En la declaración de la generala Laura Richardson, al frente del Comando Sur, en la audiencia del 14 de marzo de 2024 en la Cámara de Representantes hay un hilo de continuidad entre aquella disputa entre Washington y Moscú y la actual pugna entre Estados Unidos y China en la mirada prevaleciente entre militares y civiles, dentro y fuera del gobierno de turno.
En 1966 se estrenó la película The Russians are Coming, the Russians are Coming. Un submarino soviético encalló en las cercanías de Cape Cod, Massachusetts, lo cual generó un gran pánico pues se presumía una invasión de la Unión Soviética. En el tramo último, el filme muestra cómo el salvataje de un niño por parte de los lugareños y de los presuntos invasores contribuyó a evitar que las diferencias condujeran a un escenario de tensión descontrolada: finalmente, subidos a sus barcas, habitantes del pueblo escoltaron al submarino hasta aguas seguras para que no fuese atacado por la fuerza aérea. Se había evitado el eventual comienzo de una confrontación bélica con el enemigo omnipresente. Para la época era usual el slogan anti-comunista “Better Dead than Red”. Eso permitió, entre otras, la invocación de una amenaza persistente para la población estadounidense, la aprobación de abultados presupuestos de defensa y el consentimiento ciudadano a una diplomacia coercitiva en lo que era el Tercer Mundo. Respecto a la política hacia Moscú, el consenso bipartidista en el Ejecutivo y en el Legislativo fue inquebrantable.
Quien lea detenidamente la declaración de la generala Laura Richardson, al frente del Comando Sur, en la audiencia del 14 de marzo de 2024 en la Cámara de Representantes, encontrará un hilo de continuidad entre aquella disputa entre Washington y Moscú y la actual pugna entre Estados Unidos y China en la mirada prevaleciente entre militares y civiles, dentro y fuera del gobierno de turno. Una nueva amenaza superior e inquietante en lo que para algunos continúa siendo el “patio trasero” estadounidense: América Latina. Y esta vez a China se suman Rusia e Irán: de hecho, en los discursos de los sucesivos responsables del Comando Sur desde 2010 en adelante se identifica ese trío como el mayor peligro en materia de relaciones inter-estatales respecto a la región. En ese sentido, siempre es bueno recordar el argumento de Peter Smith (Talons of the Eagle: Dynamics of U.S.-Latin American Relations, 2000) sobre la dinámica del vínculo entre Estados Unidos y Latinoamérica: “Los determinantes fundamentales de las relaciones Estados Unidos/América Latina han sido el papel y la actividad de los actores extra-hemisféricos, no Estados Unidos ni América Latina en sí mismas”.
En este tiempo no se recurre a aquel slogan de la Guerra Fría sino a un término que refleja simultáneamente una condición siniestra y permanente: “maligno”. En la mencionada alocución de Richardson esa palabra se usa 24 veces: “actor maligno”, “influencia maligna”, “esfuerzo maligno”, “actividades malignas”, “intención maligna”, “narrativas malignas”, “conducta maligna”, “acción maligna”, “agenda maligna”. Con ello se cubre a China, Rusia e Irán. Ha sido habitual desde hace años que estrategas militares y civiles distingan “ejes” –por lo general tres países– que le producen un peligro inminente a Estados Unidos. Como advierte un estudio de la RAND Corporation de 2022 (U.S. Resourcing to National Security Interests in Latin America and the Caribbean in the Context of Adversary Activities in the Region) que también utiliza el término maligno, “cualitativa y cuantitativamente la competencia (de Estados Unidos) con China es diferente de aquella con Rusia e Irán”. Moscú y Teherán pueden ser más oportunistas, y hasta provocadores, en su intento de despliegue en América Latina, pero carecen de los atributos para respaldar y asegurar su proyección de poder en la región. Pueden constituir un irritante, una molestia, para Washington pero no son un desafío significativo y poderoso a la presencia e influencia histórica y presente de Estados Unidos en Latinoamérica. China, sin embargo, tiene los recursos, la voluntad y la oportunidad para extender y sostener su incidencia e impacto en la región. De allí que resulte lógico que Washington esté atento a mensajes, medidas y maniobras de Beijing en el área; especialmente en el terreno militar. Anticipar riesgos es prevenir potenciales conflictos; exagerar acechanzas puede conducir a fricciones temerarias. En todo caso, para América Latina es clave no convertirse en territorio de una pugnacidad construida.
Además es fundamental distinguir situaciones de manera comparativa. Por ejemplo, la influencia militar rusa en África que, como se observa en el cuadro siguiente, es importante.
Sin embargo, es habitual que varios funcionarios, legisladores, analistas y políticos en Estados Unidos identifiquen ese trío “maligno” y presenten escenarios amenazantes donde Washington es superado, o aún suplantado, en América Latina en materia de defensa y seguridad. Esta construcción del enemigo es desmedida y descaminada. Más aún, es posible afirmar que Estados Unidos viene reforzando, y con mucho con éxito, su preponderancia militar en el área: ni individualmente ni en conjunto aquellos tres países están cerca de afectar seriamente dicha supremacía. Veamos alguna evidencia disponible.
Armas para todos y todas
Según el más reciente informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sobre transferencia de armamentos (Trend in International Arms Transfers, 2023) el mayor porcentaje de exportaciones mundiales de armas en el período 2019-2023 le corresponde a Estados Unidos (42%). A Rusia le cabe el 11% y a China el 5,8%. Al tiempo que, respecto al período 2014-2018, Estados Unidos incrementó en un 17% su participación en el mercado de armamentos, Rusia tuvo una caída de 53% y China una caída de 5,3%. El orden de los mayores proveedores de armas a América del Sur entre 2019 y 2023 fue: Francia (23%), Estados Unidos (14%) y el Reino Unido (12%). En esos años Rusia no suministró armamentos a Suramérica. Occidente ha sido y es el gran vendedor de armamentos a la región.
Si se consulta la base de datos del SIPRI para el período 2000-2022 se observará que Estados Unidos es el origen del 94,9% de las armas de la Argentina, el 93,4% de las adquiridas por Colombia, el 90,7% de las adquiridas por México y el 82,7% de las adquiridas por Brasil. Esto es, las principales cuatro economías de América Latina han tenido en lo que va del siglo XXI a Estados Unidos como su mayor fuente para la compra de armamentos. Por su parte, Rusia ha sido el mayor proveedor de armas a Venezuela, Nicaragua y Cuba, pero los montos no son comparables: las compras de Caracas en ese período fueron de US$ 4.510 millones de dólares, las de Managua US$ 133 millones y las de Cuba US$ 8 millones. Mientras tanto China fue el mayor proveedor (66,2%) de los US$ 77 millones en armas que adquirió Bolivia.
En los años recientes el Departamento de Estado ha autorizado –y la Defense Security Cooperation Agency informado al Congreso– la venta de armas a México (US$ 1.339 millones de dólares en 2018); a la Argentina (US$ 78 millones de dólares en 2019); a Brasil (US$ 70 millones de dólares en 2020), a la Argentina (US$ 100 millones de dólares en 2020) y a Chile (US$ 634 millones de dólares en 2020); a Chile (US$ 85 millones en 2021); a Brasil (US$ 74 millones de dólares en 2022) y a la Argentina (US$ 73 millones de dólares en 2022). En marzo de 2024 el gobierno del Presidente Javier Milei, que ya había rechazado la compra de aviones de combate de China, confirmó el compromiso de adquirir 24 F-16 provistos por Dinamarca con autorización de Estados Unidos. En síntesis, Estados Unidos sigue superando con creces a China y Rusia, individual y conjuntamente, en la venta de armamentos a Latinoamérica.
Bases e instrucción militar
Estados Unidos posee en la región la Base de Guantánamo, Cuba, donde hay unas 6.000 personas entre soldados, personal civil del Departamento de Defensa, familiares y contratistas. Controla la Base de Soto Cano, Honduras, donde hay aproximadamente 500 soldados de Estados Unidos y unos 600 civiles estadounidenses y hondureños. En el caso de Honduras opera la Organización de Cooperación de Seguridad –en un complejo militar en las cercanías del Aeropuerto de Tegucigalpa– para efectuar servicios conjuntos con el propósito de llevar a cabo las políticas de defensa y seguridad de Estados Unidos en Honduras. El Comando Sur es responsable de dos “localizaciones de seguridad cooperativa”: una en El Salvador y otra en Aruba-Curaçao. En El Salvador se ubica, además, la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley creada en 2005 durante el gobierno de Bill Clinton, para luchar contra los delitos transnacionales como el tráfico internacional de drogas, la criminalidad y el terrorismo. Ya en 2001 se había establecido el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC) en Georgia –en remplazo de la infausta de la Escuela de las Américas– como centro de instrucción militar. En general, en los cursos que allí se imparten ha predominado la presencia de colombianos y centroamericanos. Conviene recordar que siete colombianos de los participantes en el asesinato en 2021 del Presidente de Haití Jovenel Moise habían recibido entrenamiento de Estados Unidos entre 2001 y 2015. Es, a su vez, relevante aludir al hecho de que, de acuerdo a lo señalado por Adam Isacson y Sarah Kinosian, entre 2007 y 2014, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos triplicaron las misiones de entrenamiento en América Latina (U.S. Special Operations in Latin America: Parallel Diplomacy?, 2016). Adicionalmente, y como lo indican Camila Vidal y Luciana Wietchikoski (U.S. Hegemony in Latin America: The Southern Command as an Instrument of Consensus and Coercion, 2022), el US Southern Command, con sede en Miami y que alberga a unos 1.200 militares y civiles, opera estaciones de radares fijos y móviles a lo largo y ancho de América Latina.
Por su parte, en años recientes China, especialmente, ha venido incrementando la oferta de cursos y programas educativos para militares de América Latina como lo muestra el Mayor Matthew Hughes (Lessons in the Dragon’s Lair: The People’s Libertaion Army’s Professional Military Education Engagement with Latin America and the Caribbean, 2023). Ahora bien, nada semejante –en materia de bases, localizaciones militares y centros instructivos, así como respecto a la cuantía de cursos especializados y misiones de entrenamiento– ocurre en términos de las relaciones de la región con China (ni con Rusia). La Argentina acordó con China, durante el gobierno de Cristina Fernández, el establecimiento de una Estación de Espacio Profundo en Neuquén; acuerdo ratificado por el Congreso y terminado de construir en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2018, en el gobierno de Cambiemos, se aprobó la construcción de un Centro de Operación y Coordinación de Emergencias en Neuquén, financiado por el Comando Sur como parte del programa de Asistencia Humanitaria y Respuesta de Desastres del Departamento de Defensa.
A su turno, es importante subrayar que las Guardias Nacionales de 18 estados, más Puerto Rico y Washington DC, tienen acuerdos con las fuerzas armadas y de seguridad de 24 naciones de América Latina y el Caribe (25 países de Europa, 16 de África, y 14 del Indo-Pacífico, entre otros, han suscrito compromisos de ese tipo). Los tres más recientes de la región han sido los acuerdos con Colombia (Guardia Nacional de South Carolina, 2012), con la Argentina (Guardia Nacional de Georgia, 2016) y con Brasil (Guardia Nacional de New York, 2019). Asimismo, estos tres países son los únicos de Latinoamérica que han sido designados Aliados Extra-OTAN de Washington: la Argentina en 1998 (gobierno de Bill Clinton), Brasil en 2019 (gobierno de Donald Trump) y Colombia en 2022 (gobierno de Joe Biden). Hay que agregar que en 2017 Colombia fue invitado a ser “Socio Global” (Global Partner) de la OTAN. En este plano –el de los acuerdos en materia de defensa/seguridad y respecto a una condición militar especial otorgada– tampoco China (ni Rusia) tiene esa institucionalidad, intensidad y variedad de vínculos con los países del área. Sin referirse a ella, la Doctrina Monroe pareciera seguir tácitamente vigente para Washington, Beijing y Moscú.
Sistemáticamente, por años y décadas, el U.S. Southern Command ha llevado a cabo distintos tipos de ejercicios militares, en tierra, mar y aire, de alcance multinacional (UNITAS, Tradewinds, PANAMAX, Southern Cross, entre otros) y bilateral (por ejemplo, Southern Vanguard con Brasil y Relámpago con Colombia, entre otros). Por su parte, Rusia ha tenido ocasionalmente ejercicios militares con Venezuela y Nicaragua en tiempos recientes. China (junto a otros países) participó de una prueba de francotiradores en Venezuela en 2022. En ese ámbito también las diferencias entre Estados Unidos y China-Rusia en sus vinculaciones con Latinoamérica son notables.
En el marco de la Organización de Estados Americanos existe la Junta Interamericana de Defensa (JID), cuyo presidente actual es el general mexicano Marco Antonio Álvarez (el último presidente de origen estadounidense estuvo entre 2004-2006). Desde 1995 se ha establecido la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, cuya sede pro tempore 2023-2024 le corresponde a la Argentina. En la Conferencia de 2022 realizada en Brasil se introdujo la noción de “disuasión integrada” entendiéndola como “un marco para mantener la paz y la estabilidad”. El concepto se incorporó en la Estrategia de Defensa Nacional estadounidense de ese año y se ha tornado uno que Washington busca consensuar y consolidar en todos los ámbitos militares colectivos (por ejemplo, la OTAN), regionales y bilaterales. El adversario más concreto, no único, es China y refleja un intento de adecuación e institucionalización de lo que en su momento, durante la administración de George W. Bush, se conocía como la “coalición de voluntarios” (coalition of the willing); lo cual suponía que Washington establecía la misión y llamaba socios para acompañarlo. Cabe destacar que solo la Argentina y Chile hicieron una reserva respecto al concepto de “disuasión integrada” con la idea de contar “con un estudio del tema en mayor profundidad” a cargo de la JID. Nada similar –en términos institucionales e históricos– liga a América Latina con China u otro actor extra-regional adversario de Estados Unidos.
El pretexto de la inseguridad
En materia de seguridad (principalmente vinculada al narcotráfico y al crimen organizado), Estados Unidos aportó significativamente, de acuerdo a los informes anuales del Congressional Research Service Reports, al financiamiento del Plan Colombia, a la Iniciativa Mérida de México, a la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe (CBSI) y a la Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI). Para el período 2000-2022 la ayuda estadounidense al Plan Colombia fue superior a US$ 13.000 millones de dólares, mientras que para el período 2008-2021 la asistencia para la Iniciativa Mérida fue de US$ 3.500 millones de dólares. En el período 2010-2022 lo desembolsado para la iniciativa caribeña fue de US$ 832 millones de dólares, mientras que en el período 2008-2020 la iniciativa centroamericana recibió US$ 2.900 millones de dólares. Para 2024 la administración del Presidente Joe Biden solicitó US$ 440 millones de dólares para Colombia, US$ 341,3 millones de dólares para CARSI, US$ 111,4 millones de dólares para México y US$ 64,5 millones de dólares para CBSI. Es bueno mencionar que Estados Unidos incrementó, según InSight Crime (InSight Crime 2023 Cocaine Seizures Round-Up, 2024) la interdicción de cocaína en un 15,4% entre 2022 (31,9 toneladas) y 2023 (36,8 toneladas) en el marco de un récord de producción y de demanda de cocaína y en el contexto de un incremento de la violencia narco en América Latina y el Caribe. A pesar de los fracasos de la prohibición, nada parece modificar la mentalidad de “guerra contra las drogas” en el exterior que sigue prevaleciente entre los tomadores de decisión en Washington.
Del total de la asistencia al conjunto de América Latina por parte de Estados Unidos para 2024 lo correspondiente a seguridad asciende al 26,6%: US$ 658,3 millones de dólares. En la categoría seguridad se incluyen: International Narcotics Control and Law Enforcement; Non-Proliferation, Anti-Terrorism, Demining, and Related Programs; International Military Education and Training; y Foreign Military Financing. De ningún modo, China ha tenido la disposición y el interés de brindar tanta asistencia a la región en el área de la seguridad y que ello pudiera deteriorar aún más la relación entre Washington y Beijing. Tampoco parece motivado a desafiar a Washington con una mirada alternativa, por ejemplo, en el tema de las drogas: de hecho, Estados Unidos y China son a nivel internacional activamente prohibicionistas.
Abrumadora superioridad en los mares
Respecto a los mares y océanos es relevante referirse a la situación de Washington en la región. De los últimos seis comandantes del Southcom, tres han sido de la armada: el almirante James Stavridis (2006-2009), quien en 2008 reactivó la IV Flota que había sido disuelta en 1950; el almirante Kurt Tidd (2016-2018), quien enfatizó que Estados Unidos debía incrementar la vigilancia en la región; y el almirante Craig Faller (2018-2021), quien insistió en que la presencia de gobiernos malignos en el área debía ser repelida. En 2010, Estados Unidos y los estados del Caribe establecieron lo que se conoce como Caribbean-United States Framework for Security Cooperation. En 2020, Colombia, Chile, Ecuador y Perú unieron esfuerzos para combatir la pesca ilegal en el Pacífico, recibiendo de inmediato un fuerte respaldo del entonces gobierno de Donald Trump. El objetivo era frenar la presencia pesquera de China. Desde 2020, en particular cuando presentó su estrategia frente a la pesca, la Guardia Costera estadounidense –la rama más pequeña de las seis que forman las fuerzas armadas– ha ampliado su presencia y operaciones en Centroamérica y Suramérica a los efectos de frenar las acciones ilegales en aquel campo. En ese mismo año, el vice-almirante Don Gabrielson (U.S. Naval Forces Southern Command) y el brigadier general Philip Frietze (U.S. Marine Corps Forces) presentaron un Plan Integral de Apoyo a la Campaña Marítima para afrontar los retos generados por China y Rusia. En diciembre de 2020 se informó que se reactivaba la U.S. Atlantic Fleet para responder a la amenaza de Rusia. En enero de 2021, el Comandante Faller anunció que, como parte de la Estrategia de Defensa Nacional, el Comando Sur expandiría todos los espacios de competencia frente al avance de Beijing y Moscú (más Irán) en la región. En junio de 2022, Estados Unidos firmó (entre los signatarios estaba Jean Manes del Comando Sur) un Memorándum de Entendimiento con Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador relativo al Eastern Tropical Pacific Maritime Corridor (CMAR). Este acuerdo tiene un componente de seguridad que apunta a luchar contra las acciones pesqueras ilegales en el Pacífico Sur. En septiembre de 2023, el Departamento de Estado lanzó la Asociación para la Cooperación Atlántica de la que forman parte, por la región, Argentina, Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Guyana, República Dominicana y Uruguay. Una iniciativa –por ahora más informal que institucionalizada– que deja afuera de una eventual participación a Rusia y China y asegura un papel gravitante de Estados Unidos en el Atlántico Sur. China ha mostrado un interés creciente en el Atlántico Sur, pero la proyección de su presencia efectiva, en especial, del lado occidental, es modesta (en comparación con el lado oriental de la cuenca) como lo expresé en un texto al respecto (El Comando Sur, China y las Malvinas, 2021). ¿China pretende ser un poder naval con alcance global? Sí. Y lo busca tanto por motivos de aspiración (reconocimiento, status, prestigio, etc.) como por razones de inseguridad (tanto histórica como actual). ¿Su proyección marítima en América Latina es elevada? No. Esto último obedece a las prioridades de Beijing y a la superioridad abrumadora de Estados Unidos en la región, así como a los logros de su estrategia.
En breve, la estrategia de negación de espacio y anti-acceso estadounidense en el continente, y en lo que hace al ámbito marítimo, muestra signos elocuentes de fortaleza. Si se entiende tal estrategia como un diseño para limitar (negación) o evitar (anti-acceso) que una fuerza enemiga logre avanzar en su área operativa, Estados Unidos ha robustecido su posición en la reciente década. Paralelamente, el 1 de febrero de 2024 el representante demócrata Scott Peters introdujo (con el auspicio de dos legisladores demócratas y dos republicanos) un proyecto de ley –el Caribbean and Latin American Maritime Security Initiative Act– dirigido contra China y contemplando un conjunto de sanciones.
En cuanto a acuerdos relevantes en materia de seguridad y defensa entre Washington y los países latinoamericanos hay ejemplos sumamente interesantes. En 2009, Colombia y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación en Defensa que permitía el acceso de tropas estadounidenses a siete bases militares colombianas. En 2010, la Corte Constitucional lo declaró no vigente pues no era la extensión natural de previos tratados en la materia. Sin embargo, la relación militar entre Washington y Bogotá es muy estrecha desde entonces y se ha constituido en un caso singular de “triangulación” en materia de seguridad ya que Colombia ofrece entrenamiento policial y militar –principalmente en América Latina– en el marco de lo que Arlene Tickner y Mateo Morales han llamado una “cooperación dependiente asociada” entre los dos países (Cooperación dependiente asociada. Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos, 2015). Después de 40 años, en 2015 (gobiernos de Dilma Rousseff y Barack Obama), Estados Unidos y Brasil firmaron un Acuerdo de Cooperación en Defensa. Cuatro años más tarde, en 2019 (gobiernos de Jair Bolsonaro y Donald Trump), los dos países firmaron el Acuerdo de Salvaguardias Tecnológicas que permite que Estados Unidos autorice el lanzamiento, desde el Centro de Lanzamiento de Alcántara, de cohetes y satélites estadounidenses, brasileños o de otros países que utilicen o transporten equipos o sistemas de origen estadounidense. En marzo de 2022 en el caso de Brasil y en enero de 2023 en el caso de Chile, los respectivos congresos aprobaron los correspondientes Acuerdos de Cooperación Conjunta para la Investigación, Desarrollo, Prueba y Evaluación de proyectos en materia de Defensa (RDT&E). En julio de 2023, Estados Unidos y Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento para la asistencia en materia de defensa al país andino. En febrero de 2024, Estados Unidos realizó una importante donación para incrementar la capacidad operativa de las fuerzas armadas ecuatorianas. También en febrero el Presidente Daniel Noboa firmó dos decretos para habilitar operaciones conjuntas en el ámbito terrestre, marítimo y aéreo, contra el crimen organizado. Después de 20 años sin un instrumento al respecto, en agosto de 2023 Perú y Estados Unidos firmaron un acuerdo de interceptación de aviones del narcotráfico.
En 2013 el U.S. Army Corps of Engineers (USACE) acordó con la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento de Brasil la provisión de asistencia técnica para el manejo de recursos hídricos. En 2021, el USACE firmó un acuerdo de cinco años con la Corporación Eléctrica de Ecuador relativo a la ingeniería de ríos. En junio de 2022, ingenieros militares de Estados Unidos, Chile, Colombia y Perú desarrollaron en Washington el National Level Exercise 22: el evento fue organizado por USACE. En marzo de 2024, Estados Unidos y la Argentina firmaron un Memorándum de Entendimiento entre los que gestionan la hidrovía del Misisipi (el mencionado Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos) y la Administración General de Puertos (AGP), para desarrollar intercambio de información y capacitaciones sobre hidrovía y ríos interiores. Además, existen las Security Force Assistance Brigades que realizan distintos tipos de misiones. Se encuentran distribuidas en seis comandos; uno de ellos es el Comando Sur. De acuerdo a un reciente informe (Army Security Force Assistance Brigades, SFABs, 2024) del Congressional Research Service, “la primera SFAB mantiene presencia persistente en Colombia, Honduras y Panamá, mientras también se expande episódicamente a Perú, Ecuador y Uruguay”. Otra vez, de ningún modo China tiene este variado y activo tipo de compromisos militares de Estados Unidos con América Latina.
Preeminencia sin fisuras
En resumen, la preponderancia militar de Estados Unidos en América Latina es indudable. Es comprensible que Washington pretenda describir y justificar la competencia con China como si se tratase de una nueva Guerra Fría, así no lo sea por las diferencias considerables entre la relación Estados Unidos-Unión Soviética del pasado y la actual relación Estados Unidos-China. En la práctica, en materia de defensa y seguridad Washington ha ido reafirmando y fortaleciendo su presencia en la región según los datos disponibles. Gobiernos demócratas y republicanos por igual, sin fisuras entre el Ejecutivo y el Legislativo, con claro compromiso militar y civil, han elevado la centralidad de China en la estrategia internacional de Estados Unidos y han coincidido en identificar a Beijing como el mayor y más delicado competidor de Washington. En Latinoamérica, donde la proyección, con tinte pragmático, de poder material –comercial, financiero, asistencial y tecnológico– de China ha tenido un avance incontrovertible, la preeminencia de Estados Unidos en el plano militar no se ha debilitado ni está próxima a ser suplantada. Lo que es evidente es que la noción de una inminente amenaza china es desmesurada y desatinada. Máxime cuando la proyección material, con ribetes ideológicos, de Estados Unidos en la región es menos significativa y más retórica.
Puede ser útil, desde el punto de vista burocrático-corporativo, por ejemplo, para que el Comando Sur solicite más recursos. Desde 2010 hasta la actualidad el promedio del presupuesto para Southcom se ubica en los US$ 200 millones de dólares al año. Con el argumento del peligro chino en marzo de este año el Comando Sur elaboró un documento de 28 páginas para congresistas en el que, a los fines del presupuesto de 2025, apunta a conseguir US$ 323 millones de dólares (In $323M Wishlist, SOUTHCOM Wants Money to Counter Chinses Influence, Drugs in South America, 2024). En los años ‘90, terminada la Guerra Fría, el Comando Sur identificó un “nicho” de financiamiento a través de la promoción de un activo rol en tareas anti-drogas. Los sucesivos comandantes fueron asegurando e incrementando ese papel, acrecentando su influencia en la política exterior y de defensa de Estados Unidos hacia Latinoamérica. A partir de 2006, cuando llega al Comando Sur el primer hombre de la armada –el almirante Stavridis, que reactiva la IV Flota–, la dimensión de comando naval se tornó relevante y también facilitó el incremento de recursos en momentos en que comenzaba una revalorización estratégica de los océanos y mares. En años recientes, en la presente coyuntura y en medio de una disputa geopolítica en franco aumento entre Washington y Beijing, el US Southern Command procura asegurar una tarea ambiciosa en aras de limitar a China en la región. El nivel de fractura intra-latinoamericano y el vaciamiento de mecanismos suramericanos (por ejemplo, UNASUR y su Consejo de Defensa) es un incentivo adicional para que el Comando Sur encuentre más eco y menos resistencia al respecto.
En los tiempos por venir, desde el Pentágono en Washington y desde el Comando Sur en Miami, se insistirá con la idea de “ahí vienen los chinos, ahí vienen los chinos”. En serio, y con una mirada latinoamericana, ¿acá llegaron los chinos?