El juez estadounidense John Bates falló esta semana a favor de Michael Townley, ex agente de la CIA y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet en Chile; acusado de haber asesinado al diplomático español Carlos Soria en 1976, por lo que había sido condenado a indemnizar a […]
El juez estadounidense John Bates falló esta semana a favor de Michael Townley, ex agente de la CIA y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet en Chile; acusado de haber asesinado al diplomático español Carlos Soria en 1976, por lo que había sido condenado a indemnizar a la familia por la tortura y muerte de Soria con siete millones de dólares. «No podemos obligar a Michael Townley a pagar», falló Bates, amparándose en que Townley está inserto en el programa de testigos protegidos. Según reveló el diario español El País, el juez de distrito reconoció en una sentencia de 13 páginas que su veredicto «no ayuda en nada» a Laura González-Vera, viuda de Soria, a pesar de que los tribunales habían determinado con anterioridad que Townley debía pagar el dinero.
Según consignó hoy Tiempo Argentino, Townley, de nacionalidad estadounidense, habría además participado en el secuestro y asesinato del diplomático español en 1976. Desde hace más de 30 años, vive en Estados Unidos bajo el programa de testigos protegidos administrado por el Gobierno federal. Antes había pasado cinco años en la cárcel por el asesinato del embajador chileno en Estados Unidos, Orlando Letelier.
El hecho de que esté inscrito en el programa bloquea la información sobre su paradero, posición financiera, actividades, por lo cual se limita la capacidad de los querellantes de forzarlo pagar. Aunque la familia demandó al Gobierno de EE UU para que entregue datos sobre el exagente, hasta ahora la Oficina del Fiscal General ha insistido en que hacerlo pone en riesgo la vida del testigo.
El País relata que en 2005 «los tribunales determinaron que Tonwley debía pagar a González-Vera, pero él se negó. Después de una batalla legal que duró al menos cinco años entregó el primer pago. Pero dejó de hacerlo desde junio de 2013 a enero de 2014».
Por esa razón, la viuda de Soria volvió a demandarlo, pero esta vez el juez Bates respaldó la posición del Gobierno estadounidense: «La Ley de Reforma sobre Seguridad para Testigos no autoriza a los tribunales a interpretar las actividades del fiscal general en relación a una persona protegida». «Resulta peligroso difundir la identidad y ubicación de un testigo protegido, incluso a un guardián», explicó el magistrado.
Ali Beydoun, el abogado en Estados Unidos de la familia del diplomático español fallecido, aseguró que insistirán en que se haga justicia: «Cada vez que hemos ido al tribunal o enviado cartas al Departamento de Justicia nos dicen que el riesgo de seguridad es muy alto. Pero continuaremos pidiéndole a la agencia que considere la injusticia que prevalece en esta situación. No se trata del dinero, sino de que Townley esté en libertad», cita El País.
Carmelo Soria era jefe editorial en la sede de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en Santiago de Chile y militaba en el Partido Comunista de España (PCE). El 14 de julio de 1976 fue secuestrado en la calle por militares vestidos de carabineros, con la excusa de detenerlo por una infracción de tránsito. Fue hallado dos días después de su desaparición, con señales de tortura. Su cadáver fue dejado en la calle, haciendo ver que se trataba de un accidente de tránsio. «Pobre Chile», fueron sus últimas palabras, luego de las horribles torturas que sufrió para que confesara su vínculo con los comunistas chilenos.
El próximo 7 de abril el Tribunal Supremo español decidirá si archiva o no los casos vinculados con «la justicia universal», es decir, la capacidad de los jueces españoles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, entre los que figura el caso del diplomático Carlos Soria. El diario español advierte que la reforma legal promulgada en España el año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy limitó el alcance de la justicia universal. El Supremo deberá deliberar si los tribunales españoles son competentes para investigar estos casos.