En la reunión inaugural de su autodenominada Junta de Paz a principios de este mes Donald Trump declaró la paz en Oriente Medio y, al mismo tiempo, amenazó con sumir a la región en un conflicto devastador al atacar de nuevo a Irán. En menos de diez días, Trump ha cumplido su promesa y, en colaboración con Israel, ha lanzado una amplia campaña de ataques aéreos mortíferos en Irán que han sumido a Oriente Medio en una guerra regional.
Fue una de las numerosas incongruencias que surgieron durante la extraña primera reunión de las Naciones Unidas de Trump.
«En términos de prestigio, nunca ha habido nada parecido, porque se trata de los líderes mundiales más importantes, casi todo el mundo lo ha aceptado y los que no lo han hecho, lo harán», proclamó Trump antes de agarrar un diminuto mazo dorado y dar por concluido el cónclave al son de «Y.M.C.A.» del Village People. El secretario de Estado Marco Rubio, miembro de la junta ejecutiva del grupo, se veía de pie solo al fondo mientras Trump saludaba efusivamente a algunos de los líderes mundiales reunidos. Rubio se escabulló antes de que comenzara a sonar el éxito de Laura Branigan de 1982: «Gloria».
Un análisis de The Intercept ha revelado que todos los Estados miembros de la Junta de Paz han sido reprendidos por violaciones de los derechos humanos, muchos de ellos por el propio Departamento de Estado de Rubio. Los que actualmente no figuran en la lista del Departamento de Estado, tras un encubrimiento en 2025 de los informes sobre derechos humanos de los países que protegía a los aliados de Trump frente a evaluaciones honestas, habían sido citados anteriormente por el departamento.
Concebida originalmente como un medio para supervisar el inestable plan de paz de Gaza, Trump ha reconvertido la Junta de Paz en un organismo internacional bajo su control y dirección, dedicado, al parecer, a poner fin o prevenir guerras. «Quizás también demos un paso más allá cuando veamos puntos conflictivos en todo el mundo», decretó Trump. «Ayudaremos a Gaza, la enderezaremos, la haremos prosperar, la haremos pacífica, y haremos cosas así en otros lugares».
Trump incluso sugirió que su grupo supervisaría a la ONU. «La Junta de Paz va a supervisar casi a las Naciones Unidas y asegurarse de que funcionan correctamente», dijo Trump.
Como presidente de la Junta de Paz, con nombramiento vitalicio, Trump determina la composición del consejo, elige la junta ejecutiva y tiene la última palabra en todos los asuntos, porque «las decisiones se tomarán por mayoría de los Estados miembros presentes y votantes, con sujeción a la aprobación del presidente», según los estatutos de la Junta. Como presidente, Trump es también la «autoridad definitiva en cuanto al significado, la interpretación y la aplicación» de los estatutos. Cualquier modificación de los estatutos también debe contar con el visto bueno de Trump.
Trump controla las finanzas de la Junta en su calidad de presidente, creando lo que parece ser un fondo para gastos discrecionales de proporciones internacionales. Una contribución de 1.000 millones de dólares garantiza la pertenencia permanente a la Junta, mientras que un nombramiento para tres años no requiere de ningún pago. Trump afirmó que también había obtenido promesas de más de 7.000 millones de dólares de nueve países, aunque los documentos de la Junta de Paz muestran que sólo ocho países firmaron formalmente un compromiso de «intención de contribuir con fondos a la Junta de Paz». Por su parte, Trump prometió desviar fondos públicos estadounidenses —al menos 10.000 millones de dólares— a las arcas de la Junta. A su vez, la Junta de Paz anunció «más de 15.000 millones de dólares en compromisos de financiación» para «actividades de ayuda humanitaria y reconstrucción» en Gaza.
Los estatutos de la Junta establecen que puede adquirir y enajenar «bienes muebles e inmuebles, iniciar procedimientos judiciales, abrir cuentas bancarias, recibir y desembolsar fondos públicos y privados, y contratar personal». Como presidente, Trump tiene «autoridad exclusiva para crear, modificar o disolver entidades subsidiarias según sea necesario o apropiado para cumplir la misión de la Junta de Paz». Aún no está claro cómo se gastarán todos los fondos de la Junta y si habrá una supervisión significativa de las finanzas de la misma. La junta ejecutiva —que Trump elige y controla— proporciona «mecanismos de supervisión con respecto a los presupuestos, las cuentas financieras y los desembolsos», según los estatutos.
La Junta afirma que el Fondo para la Reconstrucción y el Desarrollo de Gaza, administrado por el Banco Mundial, «funcionará bajo controles fiduciarios definidos, en consonancia con las mejores prácticas mundiales», y que «una infraestructura digital basada en la inteligencia artificial respaldará la transparencia en las adquisiciones y transformará Gaza en una economía moderna, reduciendo el riesgo de corrupción y garantizando una gestión responsable del capital destinado a la reconstrucción en beneficio de los residentes de Gaza».
Aliados tradicionales de Estados Unidos como el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia y Ucrania han rechazado formar parte de la Junta de Paz. Sin embargo, el Reino Unido, Italia, la Unión Europea y otros 20 países asistieron a la reunión inaugural de la Junta de Paz en calidad de observadores.
Además de Trump, Rubio, el vicepresidente JD Vance, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, el yerno de Trump y consejero diplomático Jared Kushner y el socio negociador de Kushner y amigo de Trump, Steve Witkoff, numerosos líderes mundiales se unieron a la reunión inaugural como representantes de sus países en la Junta. Entre ellos se encontraban el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el presidente argentino, Javier Milei, ambos aliados acérrimos de Trump y conocidos autoritarios. A ellos y a otros líderes se les obsequió con gorras rojas al estilo MAGA con la inscripción «USA».
Trump dijo que otras «grandes juntas» eran «insignificantes» porque, a diferencia de otros órganos de gobierno, casi todos los miembros de su Junta de Paz eran «jefes de Estado». Mientras que la junta ejecutiva —que incluye a Trump, Rubio, Kushner y Witkoff, entre otros— está formada por individuos, la Junta de Paz en sí está compuesta por Estados miembros. Constituyen un auténtico quién es quién de los malos actores globales.
Rusia y China, adversarios históricos de Estados Unidos y ambos violadores sistemáticos de los derechos humanos, han sido invitados a unirse. Aunque estas potencias aún no se han adherido, actualmente hay 28 miembros en la Junta de Paz, según su nueva página web:
País miembro Título Nombre
Albania Primer ministro Edi Rama
Argentina Presidente Javier Milei
Armenia Primer ministro Nikol Pashinyan
Azerbaiyán Presidente Ilham Aliyev
Bahrein Rey Hamad bin Isa Al Khalifa
Bielorrusia Presidente Alyaksandr Lukashenka
Bulgaria Presidenta Iliana Iotova
Camboya Primer Ministro Hun Manet
Egipto Presidente Abdel Fattah el-Sisi
El Salvador Presidente Nayib Bukele
Hungría Primer Ministro Viktor Orbán
Indonesia Presidente Prabowo Subianto
Israel Primer Ministro Benjamin Netanyahu
Jordan Rey Abdullah II
Kazajistán Presidente Kassym-Jomart Tokayev
Kosovo Presidenta Vjosa Osmani
Kuwait Emir Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
Mongolia Presidente Khurelsukh Ukhnaa
Marruecos Primer ministro Aziz Akhannouch
Paraguay Presidente Santiago Peña
Catar Emir Tamim bin Hamad Al Thani
Arabia Saudí Príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman
Turquía Presidente Recep Tayyip Erdoğan
EAU Presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan
EE. UU. Presidente Donald J. Trump
Uzbekistán Presidente Shavkat Mirziyoyev
Vietnam Secretario general Tô Lâm
(Fuente: boardofpeace.org/heads-of-state)
Todos los Estados miembros aparecen citados por abusos contra los derechos humanos en los dos últimos informes anuales sobre derechos humanos del Departamento de Estado, incluyendo algunas de las violaciones más graves posibles.
El año pasado, el Departamento de Estado de Rubio publicó informes sobre derechos humanos edulcorados que minimizaban los abusos. Pero los análisis seguían citando acusaciones contra 23 de los 27 Estados miembros extranjeros de la Junta de Paz por los que posiblemente sean los peores crímenes: asesinatos ilegales o arbitrarios o tortura. Si se incluyen los últimos informes de la era Biden, el número asciende a 25. Los miembros de la Junta de Trump se encuentran, de hecho, entre los peores violadores de los derechos humanos del planeta, entre los que destacan Bielorrusia, Israel y Arabia Saudí.
El Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a las múltiples solicitudes de comentarios. La Junta de Paz no respondió a una solicitud de información de contacto de asuntos públicos.
Un informe publicado el verano pasado por el Departamento de Estado de Rubio criticaba al Reino de Arabia Saudí por «importantes problemas de derechos humanos», entre los que se incluyen informes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales; desapariciones; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y detenciones y arrestos arbitrarios, entre muchas otras violaciones. «El Gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos de forma verificable», según ese informe.
Incluso el Departamento de Estado de Rubio hizo referencia a informes que indicaban que Israel había llevado a cabo «asesinatos arbitrarios o ilegales», así como «graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación». Una comisión de las Naciones Unidas que investigaba la guerra en Gaza fue más allá y estableció que Israel estaba cometiendo genocidio contra los palestinos. «Está claro que existe la intención de destruir a los palestinos en Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio», afirmó Navi Pillay, presidenta de la comisión, el pasado mes de septiembre. «La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes de más alto rango, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza».
Bielorrusia es otro país miembro de la Junta de Paz tremendamente opresivo. Freedom House, una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y obtiene la mayor parte de su financiación del Gobierno de los Estados Unidos, califica a ese país de «Estado autoritario en el que las elecciones están abiertamente amañadas y las libertades civiles están severamente restringidas». El grupo señaló que las fuerzas de seguridad de la nación de Europa del Este «han agredido violentamente y detenido arbitrariamente a periodistas y ciudadanos comunes que desafían el régimen de Alyaksandr Lukashenka». El año pasado, el Departamento de Estado también denunció a Bielorrusia por una serie de abusos, entre ellos «tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; tratamientos médicos o psicológicos involuntarios o coercitivos».
«La guerra es la paz» era uno de los lemas que figuraban en la fachada del Ministerio de la Verdad, en la novela distópica de George Orwell «1984». La Junta de Paz de Trump ejemplifica este mismo pensamiento doble orwelliano en el que se presentan como verdaderas ideas contradictorias. La inclusión de Israel y Bielorrusia en la Junta, por ejemplo, pone de relieve la sorprendente desconexión entre la liga de naciones canallas de Trump y su propósito declarado.
«Lo que estamos haciendo es muy sencillo. Paz. Se llama Junta de Paz y se trata de una palabra fácil de decir, pero difícil de conseguir: paz, pero la vamos a conseguir», dijo Trump en la reunión del 19 de febrero. Pero la Junta de la Paz está llena de belicistas denunciados incluso por el Departamento de Estado de Rubio. Por ejemplo, acusó a Bielorrusia de crímenes de guerra, incluidos «graves abusos en un conflicto, relacionados con la complicidad de Bielorrusiaen la guerra de Rusia contra Ucrania»; a Indonesia por «asesinatos arbitrarios o ilegales» en «operaciones de contrainsurgencia contra grupos separatistas armados»; a Israel por «operaciones militares continuadas a gran escala en la densamente poblada Gaza»; Pakistán por «graves abusos en un conflicto»; y Turquíapor «el reclutamiento o la utilización ilegal de niños en conflictos armados por parte de grupos armados apoyados por el Gobierno fuera del país».
Sin embargo, el mayor enemigo de la paz en la Junta es Estados Unidos. Aunque Trump afirmó en la reunión inaugural que «no hay nada más importante que la paz», durante su segundo mandato ya ha lanzado ataques contra Iraq, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela, Yemen, civiles en embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico y, este fin de semana, Irán.
La administración Trump también afirma estar en guerra con al menos 24 cárteles y bandas criminales que no nombra, y ha amenazado también a Colombia, Cuba, Groenlandia, Islandia y México.
«Ahora mismo tenemos paz en Oriente Medio», declaró Trump en su incoherente discurso, durante el cual también amenazó con volver a atacar Irán para acabar con un programa nuclear que, según él, ya había sido «totalmente destruido».
Una encuesta realizada en 2025 en 25 países de todo el mundo reveló que la población de 17 de ellos consideraba a Estados Unidos como la primera o la segunda mayor amenaza internacional para su país, incluidos los vecinos de Estados Unidos, Canadá (59%) y México (68%). Este mismo mes, una encuesta realizada por el Instituto Allensbach, una empresa de estudios de mercado, reveló que los alemanes consideran a Estados Unidos la segunda mayor amenaza para la paz mundial, por delante de China y muy cerca de Rusia.
Nick Turse informa sobre cuestiones de seguridad nacional y política exterior. Su último libro es “Next Time They’ll Come to Count the Dead: War and Survival in South Sudan” y, con anterioridad, “Tomorrow’s Battlefield: U.S. Proxy Wars and Secret Ops in Africa” y “Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam”. Ha escrito para el New York Times, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, The Nation y Village Voice, entre otras publicaciones. Ha recibido el premio Ridenhour de periodismo de investigación, el premio James Aronson de periodismo sobre justicia social y una beca Guggenheim.
Texto en inglés: The Intercept, traducido por Sinfo Fernández.