, el aumento del consumo y el impago de las facturas de electricidad y gas también se aducen como motivos de los cortes de electricidad. Todo ello apunta a una realidad política y económica deteriorada, a todos los niveles, que requiere soluciones inmediatas y estratégicas para garantizar la preservación de la vida y la dignidad de los ciudadanos iraquíes en lugar de culparlos. Esto no se logrará si no hay una acción política independiente por parte del gobierno de Bagdad, lo que a su vez requiere que Irak tenga el control de su propia soberanía y esté libre de corrupción.
Esta última es un factor importante en la falta de proyectos que se ejecutan en Irak. El fraude es habitual en los contratos del gobierno con partes externas, por un lado, y la mafia de los generadores a nivel local, por otro. Esta mafia controla todo lo relacionado con la electricidad, incluido su precio y distribución; tanto los políticos como las milicias tienen intereses en ella. El resultado es que el índice de satisfacción de las necesidades de electricidad per cápita en Irak sigue siendo uno de los más bajos de Oriente Medio.
En cuanto a los contratos con el extranjero, un reciente informe de Chatham House – «La corrupción políticamente sancionada y los obstáculos a la reforma en Irak»- ofrece ejemplos de fraude en los contratos gubernamentales mediante el uso de empresas ficticias. Uno de ellos es el contrato firmado por el Ministerio de Electricidad iraquí con la empresa británica Power Engines para construir 29 centrales eléctricas en la ciudad de Nasiriyah, en el sur de Irak. El gobierno pagó un total de 21 millones de dólares sólo para descubrir que la empresa era fraudulenta. No se despidió ni se sancionó a nadie por ello, ni se emprendieron acciones legales. Otro documento oficial reveló una pérdida de 8 millones de dólares de la Dirección General de Producción de Energía del Norte.
Cualquiera que vea las entrevistas televisivas de los políticos iraquíes se dará cuenta de que las acusaciones de corrupción relacionadas con los contratos extranjeros pasan sin cuestionarse ni rendir cuentas. La falta de responsabilidad de los iraquíes corruptos no se limita a los de su país; se extiende a Estados Unidos y Gran Bretaña si el funcionario implicado tiene doble nacionalidad o permiso de residencia.
Una excepción es Nawfal Hammadi Al-Sultan, el ex gobernador de Nínive que fue sancionado por el gobierno británico el mes pasado, porque «malversó fondos públicos destinados a los esfuerzos de reconstrucción para proporcionar apoyo a los civiles, y adjudicó indebidamente contratos y otras propiedades del Estado».
Los «hombres de negocios» iraquíes consideran que Gran Bretaña y Estados Unidos son en gran medida refugios seguros. ¿Por qué no lo harían cuando se calcula que 150.000 millones de dólares del dinero del petróleo iraquí han sido contrabandeados en acuerdos corruptos desde 2003? ¿Hay alguien que acoja mejor este dinero que los que encabezaron la invasión y la ocupación? El dinero transferido como resultado de la corrupción de los países con problemas en todo el mundo, ricos o pobres, acaba en las bolsas, los bancos y los bienes inmuebles de los países involucrados en las intervenciones e invasiones militares. El mundo vive un período de saqueo imperialista indirecto. Estos países eluden el coste de la ocupación o la necesidad de rehabilitar regímenes dependientes estables, sustituyéndolos por un caos y un saqueo continuos con regímenes títeres corruptos. Lo que se saquea, por supuesto, acaba en un «refugio económico seguro».
Este artículo apareció por primera vez en árabe en Al-Quds Al-Arabi el 2 de agosto de 2021
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