Los datos conocidos revelan que el número total de propietarios de viviendas que han recibido notificaciones de apertura de un juicio hipotecario llegó a una cantidad sin precedentes, se alcanzaron cifras históricas. Mientras tanto, un nuevo estudio de ACORN (siglas en inglés de la Asociación de Organizaciones Comunitarias para una Reforma Inmediata) descubrió que las […]
Los datos conocidos revelan que el número total de propietarios de viviendas que han recibido notificaciones de apertura de un juicio hipotecario llegó a una cantidad sin precedentes, se alcanzaron cifras históricas. Mientras tanto, un nuevo estudio de ACORN (siglas en inglés de la Asociación de Organizaciones Comunitarias para una Reforma Inmediata) descubrió que las familias afrodescendientes y latinas corren un riesgo desproporcionado de perder sus hogares en la crisis hipotecaria actual. Se descubrió que los propietarios que son de estas etnias tienen más del doble de posibilidades de recibir un préstamo con intereses superiores a los normales que los propietarios blancos. ACORN también descubrió que las ciudades sureñas están siendo particularmente golpeadas por la crisis de vivienda. La asociación ha solicitado a los prestamistas que modifiquen los préstamos para hacerlos más accesibles, y también ha demandado nuevas leyes contra los préstamos usureros.
Las hipotecas de alto riesgo o subprime son aquellas que se otorgan a personas que cuentan con lo que en el lenguaje capitalista financiero se llama «un nivel de riesgo mayor y no pueden cumplir con sus obligaciones de pago».
Este riesgo de incumplimiento proviene de diversos factores, como por ejemplo, un historial de crédito malo o inestabilidad laboral. Otra razón de su alto riesgo es el menor grado de requisitos exigidos al cliente por la financiera o banco que otorga el crédito. Considerando este riesgo, el mercado les asigna una tasa de interés mayor, lo que a la vez, en un mercado de tasa ajustable, aumenta el riesgo de incumplimiento en el pago de las letras hipotecarias.
Estas hipotecas generalmente eran titularizadas y utilizadas como garantía de valores. Los inversionistas, a su vez, financiaban a estas financieras con la compra de estos valores garantizados que tenían un mejor rendimiento a causa de la mayor tasa de interés.
Esto es una práctica regular en el mercado. La diferencia es que estas hipotecas son más riesgosas y por eso son llamadas subprime, para indicar que no se le está ofreciendo la tasa prime que reciben los buenos clientes.
Hasta aquí la explicación que da el sistema, que traducido resulta, que las entidades prestamistas dieron dinero para que gente con inseguridad laboral y bajos ingresos accedieran a una vivienda con el sólo aval de la propiedad misma. Si tenemos en cuenta que el valor de ésta fue siempre en aumento, a los bancos le importaba poco la posible morosidad. Pero, cuando el precio de la vivienda dejó de subir se cayó todo como si fueran fichas de dominó. El caso es tan pero tan similar al que podría suceder en España que resultan llamativas que el gobierno saque balones fuera. La proximidad de las elecciones y el posible estallido de la burbuja, con lo que eso supondría de batacazo electoral, provoca que ministros y jefes de gobierno digan más tonterías de lo normal.
Todo un ejempo
A los 88 años de edad, Thelma Meredith tiene que buscar un lugar dónde vivir, porque el dueño del edificio decidió desalojar a las personas que viven en el 3054 W. 12 Place, en Los Ángeles.
El objetivo es renovar el inmueble para darle paso a uno de esos edificios que rentan condominios de lujo.
La mayoría de los habitantes del edificio son de bajos recursos. Debido al control de renta, pagan entre 400 y 500 dólares, pero con la renovación, el dueño no tiene obligación de mantener el control de renta y puede duplicar o triplicar las mensualidades.
La abuelita, que recibe 847 dólares de Seguro Social y 88 dólares de la pensión de su sindicato, ha vivido en dicha dirección durante 42 años. Desde que hace dos meses recibió la carta de desalojo, ha estado buscando un lugar dónde vivir, pero no encuentra nada acorde con sus posibilidades económicas.
«En la mayoría de los lugares que he preguntado, las rentas son de 800 ó 1.000 dólares. Te piden un depósito inicial y hasta 600 de seguridad, lo que sumaría un total de 2,600», comentó.
Aunque, por ley, el dueño del edificio entregó a Meredith 17.000 dólares para mudarse y pagar su mensualidad, entre pagos de traslado, renta y seguridad, el dinero por lo mucho le alcanzará para cubrir un año y después los 800 dólares que recibe no cubrirán la renta.
Meredith indicó que ya buscó en casas destinadas para ancianos, pero hay listas de espera de cuatro o cinco meses.
«Fue todo un triunfo que me dieran el dinero, porque lo tuve que pelear. El dueño sólo me quería dar nueve mil. Fue mucho papeleo y burocracia, pero al fin logré obtener el cheque».
«Me tengo que salir de Los Ángeles. Me dicen que me vaya a El Monte, pero ya pregunté, y lo mismo, tengo que esperar cuatro o cinco meses. Simplemente, no hay lugar para los viejos en la ciudad», enfatizó.
Debido al caso de Meredith y al de miles de familias que actualmente enfrentan órdenes de desalojo, activistas y organizadores de la Asociación de Organizaciones Comunitarias por una Reforma Ahora (ACORN) protestaron este tipo de prácticas que cada vez son más comunes en Los Ángeles.
«Ese fenómeno desde hace siete años se ha venido incrementando, pero podemos decir que en los últimos tres años los dueños de edificios han sido más agresivos», expresó Guadalupe González, organizadora de ACORN. «En el área de Pico-Union, en la calle Bixel, antes había como 12 edificios para familias de bajos recursos, ahora sólo hay tres, el resto son condominios».
González, subrayó que en la mayoría de los casos los propietarios intimidan y cansan a la gente, no dan mantenimiento al inmueble y al final tratan de cansar a los arrendatarios para que se vayan y no pagarles lo que por ley les corresponde.
Además, es una forma de salirse del control de renta, ya que una vez que son renovados los edificios pueden cobrar prácticamente lo que quieran.
Igualmente, agregó que debido al incremento de las rentas, cada vez es más difícil conseguir mensualidades accesibles, lo que obliga a las personas a buscar en zonas lejos de la ciudad para que les alcance.
Las personas que estén siendo desalojadas en Los Ángeles pueden recibir hasta 17 mil dólares si es una familia de tres miembros o más y si son personas solas pueden recibir hasta nueve mil.