«Nuestra guerra contra la naturaleza tiene que parar», así lo advirtió Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP25 en Madrid. Durante tan solo dos semanas en las que transcurre la cumbre, los más de cincuenta jefes de Estado y representantes de los principales organismos internacionales, deberán […]
«Nuestra guerra contra la naturaleza tiene que parar», así lo advirtió Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, durante la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP25 en Madrid. Durante tan solo dos semanas en las que transcurre la cumbre, los más de cincuenta jefes de Estado y representantes de los principales organismos internacionales, deberán sentar las bases del acuerdo que buscará limitar el aumento de la temperatura media global entre 1,5 y 2°C. Una tarea difícil y ambiciosa, sobre todo considerando que no todos los asistentes tienen el mismo nivel de compromiso con la causa que los reúne.
A pesar de asumir públicamente el compromiso de recortar sus emisiones de gases de efecto invernadero, muchos de los países que se dieron cita en Madrid aún no cuentan con planes reales para afrontar esta crisis. Este es el caso de Indonesia, donde este año se han quemado 8.578 kilómetros cuadrados de bosques, un área del tamaño de Puerto Rico, y donde las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron los 709 millones de toneladas, lo que equivale prácticamente a las emisiones anuales de Canadá. Lamentablemente, los incendios cobran una mayor magnitud con el paso de los años y al parecer, el gobierno aún no ha tomado nota al respecto.
Resulta difícil entender cómo es posible que el gobierno no actúe frente a incendios de tal magnitud que representan una amenaza no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de los ciudadanos. Pero la clave se encuentra en la misma causa de los incendios. De acuerdo con un informe presentado recientemente por Greenpeace, la actividad industrial está detrás del incremento de los incendios. Lo que significa que poderosos grupos empresariales, son los principales responsables de estos daños inmensurables.
Según reza el informe, algunas empresas que se presentan como ‘campeonas en la lucha climática’ entre ellas Unilever, son las responsables de los incendios de turberas que causan masivas emisiones de gases de efecto invernadero. Estas compañías, entre las que se encuentran los fabricantes de productos presentes en las góndolas de supermercados como los famosos Kit-Kat, las galletitas Oreo o el jabón Dove, impulsan el cambio climático al obtener aceite de palma de los bosques de Indonesia. Por más que resulte difícil creerlo, empresas con tanto alcance a nivel mundial como Nestlé, continúan contribuyendo impunemente a la emisión de gases de efecto invernadero.
Pero no son solo los comerciantes de aceite de palma quienes están en la mira. Greenpeace también apunta contra los actores del sector de la pulpa y el papel, entre los que destacan los principales productores de celulosa y papel: el grupo Royal Golden Eagle (RGE), bajo el cual opera APRIL que cuenta con una de las fábricas de celulosa y papel más grandes del mundo; y el grupo Sinar Mas controlado por la familia chino-indonesia Widjaja, que reúne a empresas como Paper Excellence y Asia Pulp and Paper (APP), ambas conocidas por causar daños ambientales irreversibles.
Según el estudio de Greenpeace, Sinar Mas/Asia Pulp & Paper, es el grupo de productores del sector de la pulpa que vio la mayor área de turberas quemarse dentro de su área de producción. Pero ni los incendios, ni la publicación de las vergonzosas pruebas en su contra, frenan los ambiciosos planes de la compañía que ya ha logrado cerrar acuerdos con empresas latinoamericanas. Seducidos por las promesas de APP, compañías locales como Promasa, Papelera Kino y Kirshka, han facilitado el desembarco de Asia Pulp and Paper en el mercado mexicano. Pero los proyectos de la compañía no se terminan ahí. APP también busca conquistar al mercado peruano con sus tan promocionados «empaques biodegradables». Según la propia empresa, importantes marcas como Dunkin’ Donuts y PepsiCo ya los utilizan.
Poco parece importarles a dichas compañías que, por ejemplo, entre 2015 y 2018, un área más grande que Singapur fue quemada en una concesión de APP. O que una compañía relacionada a Sinar Mas/APP ha tenido incendios en su tierra todos los años entre ese mismo período. Lo mismo ha sucedido con una empresa ligada a APRIL, pero esta solo ha recibido sanciones civiles y administrativas dos veces. Pero más allá de la falta de aquellas empresas que siguen forjando lazos comerciales con compañías acusadas de causar daños graves al medio ambiente, hay que resaltar también la inexistencia de sanciones por parte del gobierno de indonesia. Ninguna de las compañías de aceite de palma o del sector de la pulpa y el papel con la mayor cantidad de tierra quemada en Indonesia, ha enfrentado sanciones severas. Esta falta de sanciones representa el combustible que año tras año, vuelve a reavivar las llamas. Citando nuevamente una investigación conducida por Greenpeace Indonesia, ninguna de las compañías que sí debieron justificarse frente a los tribunales civiles, ha pagado una indemnización. El monto total de dinero adeudado alcanzaría los 1.2 mil millones de dólares.
El desacato regulatorio y medioambiental de la industria papelera no termina con la tala indiscriminada de bosques nativos en Indonesia. Incluso en el seno de una sociedad medioambientalmente comprometida como lo es la canadiense, se perciben destellos de la falta de compromiso por parte de estos actores. De hecho, las empresas del sector vinculadas a los daños medioambientales en Canadá, guardan una estrecha relación con las compañías acusadas en Indonesia. Este es el caso de Paper Excellence, parte del grupo Sinar Mas y acusada de contribuir a la tala de bosques vírgenes canadienses y a la contaminación de la bahía de Boat Harbour, en Nueva Escocia. Durante años, Northern Pulp, una fábrica de papel propiedad de Paper Excellence, habría contaminado las aguas ancestrales de la comunidad Pictou, al desechar componentes tóxicos y metales pesados como aluminio. Una muestra más de la importancia de cumplir con los compromisos detrás del COP25, puesto son las comunidades más vulnerables las que sufren las peores consecuencias detrás de la desatención medioambiental corporativa.
Mientras tanto, los gobernantes se pasean por ferias internacionales intentando lograr que sus intenciones y su preocupación por el cambio climático resulten creíbles. Lo que difícilmente puedan lograr, si no solucionan antes los problemas que aquejan a sus ciudadanos. Tal como lo expresó Guterres, estamos en guerra contra la naturaleza. Exigir políticas a los gobernantes es vital, pero también lo es la movilización de los consumidores. Las consecuencias del cambio climático están a la vista y se han podido sentir a lo largo del mundo. Los incendios han consumido los bosques desde la Amazonia hasta Indonesia, las inundaciones también han sido protagonistas de este 2019, como así también lo han sido las olas de calor en Europa. Los drásticos cambios son palpables y la concientización sobre esta problemática es cada vez mayor. Es por eso que, los consumidores deben tomar un rol activo y comenzar a exigir a las marcas de consumo que pongan fin a toda actividad que dañe al medio ambiente. Quizás así, los gobiernos entiendan que hay que ponerles un límite a los grandes grupos empresariales.
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