Un tribunal de Estados Unidos prevé decidir en los próximos días si procesa a un policía que hace tres meses mató a un joven negro en la ciudad de Ferguson, desatando una ola de protestas en el centro del país y exponiendo las graves consecuencias de la militarización de policías locales en la mayor potencia […]
Un tribunal de Estados Unidos prevé decidir en los próximos días si procesa a un policía que hace tres meses mató a un joven negro en la ciudad de Ferguson, desatando una ola de protestas en el centro del país y exponiendo las graves consecuencias de la militarización de policías locales en la mayor potencia bélica del mundo.
Jay Nixon, el gobernador de Missouri, el estado donde se encuentra Ferguson, advirtió esta semana que «la violencia no será tolerada» y anunció un masivo despliegue de seguridad ante eventuales manifestaciones por la inminente decisión judicial sobre la muerte de Michael Brown, de 18 años, por disparos del agente blanco Darren Wilson, de 28 años.
Desde las protestas y la batalla campal desatada en Ferguson entre policías y manifestantes tras el incidente del 9 de agosto, el Departamento de Policía local declaró haber gastado 120.000 dólares en cascos, bastones, canilleras, precintos, proyectiles con gas pimienta y granadas fumígenas.
Las imágenes de la represión en la ciudad sorprendieron a Estados Unidos e instalaron un debate en Washington sobre si una Policía de un condado de menos de 320.000 habitantes debía vestirse como una fuerza militar y utilizar armas de guerra y vehículos de combate, como un camión blindado anti minas de 360.000 dólares.
El debate político sobre Ferguson, sin embargo, se limitó al análisis de un problema puntual y no se enmarcó dentro de un proceso nacional de militarización de muchas policías locales.
En junio pasado, la reconocida organización norteamericana de derechos civiles ACLU publicó un informe titulado «La guerra llega a casa: la excesiva militarización de la policía estadounidense», en el que advirtió que fuerzas estatales y locales «amasaron arsenales militares supuestamente para pelear la fallida guerra contra el narcotráfico».
Desde los atentados de Al Qaeda del año 2001 en Estados Unidos, estas mismas fuerzas policiales agregaron la lucha contra el terrorismo a su lista de argumentos para conseguir fondos y armamento federales.
Por ejemplo, en el pequeño estado de New Hampshire, en el noreste del país, cerca de la frontera con Canadá, las policías de tres ciudades, separadas apenas por 48 kilómetros, compraron cada una con un subsidio del Departamento de Seguridad Interior un imponente blindado, valuado en más de 200.000 dólares.
Algunos de los accesorios más interesantes que tiene este llamativo vehículo son una protección especial contra explosivos químicos, biológicos y radiactivos, y un sistema de detección de radiación.
Una de las tres ciudades que lo adquirieron, Keene, argumentó en su pedido al Departamento de Seguridad Interior que necesitaba este tipo de blindado, que fue utilizado en Irak entre otras zonas de combate, para defender a su festival anual de calabazas frente a una eventual «amenaza terrorista», según relevó ACLU.
El mes pasado, el tradicional festival de Keene no fue amenazado por una organización armada, sino por un nutrido grupo de adolescentes locales que habían tomado demasiado. La policía estaba preparada para actuar.
Llegó con equipos SWAT y oficiales vestidos como antidisturbios con uniformes militares y reprimió a los jóvenes, armados con botellas de licor y latas de cerveza, lanzando gases pimienta y lacrimógenos y disparando proyectiles con compuestos químicos irritantes y las llamadas «balas esponja», que son una especie de balas de goma.
El apacible centro de la ciudad de 23.400 habitantes se transformó en un campo de batalla durante cerca de 12 horas. Al final, este inusual estilo de combate urbano dejó 30 heridos y 84 detenidos.
La policía de Keene pidió un subsidio al Departamento de Seguridad Interior para poder enfrentar las peores amenazas del mundo, pero el gobierno federal de Estados Unidos ofrece otras atractivas opciones.
Una de los favoritas es el Programa 1033 del Departamento de Defensa, creado en 1989 por Dick Cheney, el entonces titular de esa cartera y posterior vicepresidente del republicano George Bush, y ratificado por el gobierno del demócrata Bill Clinton.
El slogan de la oficina que tramita el programa es «De un combatiente de guerra a un combatiente del crimen».
El Programa 1033 transfiere de forma gratuita equipamiento y armas militares a más de 17.000 fuerzas de seguridad federales, estatales y locales. Según pudo relevar ACLU, pasó de transferir material por un millón de dólares en 1990, a 324 millones en 1995 a casi 450 millones en 2013.
El 36% del equipo y armamento transferido en ese último año era completamente nuevo.
ACLU destacó que el programa no incluye casi ningún control o condición, excepto que el material transferido sea utilizado dentro del primer año de haber sido recibido.
Pero si la ayuda del Departamento de Defensa no es suficiente, las policías locales también pueden echar mano al Programa de Subsidios de Ayuda del Departamento de Justicia, conocido como JAG por sus siglas en inglés.
Creado en 1988, hacia el final del gobierno conservador de Ronald Reagan, tiene como objetivo ayudar a las agencias estatales y locales a mejorar sus sistemas de justicia criminal y su capacidad policial.
Según datos publicados en la página web del Departamento de Justicia, entre 2012 y 2013 el 64% de los fondos destinados por el programa fueron utilizados para reforzar a fuerzas policiales, muchas veces creando, armando y entrenando a equipos SWAT locales. Entre las armas y el equipo que ACLU acreditó que compraron se destacan los vehículos armados con protección para un campo de batalla, granadas de aturdimiento, antiguos uniformes militares y arietes para derribar puertas y paredes.
En 2007, Estados Unidos gastó 50.000 millones de dólares para construir y comprar 27.000 vehículos blindados, especialmente preparados para resistir minas y emboscadas, y desplegarlos en Irak y Afganistán.
El presidente Barack Obama ordenó la retirada de Irak a fines de 2011 y de Afganistán a fines de este año, y desde entonces algunos de estos vehículos de combate encontraron un nuevo propósito.
Un relevamiento de medios hecho por ACLU descubrió que al menos 500 de ellos volvieron al país para reforzar a policías locales. La lista incluye desde grandes ciudades como Dallas, Texas, hasta fuerzas mucho más limitadas como la Policía Universitaria del estado de Ohio.