La nueva batalla legal contra el racismo en Texas

Una de las muchas actividades a favor de los migrantes en el sureño estado de Texas, en Estados Unidos. Crédito Arturo Contreras Camero/EnelCamino

AUSTIN, Estados Unidos, 12 jun 2017 (IPS) – Cuatro condados son la punta de lanza en la pelea legal por los derechos de millones de latinos en el estado de Texas, en Estados Unidos. Esas cuatro localidades presentaron tres demandas en contra del gobierno estadal por la aprobación de la ley SB4, que busca aumentar la fuerza de deportación.

La ‘Ley muestra tus papeles’, que entrará en vigor el primero de septiembre, obliga a policías locales y estadales a adoptar tareas de agentes federales de migración, como pedir papeles que acrediten su estancia en Estados Unidos.

De acuerdo con los demandantes, la aplicación de la nueva norma podría desatar actos discriminatorios y prejuicios raciales en contra de los más de 10 millones de habitantes latinos en el estado.

«Esta ley es un ataque frontal contra los inmigrantes y sus familias, es un intento de reclutar la fuerza de deportación al convertir a todos los policías en agentes de migración, violan el debido proceso, violan la igual protección de las leyes», explica Efrén C. Olivares, abogado defensor del Proyecto Organizativo de Texas, una de las agrupaciones civiles que demandaron al gobierno del estado.

Por eso, cuatro alcaldes, dos alguaciles y cinco organizaciones no gubernamentales tomaron acciones legales en contra de la SB4 bajo el argumento de que la nueva legislación atenta contra la separación de poderes local, estadal y federal.

Los demandantes no esperan que un juez federal dé un veredicto aprobando o rechazando la ley; más bien esperan una suspensión temporal en lo que dura el caso, porque la entrada en vigor de la ley podría afectar las libertades civiles de millones de ciudadanos; un problema que buscan atender inmediatamente.

«Cuando hay una demanda compleja, pero hay un tema urgente, le pedimos al juez que, como se va a tardar la resolución, que suspenda una sección de la ley, en lo que nos ponemos de acuerdo. Hay que convencer al juez y es una pelea con el juez. Nosotros vamos a pedir que se suspenda toda la ley, pero él puede escoger solo algunos artículos», agrega Olivares.

Los efectos de la ley pueden ser tan fuertes que hay migrantes indocumentados que podrían dejar de salir de sus casas o perder acceso a programas sociales y de asistencia que el gobierno les hace llegar a través de distintas organizaciones no gubernamentales, como cuenta Angela-Jo Touza Medina, directora de la Asociación de Mujeres Jóvenes Cristianas de Greater Austin.

«Es miedo a las redadas, básicamente. Que haya una reunión, en la organización en la que trabajo yo, por ejemplo, que somos un centro de salud mental y que la gente no venga por miedo a que, bueno, la policía sabe que está este grupo aquí, qué tal que están fuera esperándolos, ese tipo de miedo».

Sin embargo, las comunidades inmigrantes no son los únicos afectados, sino también los policías locales, quienes, de negarse a acatar la SB4, podrían enfrentar la destitución de su cargo.

«Esta ley dice claramente, que, si los oficiales no respetan esta ley, nosotros somos los que vamos a ser multados o mandados a la cárcel», dice casi gritando Tom Scherber, el alguacil de Eagle Pass en el condado de Maverick, quien firma una de las demandas.

Él es parte de un puñado de alguaciles en Texas que se niegan a hacer las veces de agentes de migración, pues alejaría a la gente de la policía, socavaría su confianza, lo que crearía el ambiente perfecto para que haya más crímenes.

«Yo lo que estoy rechazando es que mis oficiales, incluido yo, no vamos a hacer trabajo de inmigración en las calles. ¡Nada de eso! No vamos a arrestar gente porque vaya caminando y le preguntemos de qué país es y si trae documentos», añade el alguacil en un español golpeado, con acento norteño.

Estas demandas legales son la última herramienta de protección de varios condados que albergan grandes comunidades latinas ante la ley de un gobierno que se ha mostrado agresivo con quienes desafían sus decisiones.

Como las represalias que tomó el gobernador Greg Abbott en contra del alguacil del condado de Travis, en donde se encuentra la capital del estado, Austin.

Cuando la SB4 apenas era una propuesta en el congreso estatal, la sheriff Sally Hernandez anunció que no estaba de acuerdo con ella y que buscaría una manera de evadir su puesta en acción. Como respuesta, el gobierno estatal cortó un millón y medio de fondos para la policía a cargo de Hernández.

Este es un panorama que los demandantes y sus abogados tienen claro, como Jose Garza, el abogado que lidera la demanda que interpuso el condado de El Paso:

«Siempre está ese peligro con la gente que lidera Texas, que la gente que no esté de acuerdo con ellos sea castigada», por lo tanto, él considera que la única manera de defenderse es la demanda. «Lo que pedimos es que un juez federal revise los peligros potenciales que la ley representa para las personas, un juez que hará una evaluación independiente de la ley. Creemos que desafiar la ley es la mejor manera de proteger al condado y a sus residentes».

Sin embargo, el gobierno estadal tenía presente la posibilidad de enfrentar resistencia, civil y legal ante la SB4. Por eso, un día después de que el gobernador firmara la ley, el fiscal del estado, el general Ken Paxton, levantó una demanda en contra del alcalde de la ciudad de Austin, Steve Adler; de la alguacil Hernandez y de los 10 concejales de la ciudad por anunciar que no acatarían una ley que aún no entra en vigor.

La rápida movida del gobierno estadal parece ridícula, explica Efrén Olivares, director del programa de justicia racial y económica del Proyecto por los derechos civiles de Texas, pero tiene un truco escondido. La táctica de Paxton busca que un juez federal declare como constitucional la nueva ley.

«Ellos entablaron una demanda que declara que la ley es constitucional, cuando el estado promulga una ley, uno quiere sobreentender que aprueban algo que es constitucional. Ahora lo que están intentando, es que un juez federal diga que lo que aprobaron no va contra la constitución», dice.

Olivares describe estas tácticas como propias de un sistema totalitario, «esto se ve en dictaduras, no en democracias libres».

A pesar de enfrentar a un gobierno con esas características, la gente que lucha con los litigios no tiene miedo de más represalias, como cuenta Martha Sánchez, vocera y coordinadora de trabajo comunitario para La Unión del Pueblo Entero, una organización de migrantes en el área de Brownsville, al sur del estado que elevó otra de las demandas en conjunto con la ciudad de San Antonio.

«Ya estamos bien castigados por el gobernador aquí, nunca tiene trato con esta área. En cambio, tenemos mucha gente vigilándonos, los que monitorean el ‘highway’ (autopista) y los que monitorean la frontera, tenemos mucha vigilancia, acosan a la gente de las áreas rurales, nosotros tenemos el yugo ya muy fuerte. Y (el gobernador) Gregg Abbott ya pidió más dinero para esto», explica.

Esta lucha es el resultado del trabajo de organizaciones sociales que representan a un grupo de migrantes que históricamente no se había sabido coordinar para trabajar en conjunto. Ahora, caen en cuenta que estas leyes y estas acciones no afectan solo a los migrantes hispanos, sino a todas las minorías, y están dispuestos a hacerle frente.

Este artículo fue originalmente publicado por En el Camino, un proyecto dePeriodistas de a Pie . IPS-Inter Press Service tiene un acuerdo especial con Periodistas de a Pie para la difusión de sus materiales.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/06/la-nueva-batalla-legal-contra-el-racismo-en-texas/