La Transición más allá de los mitos

En el año 2006 la politóloga Bénédicte André-Bazzana publicó un ensayo titulado Mitos y mentiras de la transición (El Viejo Topo, 2006) en el que afirma que “la memoria de la transición se construyó en el imaginario colectivo tanto a partir de los recuerdos como de los olvidos”. Efectivamente, uno de esos mitos es el que sostiene que la Transición fue un proceso pacífico que, bajo el liderazgo del rey Juan Carlos, nos llevó desde la dictadura franquista hasta una democracia que superó el difícil desafío del golpe de Estado de 23 de febrero de 1981.

Los límites cronológicos de la Transición

Considerando que la Transición es un proceso político que, como titulaba en el año 1977 José Vidal Beneyto, consiste en el tránsito de una dictadura de clase (el franquismo), a una democracia de clase, resulta evidente que los límites de ese período hay que establecerlos entre el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que muere el dictador Franco, y el 6 de diciembre de 1978, fecha en la que se aprueba en referéndum la Constitución de la monarquía parlamentaria española.

No obstante, muchas de las investigaciones que se realizaron sobre ese período de nuestra historia reciente amplían los límites, tanto por abajo como por arriba. En este sentido, autores como Javier Paniagua (2009) y Paul Preston (1983), hacen comenzar la Transición en el año 1973, coincidiendo con el inicio de la crisis del petróleo y el atentado perpetrado por ETA contra Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973); aunque quizás fuera más recomendable retrotraer los inicios a 1972, coincidiendo con el inicio del ciclo de movilizaciones obreras que marcaron todo el período. Para la fecha de final, autores como José María Maravall -quien en su libro La política de la transición (1982) hace arrancar la Transición en el año 1975- y Preston, coinciden en proponer el año 1980; no obstante, Paniagua hace coincidir el final de la Transición con el ingreso de España en el Mercado Común Europeo -MCE, hoy UE- y en la OTAN -después de que en un referéndum se aprobara por la mínima la permanencia en esa organización militar-, hechos que tuvieron lugar en el año 1986.

Los hechos (no violentos) que marcaron la Transición

El 22 de noviembre de 1975, siguiendo el plan previsto por Franco, Juan Carlos de Borbón -que ya había ocupado interinamente la jefatura del Estado en dos ocasiones y que había sido designado sucesor de Franco a título de rey el 22 de julio de 1969 en una ceremonia en la que juró cumplir los principios del Movimiento y fundó su futura posición como sucesor de Franco en la legitimidad instaurada el 18 de julio de 1936-, fue proclamado rey de España. En todo caso, se ejecutó a la perfección el plan sucesorio establecido para perpetuar el régimen franquista: no hubo ninguna consulta sobre la forma de gobierno (monarquía o república), sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno legítimo -el único que en ese momento se fundaba en una legitimidad democrática: la renuncia de Alfonso XIII como rey, a pesar de no abdicar-, había sobrevivido a la dictadura en el exilio…

A partir de ese momento se suceden una serie de hechos fundamentales, que marcaron el tránsito de esa dictadura de clase a la democracia de clase, en palabras de Vidal Beneyto:

• ratificación del gobierno franquista de Arias Navarro, que con el apoyo de Fraga, aprobó tímidas ‘reformas’, entre las que hace destacan una limitada ley de asociaciones y de reunión, así como una nueva ley de Relaciones Laborales (8 de abril de 1976);
• bajo el gobierno ‘reformista’ de Suárez, fueron de importancia trascendental la aprobación de la ley para la Reforma Política (4 de enero de 1977), la disolución del Movimiento Nacional (1 de abril 1977), la legalización del PCE (9 de abril de 1977 -un hecho que no entendieron algunos sectores de las clases dominantes, pero que era una estrategia imprescindible para las élites: no se podía luchar con un PCE que mostraba un músculo potente en la calle, había que reducirlo a un pequeño número de representantes políticos en el Congreso, más fáciles de manejar y ningunear por esas élites que tenían un único objetivo: perpetuarse en el poder-) y la celebración de elecciones a la Cortes constituyentes (15 de junio de 1977);
• a partir de ese momento se inaugura el ‘gobierno del consenso’ encabezado de nuevo por Suárez, bajo cuyo mandato se alcanzan algunos acuerdos fundamentales para la marcha futura de España:
  • aprobación de la ley de Amnistía (15 de octubre de 1977), basada en un tácito pacto de silencio,
  • firma de un conjunto de criterios de carácter económico, social y político -conocidos como Pactos de la Moncloa-, a lo largo del mes de octubre de 1977, que fueron la base del texto constitucional aprobado en referéndum nacional el 6 de diciembre de 1978;
• a lo largo de la primera legislatura constitucional (1979-1982), cuyo primer presidente fue Adolfo Suárez, se avanzó en la transformación de la organización política del Estado, de hecho, durante este período:
  • primero: se suscribió un acuerdo económico con la Santa Sede (3 de enero de 1979), lo que permitió que fuese presentado como si tuviese una legitimidad constitucional que no tenía, ya que se había negociado al margen del texto constitucional;
  • segundo: se aprobó el Estatuto de los Trabajadores (10 de marzo de 1980), que supuso un primer retroceso con respeto a la norma de 1976;
  • tercero: se votó en el Congreso el ingreso de España en la OTAN (29 de octubre de 1981), que se integró en el año 1982; y,
  • cuarto: se avanzó en el proceso autonómico, con la aprobación de los estatutos de autonomía de Cataluña y Euskadi (25 de octubre de 1979) y Galicia (21 de diciembre de 1980);
• el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 culminó la estrategia de la tensión que había marcado los años anteriores y fue la condición que hizo posible la llegada al poder de un gobierno socialista -aunque en el Congreso celebrado en 1979 había renunciado definitivamente al marxismo- el 2 de diciembre de 1982 -tras el arrollador triunfo electoral obtenido por el PSOE el 28 de octubre de 1982-, que hizo posible avanzar durante esa primera legislatura socialista (1982-1986) en las reformas conducentes a consolidar una democracia de clase -como pretendían los ‘jerarcas del régimen franquista’-, que gira sobre tres ejes principales:
  • primero: el neoliberalismo en materia económica, iniciada en el momento mismo de la llegada al poder del PSOE -recordemos la reconversión industrial, entendida no tanto como un proceso de reestructuración de la actividad económica española, como un proceso para precarizar a la clase trabajadora, condición indispensable para su desmovilización;
  • segundo, el europeísmo de los mercaderes, es decir la apuesta por la construcción de una Europa secuestrada por las oligarquías financieras e industriales y con una enorme carencia democrática; y,
  • tercero, el atlantismo militarista, que subordinó la política internacional de España a los intereses militares de los EEUU.

Así, a pesar de que desde el año 1972 un potente movimiento obrero y universitario venía luchando por una ruptura democrática que instaurara un régimen no tutelado por las instituciones herederas del franquismo, las clases dominantes -apoyadas en fuertes vínculos internacionales-, lograron pilotar un proceso de transición que tras unos años dominados por la estrategia de la tensión, concluyeron en el año 1986 tras la plena integración en la OTAN y en el MCE y con la desmovilización de ese vigoroso movimiento de oposición al franquismo que en el transcurso de esos 14 años de Transición dejaron por el camino demasiados compañeros muertos.

El mito de la Transición pacífica

Frente al portugués Proceso Revolucionario en Curso (25 de abril de 1974 – 25 de abril de 1976), en el que a pesar del verano caliente de 1975 y la crisis de 25 de noviembre de 1975, apenas hubo muertos como resultado de la violencia entre las facciones enfrentadas (de hecho en las crónicas se contabilizan cuatro muertes); el número de víctimas mortales de un total de 3.500 actos violentos cometidos entre los años 1975 y 1982 fue, según el cómputo realizado por Sophie Baby en su tesis Violencia y política en la transición democrática española (2006), de 700 personas, entre ellas las 328 que provocó ETA, por lo que queda un amplio número de víctimas de la violencia política que se pueden atribuir tanto a organizaciones de extrema izquierda (GRAPO y FRAP) como de extrema derecha (BVE, ATE…), a lo que hay que añadir la violenta represión policial.

Así pues, estamos ante un número de muertos excesivamente elevado, como para seguir hablando de transición pacífica, que no deben ser olvidados. Ahí están, por ejemplo, los muertos del 10 de marzo de 1972 en Ferrol, la matanza de Vitoria del 3 de marzo de 1976, los sucesos de Montejurra del 9 de mayo de 1976, la semana trágica de enero de 1977 -de la que son trágicos sucesos la matanza de Atocha y las muertes de dos estudiantes universitarios, así como los secuestros de Urquijo y Villaescusa-… Todos ellos sucesos violentos en los que o bien actuaban directamente las fuerzas policiales españolas o bien lo hacían las organizaciones de extrema derecha organizadas internacionalmente y apoyadas por el Estado. Con todo, esa violencia no fue casual, obedeció a lo que se conoce como ‘estrategia de la tensión’, bien estudiada por Carlos Portomeñe en el libro La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado (Atrapasueños, 2022), cuyo objetivo era ‘guiar’ el proceso de la Transición por la senda marcada por las clases dominantes y sus aliados internacionales, razón por la que en muchas de las acciones violentas, cometidas tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda, se puede vislumbrar la mano negra del Estado, razón por la que deben ser considerados crímenes de Estado y su memoria debe ser restablecida.

En este sentido, resulta evidente que a partir de 1945 la España franquista estuvo tutelada por los EEUU -lo mismo que el resto de la Europa occidental-, y su evolución política fue orientada, conscientemente, por una senda que le llevó desde el fascismo anticomunista -tan útil a los EEUU en los años de la Guerra Fría- a una democracia en el que los intereses de las élites sociales, políticas y económicas no estuvieran cuestionados, razón por la que -cuando lo exigieron las circunstancias- hubo que orientar la evolución del movimiento obrero y universitario más combativo, de orientación republicana y socialista, hacia opciones políticas menos hostiles con las clases dominantes…, para lo cual se pusieron en marcha todos los medios disponibles, incluida la violencia, en una estrategia de la tensión que también funcionó en otros países de Europa, como Italia.

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