«Nombrar lo intolerable es en sí mismo la esperanza. Cuando algo se considera intolerable ha de hacerse algo. La acción está sujeta a todas las vicisitudes de la vida. Pero la pura esperanza reside en primer término, en forma misteriosa, en la capacidad de nombrar lo intolerable como tal: y esta capacidad viene de lejos, […]
Resultaba escandaloso que un asunto tan grave, tan criminal, que afectaba tanto y tan intensamente a la salud pública (no solo en lo laboral, aunque principalmente) pudiese pasar sin pena ni gloria, como estaba ocurriendo.
Pero, obviamente, los daños inconmensurables, la organización de los afectados y las respuestas de juzgados, sindicatos, profesionales, ecologistas y estudiosos, no lo podían hacer pasar desapercibido como lo estaba hasta hace muy poco tiempo.
Las cifras de muertes, sufrimientos y días de vida perdidos (Dalys por sus siglas en inglés), que unos y otras, íbamos desvelando, era tremenda. Eran más que accidentes de trabajo anuales y accidentes de tráfico, y más que muchas, casi todas las epidemias conocidas por la humanidad. Más víctimas que en la primera guerra mundial y tantas como en el holocausto. Sin contar con los millones de toneladas instaladas que, como una telaraña global y, digan lo que digan las autoridades, las empresas responsables y los encubridores de los principales criminales (muy pocos, se pueden contar con los dedos de las manos), son una fuente permanente de emisión de fibras microscópicas, cancerígenas del Grupo 1, el más nocivo, y las que producen más cánceres laborales que ninguna otra sustancia con la que se pueda trabajar. Afirmando la OMS y el INSHT que «no se conoce dosis mínima segura». Son, además, eternas y si las seguimos dejando irán lanzando fibras indestructibles a su medio, y solo un proceso de, primero, retirada segura y urgente y, después, de otro de inertización, podremos librarnos de este material. Hablo del amianto. Es eterno e invisible.
Se calcula en 10 millones las muertes, sin contar enfermedades, Dalys, ni contando lo que está provocando el amianto ya instalado, y para los efectos del consumo de solo el siglo XX.
Los últimos trabajos serios de Furuya y otrosi, establecen una correlación de 20 toneladas de consumo de amianto en cualquier país y un caso de muerte. Para el mundo y el siglo XX, esto serían los 200 millones de toneladas divididas por 20, es decir los 10 millones de muertes anunciadas. En España, con iguales presupuestos, sería de 2.6 millones de tm entre 20, es decir 130.000 personas, ya fallecidas o por morir.
Pero estos minerales que se encuentran en algunos de nuestros montes en estado natural, no son los responsables de la masacre. De ella lo son los industriales que lo han acaparado durante 100 años, en un régimen de oligopolio y cartelización, que ha llevado a sus pocos magnates a «disfrutar» de fortunas inmensas. Los dos suizos Schmidheiny pertenecen a los mayores ricos del mundo; los March españoles son la 7ª fortuna de este país, ellos y unas cuantas familias belgas, francesas, austríacas, británicas y de EEUU (amén de los explotadores de la minería de Canadá, antigua URRS, Brasil etc. que andaban coaligados con los industriales) han dominado un negocio casi todo el siglo XX, cuya letalidad estuvieron ocultando más de 50 años, con una formidable conspiración de silencio y una compra suculenta de colaboradores: profesionales, beneficiados, curas, ONGs, científicos, agencias etc.
Según Diamond, «(…) Cuando la élite puede aislarse de las consecuencias de sus actos, es más probable que haga cosas que beneficien a sus miembros con independencia de si esos actos perjudican a los demás»ii. Ha sido el caso. Ha sido la impunidad. Pero, a veces, hay justicia como cree la gente, como necesita la gente
Hace unos pocos de años, ya pudimos ver la siguiente imagen:
La pancarta es muy ilustrativa y sintetiza muy bien el problema: una familia se lucra a base de bien con la vida de sus trabajadores, monta un imperio literalmente; los nombres de ellos son los March y la empresa es Uralita y el producto es el amianto que los mata. Son también el suizo Schmidheiny, condenado a 18 años de cárcel (luego el delito fue prescrito), que irradia dinero a ONGs y personajes influyentes cooptados (incluidos los jesuitas, los de Francisco) para que laven su criminal imagen. De «asesino en serie» la calificó el fiscal de Turín que lo acusó.
Ha llegado la hora de hacer justicias
Pero no solo ha sido Uralita, ha sido la Administración también. Han silenciada casi todas las enfermedades profesionales, que ya estaban en el cuadro de las mismas; han retrasado las sentencias favorables de los juicios; han prolongado las sentencias hasta límites que no han soportado las víctimas. Y los industriales, especialmente Uralita, han contado con la exoneración de sus delitos hasta no hace muchos años. Y en las empresas públicas que han manejado amianto no lo han hecho mejor, como son los casos que nos traen entre manos del Metro, los ferrocarriles, los buques, etc.
Ángel Cárcoba, un luchador incansable en esta causa, relata que «el grupo Uralita logró unos resultados netos de 5.612 millones de pesetas durante 1999, un 32,6% más que el año anterior. En este mismo periodo, varios trabajadores de las factorías de Uralita de Sevilla, Getafe, Alicante y Cerdanyola han muerto sin que se les reconozca que dicha muerte guarda relación con el amianto»iii.
Porque, efectivamente, uno de los despachos más aguerridos contra Uralita ha sido, el Colec-tiu Ronda radicado en Barcelona, y que, según cuenta, dice que: «en 1980 ganaron la primera sentencia contra Uralita en los tribunales. El desaparecido Tribunal Central del Trabajo revocó la sentencia. No por eso cejaron en el empeño. Pero todas las sentencias fueron desestimadas o revocadas por los tribunales hasta llegar a la de S.M. en el año 2007»iv. Con esta sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo civil, se abrió por primera vez la puerta judicial a futuras indemnizaciones. En todo el siglo XX, a efectos de la justicia judicial, se pasó prácticamente inadvertido en todos los tipos de tribunales (laboral, civil, penal y administrativo).
Pues bien, en un resumen de sentencias analizadasv que corresponden al intervalo de 1996 a 2004, se observa que, de las 63 demandas estudiadas, 32 corresponden a solo dos empresas (21 a Uralita y 11 a CAF). Los resultados son claramente diferentes: en Uralita solo dos decisiones judiciales han sido favorables a los demandantes (6.25% del total). Del total de las 63 sentencias contempladas, el 50% han sido desestimadas. En otro trabajo de Azagra en el que se estudian 115 Resoluciones judiciales, que abarcan el periodo que va desde enero de 1996 a julio de 2008, el 61% de las demandas presentadas han sido desestimadas a los demandantes.
Cambio de criterio en el Tribunal Supremo
Como resumen, y tomando el texto de la Sentencia del Tribunal Supremo 8654/2012 Sala de lo Social de Madrid, puesta a instancia de Uralita en casación, podemos leer, de forma muy resumida que:
«En todo caso parece obligado precisar, que si bien inicialmente se había rechazado la existencia de contradicción en la materia de que tratamos [incluso con cita de la misma sentencia de contraste que en autos], posteriormente la Sala ha cambiado de criterio» y toma en cuenta si la empresa para prevenir o evitar el riesgo, como deudora de seguridad, ha puesto todas las medidas necesarias, que ya existían, según esta sentencia, desde 1940 hasta 1971.
En relación con esta importante cuestión relativa a determinar si en la época de prestación de servicios a la empresa existía o no una normativa (…) son destacables las siguientes normas: Orden 31-enero-1940; Orden 7-marzo-1941; Decreto de 10-enero-1947; Decreto de 26-julio-1957; Decreto 792/1961 de 13-abril; Decreto 2414/1961, de 30-noviembre; Orden de 12-enero-1963 y Orden de 9-marzo-1971″.
(…) la responsabilidad derivada de un incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede ser enervada … demostrando que actuó con la debida diligencia, más allá incluso de las meras exigencias reglamentarias».
FALLAMOS. Desestimamos los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por la representación de «URALITA, S.A.»
Al existir las normas, el TS dice que «de haberse cumplido las medidas preventivas se hubiese podido prevenir, impedir o al menos disminuir los efectos perniciosos del agente (amianto) que enfermó al trabajador».
Después de estas y otras sentencias posteriores, Uralita tiene muy poco que hacer. Va perdiendo una a una todas las demandas que las víctimas, de manera adecuada en tiempo y forma, les van poniendo. Y ya están ayudadas por sus asociaciones que cuentan con juristas expertos.
Este ha sido un cambio esencial en los últimos diez años, amén de la proliferación de asociaciones de víctimas y afectados expuestos. Es una batalla, en parte, ganada.
Taller de Renfe en Málaga y los trabajadores del Ferrocarril
En esta ciudad, como en muchas otras, la empresa pública conocida como Renfe ha tenido muchos establecimientos de reparación de máquinas y vagones de ferrocarril, que pasaban por sus establecimientos para someterlos a una revisión a fondo. Hubo en su momento más de 400 trabajadores, quedando hoy solo 200. El problema es que había en algunos vagones amianto de diversos tipos, y en partes distintas de los convoyes, como hemos podido ver en los Metros de Madrid y Barcelona. Estaba el amianto blanco y azul en aislamientos, en frenos, en techos, etc.
Y durante tiempo los trabajadores estuvieron manejando estas unidades con muy pocas o ninguna medida de protección, en todo caso la empresa no precavía suficientemente su deber de seguridad, como nos enseña la doctrina de Tribunal Supremo. De hecho, aún hoy mismo, los talleres siguen cubiertos con uralitas a pesar de las muchas reclamaciones de sus empleados. Tendría la empresa que haber actuado por encima de las normas reglamentarias específicas al amianto y ateniéndose a normativa que desde 1941 estaba operativa, como hemos visto. Son responsables. Los trabajadores ya saben acerca del amianto y se organizan para que las cosas no quedan como hasta ahora en la impunidad y el desamparo. Y así está siendo como vemos y leemos en la siguiente imagen:
Pero como hemos dicho, hay muchos de estos talleres y material fijo y rodante en las dependencias de Renfe, Metro, CAF, etc.; estamos en la eclosión de la curva hacia arriba de los mesoteliomas (la enfermedad más característica del amianto) y está explosionando, unido a que los trabajadores y la ciudadanía va teniendo cada vez más conciencia de su letalidad y del crimen que ha representado esta inmensa conspiración del silencio y, el no menos mastodóntica, negocio de unos pocos contra muchos.
El escándalo de los Metros, al que se están uniendo los trabajadores de las empresas Auxiliares del Ferrocarril (CAF), está formando un núcleo de reivindicación cada vez mejor estructurado y que promete ir uniendo a los otros sectores a medida que se den cuenta de lo que nos traemos todos y todas entre manos y exijan una solución completa. Ha sido el caso de los Colegios, que ya lograron en Andalucía su desamiantado seguro y que sigue en otras Comunidades.
Por ello, se anuncian nuevas olas de huelga con un pliego concreto de reivindicaciones de los más sensato y solidario.
El programa de lucha se concreta en los diez siguientes puntos, que resumidos son los siguientes:
1º La constitución legal del Fondo de Compensación/indemnización para trabajadores
2ª Realizar un Censo de personas que hayan estado expuestas al amianto en todos los ámbitos. Y de empresas que lo hayan usado.
3º Declaración de enfermedades de amianto sin necesidad de ir a juicio.
4ª Que se active y financie activamente la vía de la investigación médico para atajar las afecciones.
5ª Que se apliquen coeficientes reductores para la jubilación a las personas expuestas, además de adelantar la jubilación laboral de los trabajadores enfermos.
6º Tratamiento del amianto como un problema de salud pública.
7º Registro de enfermedades derivadas del amianto y de empresas que han trabajado con amianto.
8º Desamiantado controlado (y seguro) del amianto existente y la adecuada gestión de los residuos.
9º Programa de detección de patologías derivadas del amianto en los Servicios Públicos de Salud.
10ª Cumplimiento de los Planes aprobados de Vigilancia Sanitaria Específicas a las /os trabajadoras/os expuestas al asbesto, por parte de empresas y servicios públicos de salud.
Esto ha sido suscrito por ocho secciones sindicales de Metros de diferentes regiones y de varios centros CAF (Construcciones Auxiliar de Ferrocarriles), que han invitado a parar el próximo día 24 de mayo.
Conclusión
Esta es una lucha que no va a pararse. Primero porque ya se ha exacerbado y tocan las épocas en que más patente será el daño del amianto y las angustias de padres, trabajadores y ciudadanos por convivir con él. Más, sabiendo que el propio Parlamento Europeo, en 2013, se pronunció terminantemente sobre la erradicación del amianto y la justicia para las víctimas y responsables. Ya conocemos que la Comisión Europea ha librado fondos para hacer el desamiantado seguro de los países de la Unión. Hay que hacer planes nacionales para solicitarlo.
Segundo, hay que decir que a las peticiones de los ferroviarios les faltan dos capítulos. Uno relativo a los Suburbanos. Ya lo hemos dicho, se trata de limpiar el Metro en su interior por medio de sistemas de extracción de fibras, adecuados. Lo aconseja el sentido común y el principio de precaución.
El otro capítulo, es uno que lo abarque todo. Se trata de hacer una Ley Integral del Amianto en el Congreso que recoja toda la normativa, mejorándola, y aborde todos los aspectos que se necesitan considerar, incluida la solidaridad internacional.
Para el grave problema del amianto hay solución.
Referencias
i Sugio Furuya 1, Odgerel Chimed-Ochir 2, Ken Takahashi 3, Annette David 4 and Jukka Takala 5: Global Asbestos Disaster Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(5).
ii Diamond, J. (2005). «Colapso: ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen?».
iii Cárcoba, A. (2000), El amianto en España, CCOO, ediciones GPS, p.11
iv Atienza, S. (2008), La fibra asesina. El amianto, Col-lectiu Ronda, p.58 y 77
v Azagra, A. (2007) En CCOO Andalucía (2007), Amianto: impactos sobre la salud y el medio ambiente, Azagra, A, y Gili, M «Guía InDret de jurisprudencia sobre responsabilidad civil por daños con amianto» pp 108-122 y Azagra, A. (2008), «Compensación de las víctimas del amianto en España», en Gestión de Riesgos, Boletín nº 102, de la Fundación Mapfre.
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