Las enmiendas presentadas por el PP a su futura Ley de Seguridad Ciudadana tienen como objetivo a los migrantes, con la legalización de las devoluciones en caliente y la persecución de la venta ambulante. Entre las recientes enmiendas que ha presentado el PP a la Ley de Seguridad Ciudadana, dos de ellas afectan especialmente a […]
Las enmiendas presentadas por el PP a su futura Ley de Seguridad Ciudadana tienen como objetivo a los migrantes, con la legalización de las devoluciones en caliente y la persecución de la venta ambulante.
Entre las recientes enmiendas que ha presentado el PP a la Ley de Seguridad Ciudadana, dos de ellas afectan especialmente a ciudadanos extranjeros: la reforma de la Ley de Extranjería para modificar la regulación de las devoluciones en las fronteras de Ceuta y Melilla y las nuevas y añadidas sanciones a la venta ambulante.
Respecto a la segunda cuestión, el PP plantea sancionar la «ocupación de la vía pública con infracción de la ley», incluyendo aquí la venta ambulante no autorizada y «sin perjuicio de lo que disponga el Código Penal y la normativa autonómica y local«.
Esta enmienda debería retirarse por ilegal, inútil e innecesaria. Ilegal porque vulnera el principio non bis in idem, por el que no se puede sancionar el mismo hecho dos veces (en este caso, tres: normativa de los ayuntamientos, Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal en caso de venta de cd´s, y objetos «de marca»). Inútil porque una queja habitual de los ayuntamientos es que no pueden recaudar una parte importante del importe de las multas por venta ambulante, debido a la insolvencia de los infractores. Innecesaria porque en un país corroído por la corrupción y con un número escandaloso de parados, las personas que no reciben ninguna prestación pueden encontrar en la venta ambulante una vía de escape a la miseria o un alivio mientras les conceden la Renta Mínima en un trámite que dura 15 meses.
En cuanto a la propuesta relativa a las devoluciones de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, hay que destacar que ya existe una normativa aplicable en la Ley de Extranjería y en la normativa europea. Ceuta y Melilla son fronteras exteriores del territorio Schengen y existen unos protocolos de actuación para quien pretenda atravesarlas, que incluyen un procedimiento administrativo y una resolución. De hecho, las prácticas de la Guardia Civil en estas fronteras podrían ser delictivas, como demuestra la reciente imputación por prevaricación del Jefe de la Guardia Civil en Melilla o la apertura de una investigación por la Fiscalía tras el apaleamiento de un ciudadano camerunés en la valla. Este fue inmediatamente devuelto a Marruecos, malherido y sin apertura de procedimiento de devolución alguno.
Igual que en su momento el Ministro del Interior del PSOE dijo que las redadas no existían y además ya se había dado orden de que acabaran (¿?), ahora nos vienen a explicar que las devoluciones en caliente sin garantías son legales y por eso vamos a cambiar la Ley de Extranjería para legalizarlas. Cospedal no lo habría expresado mejor. No puede ser que lo que en Madrid es delito vaya a dejar de serlo en Ceuta y Melilla. Muchos se conformarían con que en las fronteras de estas ciudades se tratara a los inmigrantes, a los menores no acompañados y a los solicitantes de asilo al menos igual que se trata a los turistas en el aeropuerto de Barajas, que es también una frontera exterior del territorio Schengen, aunque el derecho de asilo sea un derecho fundamental y el turismo no.
El PP quiere utilizar su mayoría absoluta en el Congreso para convertir lo delictivo en legal. Si dentro de unos años el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos deciden que efectivamente la pretendida reforma era inconstitucional o vulneraba los derecho fundamentales de los inmigrantes, habrán delinquido «legalmente» unos años, a la vez que habrán generado un sufrimiento innecesario a miles de personas que tratan de franquear la frontera sur europea en busca de asilo político o de una vida mejor.