Traducido por Mabel Rivas González del Equipo de Traductores de Rebelión y Cubadebate
Durante nueve meses, Riyadh Lafta, profesor de medicina del Iraq, trató de obtener una visa para visitar la Universidad de Washington, lugar al que se le había invitado a compartir su investigación sobre las tasas de cáncer inusualmente elevadas entre los niños en la región meridional del Iraq.
Ahora bien, el pasado mes de marzo, al ver que la visa no llegaba, a la institución estadounidense se le ocurrió un plan alternativo. El Sr. Lafta impartiría su conferencia en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Columbia Británica, y sería transmitida por vídeo ante una reunión pública programada desde hacía tiempo a tal efecto en Washington.
Sin embargo, el día antes de este vuelo a mediados de abril, el consulado británico en Amán, Jordania, rechazó su solicitud de visa de tránsito para cambiar de avión en el Aeropuerto Heathrow de Londres. De modo que el Sr. Lafta, profesor de la Universidad Al-Mustansiriya de Bagdad, tuvo que hacer el largo y peligroso viaje de regreso a la capital iraquí.
Sus colegas investigadores estadounidenses dicen que creen saber por qué jamás recibió la visa de los Estados Unidos: El iraquí fue uno de los principales autores de un estudio publicado en de octubre de 2006 en la revista médica británica (British medical journal) The Lancet, en el que se estimó controvertidamente que más de 650 000 iraquíes –muchos más de los reportados oficialmente- habían muerto como resultado de la invasión dirigida por los Estados Unidos.
Algunos grupos de académicos y de libertades civiles dicen que si bien el caso del Sr. LAFTA es inquietante, no es el único. Afirman que aproximadamente durante el ultimo año, la administración Bush ha venido recurriendo cada vez más al reforzamiento de las medidas de seguridad, introducidas después de los ataques terroristas del año 2001, a fin de mantener alejados a los especialistas extranjeros cuyas políticas o ideas no le agradan. Según los defensores académicos, en esos casos, el gobierno no explica sus razones para denegar las visas, lo que hace que sea casi imposible impugnar la decisión.
«Cada nuevo caso parece poner de manifiesto las dudas de que la administración tenga algún fundamento de seguridad justificable» para excluir a los especialistas, dice Jonathan Knight, director del programa sobre libertad académica y titularidad de la Asociación Americana de Profesores de la Universidad (American Association of University Professors).
Según esos grupos, esa práctica no solo perjudica a los especialistas en cuestión, sino que daña también la reputación de los Estados Unidos en lo referente a la libertad académica. Algunas asociaciones académicas se han visto obligadas a trasladar el lugar de sus reuniones hacia el Canadá a fin de garantizar la asistencia de los miembros procedentes de otros países. También informan que los Estados Unidos se han convertido en un destino menos atractivo para especialistas extranjeros.
Barbara Weinstein, presidenta de la Asociación Americana de Historia (American Historical Association) integrada por 14 000 miembros, dice: «Hay muchas personas que sencillamente no piensan en enseñar ni en asistir a una conferencia en los Estados Unidos porque no quieren tener que soportar la humillación del proceso de obtención de la visa».
Denegación oficial
Cuando se preguntó a funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca del caso del Sr. Lafta, negaron que el gobierno hubiera denegado oficialmente la entrada del profesor iraquí, y dijeron que sencillamente no pudieron localizarlo cuando la visa estuvo lista el otoño pasado. Sus colegas estadounidenses consideran que la explicación no es plausible, pues aducen que varias veces establecieron contacto, en nombre del Sr. LAFTA, con los funcionarios estadounidenses encargados de las visas, pero que no obtuvieron resultado alguno.
El Departamento de Estado, que es el encargado de emitir las visas, se negó a ser entrevistado en relación con este artículo. Empero, en un mensaje por correo electrónico, un funcionario del departamento, quien pidió que no se revelara su identidad porque no estaba autorizado a hablar sobre esta cuestión, dijo que si bien el gobierno tiene en cuenta factores como la seguridad nacional y la política exterior, a nadie se le había denegado una visa «debido a ninguna expresión de los criterios del solicitante.»
Entre los especialistas a los que se les ha prohibido la entrada recientemente debido a sus opiniones políticas cabe mencionar a Adam Habib, prominente politólogo sudafricano, y Yoannis Milios, izquierdista griego experto en economía política. A ambos se les revocó la visa a su llegada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York para asistir a encuentros académicos, y ambos dicen que fueron interrogados acerca de sus opiniones políticas antes de enviarlos en otros vuelos de regreso a sus países de origen.
A otros científicos y profesores de ciencias sociales de diversos países, como Bolivia, el Canadá, y Suiza, se les ha impedido asistir a conferencias académicas u ocupar puestos docentes en los Estados Unidos. Muchos de esos especialistas visitaban frecuentemente a los Estados Unidos antes de que súbitamente se les declarara indeseables. En los últimos tres años parece haber una prohibición de facto en el caso de la mayoría de los especialistas procedentes de Cuba.
Las asociaciones académicas han emitido protestas en una docena de casos aproximadamente. Los grupos dicen que puesto que el gobierno no publica las cifras, es difícil saber la verdadera cantidad de especialistas que no han dejado entrar.
Impugnación al gobierno
En dos o tres casos, los funcionarios estadounidenses se refieren vagamente a una amenaza a la seguridad. Empero, para frustración de los simpatizantes de los especialistas, el gobierno no suele dar ninguna razón para excluir a los especialistas. Sin embargo, los críticos consideran que el motivo es político y no por razones de seguridad.
«Como todo está bajo un manto de secreto», dice Melissa Goodman, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), «pueden dejar fuera a las personas cuyos criterios no quieren que el pueblo [estadounidense] escuche.»
Según los defensores académicos, el secreto también imposibilita totalmente impugnar las exclusiones que parecen ser simples errores. Por ejemplo, Nalini Ghuman, ciudadana británica quien ha vivido durante los últimos 10 años en los Estados Unidos y es profesora adjunta de música en el Mills College, fue enviada de vuelta a Gran Bretaña el pasado mes de agosto, ocho horas después de haber regresado de una visita de investigación a ese país. Si bien tanto ella como su institución están convencidos de que le cancelaron la visa por error, no han podido obtener ninguna explicación de las autoridades de los Estados Unidos.
«Estamos desconcertados», dice Robert F. Judd, director ejecutivo de la Sociedad Americana de Música (American Musicological Society), quien recientemente emitió una declaración pública en nombre de la Sra. Ghuman. «No sabemos cómo proceder con esto.»
Los opositores de la política del gobierno han logrado obtener pequeñas concesiones de las autoridades por conducto de demandas entabladas en dos de los casos que han tenido mayor publicidad. En una demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de diversos grupos académicos, se impugnó el uso por parte del gobierno de la llamada cláusula de exclusión por motivos ideológicos de la Ley Patriota (Patriot Act) de los Estados Unidos para excluir a Tariq Ramadan. Al prominente especialista suizo del Islam se le había revocado su visa en 2004, por lo que no pudo desempeñar un puesto docente en la Universidad de Notre Dame. A la sazón, los funcionarios estadounidenses invocaron una disposición de la ley que les permite denegar la visa a cualquier persona que «refrende o apoye actividades terroristas» o «convenza a otros» a hacerlo.
Ahora bien, tras el fallo de un juez federal el verano pasado de que el gobierno tenía que dar una explicación, las autoridades presentaron una nueva razón: donaciones por un total de alrededor de 800 dólares que él había hecho a dos grupos europeos que prestaban asistencia humanitaria a los palestinos. Posteriormente la administración Bush colocó a los dos grupos en la lista negra por presuntamente prestar «apoyo material» a Hamas, principal asociado en la Autoridad Palestina.
En el otro caso, en mayo, el Departamento de Seguridad Interna finalmente aprobó una solicitud de visa para empleo que había sido presentada hacía casi dos años por la Universidad de Nebraska en Lincoln para un historiador boliviano, Waskar T. Ari Chachaki. La aprobación se produjo poco después de que la universidad presentara una demanda para obligor al gobierno a responder a la solicitud.
La aprobación simplemente significa que el Sr. Ari, indio aymara y experto en las poblaciones indígenas de los Andes, puede solicitar una visa para trabajar como profesor adjunto de historia y estudios étnicos en Nebraska. El gobierno jamás dio una razón por no haber respondido antes. Empero, algunos académicos especulan que tal vez haya sido para mostrar su desagrado con el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien también es aymara y ha criticado la política de los Estados Unidos hacia los cultivos de coca de su país.
¿Lograr un equilibrio?
Al preguntarle acerca del caso del Sr. Ramadan el pasado mes de diciembre, Karen Hughes, subsecretaria de estado para la diplomacia pública y los asuntos públicos, dijo que el objetivo de la administración era lograr «un equilibrio entre nuestras actuales regulaciones en materia de seguridad y nuestro deseo de seguir siendo un país acogedor.»
Los críticos dicen que el gobierno no ha encontrado ese equilibrio. La Sra. Weinstein, de la Asociación Americana de Historia, dice que al excluir a los especialistas extranjeros quienes podrían ayudar a los estadounidenses a entender las fuentes de las tensiones internacionales, la política «hace que tengamos menos seguridad.»
En los primeros años después de los ataques terroristas de 2001,, los especialistas en esferas científicas y técnicas fueron objeto especialmente de largas demoras e interminables controles de seguridad. Según funcionarios del mundo académico, los problemas para ellos han disminuido considerablemente en los dos últimos años. Así y todo, las asociaciones de ciencias sociales dicen que para sus miembros extranjeros los problemas persisten.
Carol L. Martin, directora ejecutiva de la Asociación de Estudios Africanos (African Studies Association) integrada por 2 200 miembros, dice que al menos 12 miembros africanos no pudieron obtener visas para asistir a la reunión anual más reciente del grupo celebrada en San Francisco el pasado mes de noviembre. La política «priva a todos de la perspectiva excepcional de esas personas. Obstaculiza la formulación de políticas en los Estados Unidos», dice.
La respuesta de diversas asociaciones académicas ha sido trasladar la celebración de sus reuniones hacia el Canadá. El movimiento mayor en ese sentido hasta la fecha ha sido el de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Latin American Studies Association) que decidió que su próximo congreso, al que se espera que asistan 6 000 personas, se celebre en septiembre en Montreal. El grupo tomó la decisión después de que su congreso del año pasado se convirtiera en el segundo congreso consecutivo en el que a los más de 50 especialistas cubanos que se habían inscrito se les negó la visa. En esas circunstancias, dijo el grupo en una declaración por escrito «ya no podemos, con una conciencia tranquila, celebrar nuestro congreso en los Estados Unidos.»
El Instituto de Ingenieros Eléctrico y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers), del que la tercera parte de sus 370 000 miembros vive fuera de los Estados Unidos, ahora celebra regularmente algunas de sus reuniones del comité en el Canadá para garantizar la asistencia de todos los miembros. Chris J. Brantley, director administrativo del grupo, dice que es necesario seguir haciendo esto a pesar de que en los dos últimos años se ha denegado la visa a un menor número de miembros.
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