SANTIAGO – La Ley de Eficiencia Energética comenzó su progresiva aplicación en Chile tras aprobarse sus reglamentos, pero faltan más esfuerzos y mucha institucionalidad por crear para que pueda dar resultados.
En Chile el sector energético representa 74 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con 68 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono (CO2). Por ello, la eficiencia energética es parte determinante para afrontar el cambio climático y ahorrar en sus costes.
La ley fue aprobada en febrero de 2021 y sus reglamentos se dictaron el 13 de septiembre de este año, pero queda aún tiempo para su plena vigencia y la puesta en operación de nuevos parámetros. La propia ley dice su aplicación plena se dará “paulatinamente”, sin plazos precisos.
Por ejemplo, la calificación energética de viviendas y edificios nuevos es por ahora voluntaria y solo se convertirá en norma en 2023. Además, solo la práctica permitirá saber si habrá capacidad de controlar el sector y aplicar sanciones.
La ley apunta entre sus objetivos a reducir la intensidad del uso de energía y disminuir los GEI.
Según la organización pública-privada Fundación Chile, la eficiencia energética tiene el potencial de contribuir con 44 % en la reducción de emisiones de CO2, porcentaje determinante para mitigar el cambio climático en este alargado país de 19,5 millones de habitantes.
“Por primera vez en Chile, tenemos una Ley de Eficiencia Energética. Un paso clave para articular los esfuerzos y alcanzar la carbono neutralidad al 2050, ya que la eficiencia energética tiene el potencial de disminuir en un 35% los gases de efecto invernadero”, explicó a IPS la subgerente de sustentabilidad de la Fundación, Karien Volker.
La ley fija normas para el transporte, la industria, la minería y el sector residencial, público y comercial. Se estima que el transporte terrestre representa 25 % de la energía usada en Chile y las 250 grandes empresas que operan en este país consumen 35 % del total.
Volker destacó que la ley incorpora el etiquetado energético, la aplicación de un sistema de gestión de energía para grandes consumidores y el desarrollo de un Plan Nacional.
“Al implementarse la ley, al 2030 se espera una reducción de intensidad energética del 10 %, un ahorro acumulado de 15 200 millones de dólares y una reducción de 28,6 millones de toneladas de CO2”, aseveró.
Sostiene, asimismo, que la ley impulsará a las grandes empresas a cumplir con estándares mínimos de eficiencia energética, lo que cambiaría su manera de operar.
“El que las nuevas viviendas cuenten con certificaciones de eficiencia energética elevará el estándar de la construcción en Chile y empujará a las constructoras a innovar”, dijo Volker.
Añadió que “el sector transporte también se verá impactado positivamente, al establecer un estándar de eficiencia y rendimiento de los vehículos que entren a Chile”.
Los edificios con las nuevas normas consumirán tan solo un tercio de la energía respecto a los actuales.
En el sistema eléctrico chileno 53,3% se genera con energía renovable: hidroeléctrica, solar fotovoltaica, biomasa y geotermia. El restante 46,7% corresponde a centrales termoeléctricas a gas natural, carbón o derivados del petróleo que se importan casi en su totalidad.
Negativo historial sobre eficiencia energética
Pero en la historia reciente de este país sudamericano la experiencia de ahorro no es positiva. Hubo total claridad de diagnóstico y sugerencias concretas de medidas para avanzar en eficiencia energética sin que cambiara la realidad, recordó el ingeniero y doctor en pensamiento sistémico Alfredo del Valle, exasesor de las Naciones Unidas y del gobierno chileno en estas materias.
Del Valle contó a IPS que entre 2005 y 2007 actuó como metodólogo del Programa País de Eficiencia Energética del Ministerio de Economía de Chile, para formular una política nacional en este campo.
“Con amplia participación pública, privada, académica y ciudadana descubrimos casi cien potencialidades concretas de eficiencia energética en el transporte, la industria y la minería, los edificios residenciales y comerciales, los artefactos domésticos, e incluso la cultura”, explicó.
Sin embargo, se lamentó, “los políticos chilenos no logran entender lo que 30 años antes entendieron de inmediato los políticos del Norte (industrial): que es esencial invertir dinero y voluntad política en eficiencia energética, tal como se invierte en suministro de energía”.
Si bien hace 12 años se creó una Agencia Nacional de Eficiencia Energética, “no pasa nada significativo”, dijo Del Valle, actual presidente de la Fundación para la Innovación Participativa.
Como evidencia de ello, citó que “el presupuesto público para eficiencia energética en 2020 equivale apenas a 10 millones de dólares frente a una inversión en suministro de energía en el país de 4382 millones de dólares en el mismo año”.
Según el especialista, “necesitamos un nuevo modo de pensar y de actuar para poder realizar transformaciones sociales y poder crear nuestro propio futuro”.
La política energética con Boric
La Agenda Energética 2022-2026 impulsada por el gobierno izquierdista de Gabriel Boric, en el poder desde marzo, afirma que “la eficiencia energética es una de las acciones más importantes para que Chile pueda alcanzar la meta de carbono neutralidad”.
El documento establece acciones y compromisos que deben ser implementados como el Plan Nacional de Eficiencia Energética. Publicado a comienzo de este año propone 33 medidas en los sectores productivos, el transporte, las edificaciones y la ciudadanía, según el Ministerio de Energía.
“Con todas estas medidas, esperamos reducir en un 4,5% nuestra intensidad energética total al año 2026 y en un 30 % al año 2050, respecto del año 2019”, indica la Agenda.
El plan anuncia una aceleración de la implementación de sistemas de gestión de energía en grandes consumidores para fomentar un uso más eficiente en la industria, “como mandata la Ley de Eficiencia Energética que será progresivamente implementada”.
Según el gobierno, al año 2026, 200 empresas contarán con sistemas de gestión de energía implementados.
También las autoridades anuncian apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas para un uso y gestión eficiente de energía y apoyarán a 2000 para autogeneración y eficiencia energética.
“Si bien como país hemos avanzado en el despliegue de energías renovables para la generación eléctrica, aún falta traspasar los beneficios de las fuentes energéticas renovables a otros ámbitos, tales como el uso de frío y calor en la industria”, sostiene el documento.
Mejora en calidad de viviendas
En Chile hay más de cinco millones de viviendas y la mayoría no tienen condiciones adecuadas de aislamiento térmico, demandando un alto uso de energía para calentar en el invierno (austral) y refrescar en el verano.
Se espera que al exigir el requisito de “calificación energética” para obtener la llamada “recepción final”, el permiso de habitabilidad municipal, se elevará la calidad de viviendas usando equipos eficientes o energías renovables no convencionales. Ello permitirá un mayor ahorro en calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria.
La Agenda gubernamental apunta a lograr en cuatro años: aislar térmicamente 20 000 viviendas sociales, instalar 20 000 sistemas solares fotovoltaicos en sectores pobres, reacondicionar energéticamente 400 escuelas, ampliar sistemas solares en viviendas rurales, mejorar el suministro en 50 escuelas rurales vulnerables y desarrollar sistemas de generación distribuida hasta 500 megavatios (MW).
En los últimos años la Fundación Chile junto al gobierno y otras entidades impulsó planes de eficiencia energética con la instalación masiva de lámparas LED en calles y espacios públicos. También promovió el reemplazo de refrigeradores de más de 10 ó 15 años para migrar hacia tecnologías más eficientes.
Un hito fue entregar 230 000 bombillas LED en instalaciones educativas, beneficiando a más de 200 liceos y colegios municipales y subvencionados y a un total de 73 000 estudiantes, funcionarios y profesores.
La iniciativa permitió instalar un millón de esas lámparas con un ahorro estimado de 4,8 % del consumo nacional.
En tanto, la campaña por una refrigeración más eficiente espera que la cuota de mercado de ese tipo de refrigeradores sea de 95 % de productos A++ y A+ para lograr un ahorro de 1, 3 teravatios hora (TWh). Cada TWh equivale a un billón de vatios hora.
Eso supondría una reducción de 3,1 millones de toneladas de CO2 para 2030.
Un refrigerador antiguo representa 20 % de la factura de electricidad de un hogar y uno más eficiente ahorra hasta 55 %.
Se calcula que actualmente en Chile hay un millón de refrigeradores de más de 15 años de antigüedad.
Estas dos iniciativas específicas, sumadas a los propósitos de la Agenda gubernamental deberán superar ahora la exigencia de financiamiento para que la Ley de Eficiencia Energética no fracase como sucedió hace casi dos décadas con otras iniciativas para impulsar la eficiencia.
ED: EG