Obligadas a realizar exploraciones cada vez más costosas en pozos ultraprofundos de alta mar, las compañías petroleras inician la conquista de la última frontera terrestre donde los costes de explotación son menores: los parques naturales y las reservas acuíferas de África. Esta fiebre petrolera topa con la resistencia de la sociedad civil y de asociaciones del Norte. Pero la lucha es muy desigual.
No hay quien pueda con la bulimia de las petroleras. En África, el 71% de los espacios naturales registrados como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) son objeto de concesiones mineras o petroleras (1). La multinacional francesa Total, tras una campaña internacional de activistas medioambientales, renunció a sus prospecciones en el Parque Nacional Virunga, ubicado en el este de la República Democrática del Congo (RDC); pero ahora está contemplando abrir diez perforaciones en otras reservas. Le tiene el ojo puesto, especialmente, al Parque Nacional de las Cataratas Murchison, en Uganda, donde penetran la selva ecuatorial y la sabana y viven elefantes, jirafas, leones, rinocerontes, búfalos, leopardos e hipopótamos.
El gigante petrolero está en la diana de seis organizaciones no gubernamentales (ONG) francesas y ugandesas (2), que han recurrido ante el Tribunal Judicial de Nanterre. Argumentan que este proyecto de oleoducto vulneraría los derechos humanos y medioambientales (3): la estación de bombeo se situaría en Hoima, junto al lago Alberto, a una hora por carretera al sur del Parque de las Cataratas Murchison, desembocando en el océano Índico. De hecho, una ley francesa sin equivalente en el mundo impone a las grandes empresas un “deber de vigilancia” en este ámbito, a lo largo de toda la cadena de subcontratación (4). Adoptada a raíz del derrumbe del Rana Plaza en 2013 en Bangladesh, en el que murieron más de mil obreros que trabajaban para subcontratistas de grandes marcas occidentales de “prêt-à-porter” (5), dicha ley considera a las multinacionales responsables de las consecuencias sociales y medioambientales de las actividades que controlan, directa o indirectamente, bien en Francia, bien en el extranjero. En especial, las obliga a implementar un “plan de vigilancia”. Sin embargo, Total, al parecer, no ha tomado ninguna medida de prevención específica.
No obstante, y sin pronunciarse sobre el fondo, el Tribunal de Nanterre, el 30 de enero de 2020, y posteriormente el Tribunal de Apelación de Versalles el 10 de diciembre de 2020, se declararon incompetentes y remitieron la causa a las jurisdicciones comerciales. Según Juliette Renaud, de Amigos de la Tierra Francia, estas decisiones manifiestan “una interpretación errónea del derecho, que lleva a ignorar el objetivo fundamental de esa ley: proteger los derechos humanos y el medio ambiente”. Por eso las ONG han presentado un recurso ante el Tribunal de Casación, esperando que no sea demasiado tarde para las poblaciones “total o parcialmente privadas de sus tierras y medios de subsistencia en Uganda y Tanzania”.
Este mes de marzo está previsto que comience la construcción del oleoducto East African Crude Oil Pipeline (EACOP), bajo el mando de un consorcio integrado por Total, la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), la Uganda Nation Oil Company y la Tanzania Petroleum Development Corporation. Con un coste de 3.500 millones de dólares, el EACOP transportará el crudo a lo largo de un recorrido de 1.443 kilómetros desde la estación de bombeo de Hoima, en Uganda, hasta la terminal tanzana de Tanga, en el océano Índico, bordeando el lago Victoria. Según Oxfam y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), supone un riesgo para doce mil familias. Los ribereños del lago Alberto ya se quejan de problemas de visión y audición, así como de enfermedades respiratorias, tras la realización de pruebas de pozos petrolíferos, con perforaciones exploratorias y el consiguiente riesgo de derrames de hidrocarburos. Las poblaciones cercanas a los yacimientos de Kingfisher y Tilenga denuncian, de hecho, que algunos pozos han sido contaminados por las actividades de exploración. También existe el riesgo de contaminar las aguas de los lagos Alberto y Victoria, reservas del Nilo Blanco, ya que Total tiene previsto instalar plataformas de exploración petrolífera en el recinto del parque, y la CNOOC, por su parte, en el lago Alberto.
En 2016, setenta ictiólogos (especialistas en peces) de diecisiete países alertaron sobre los peligros de la extracción petrolera en la región de los Grandes Lagos africanos (6). Hacían hincapié en que se trata de ecosistemas casi cerrados y expresaban su preocupación respecto a los proyectos petroleros en el lago Tanganica, donde la renovación completa de las aguas requiere siete mil años. Las consecuencias de una marea negra tardarían varios milenios en difuminarse, para desgracia de los casi diez millones de ribereños y sus descendientes. Según señalan Sixtus Kayombo, profesor en el Prospective College of Engineering and Technology de la Universidad de Dar es-Salam en Tanzania, y el ecólogo danés Sven Erik Jorgensen, el tiempo de renovación es de 123 años en el caso del lago Victoria (7).
Zona de interés petrolero
Uno tras otro, el Parlamento belga, alemán y europeo habían pedido el cese de las actividades de exploración y explotación en el Parque Nacional de Virunga, santuario de los famosos gorilas de montaña, lo que provocó la retirada de la petrolera británica Soco International en 2015. A pesar de esta presión y del estudio ictiológico de 2016, el Consejo de Ministros de la RDC autorizó el 8 de junio de 2018 la recalificación como zona de interés petrolero del 21,5% de la reserva natural, e igualmente de otra que representa el 40% del Parque Nacional de Salonga, de una extensión como Bélgica y santuario para los bonobos. En este caso, se trataba de preparar la ejecución de un contrato de reparto de la producción entre el Estado congoleño y la Compañía Minera del Congo (Comico) –del hombre de negocios Adonis Pouroulis–, aprobado por decreto presidencial en febrero de 2018: autoriza tres bloques (8) situados en la Cuenca central, uno de los cuales invade el Parque de Salonga.
Considerados como líderes en la conservación de la naturaleza, Namibia y Botsuana concedieron en 2020 a la empresa canadiense Reconnaissance Energy Africa (ReconAfrica) licencias de exploración que abarcan 35.000 kilómetros cuadrados a lo largo del río Okavango, dentro de la transfronteriza Área de Conservación Kavango-Zambeze (KAZA). Esta tiene una superficie equivalente a la de Francia e incluye treinta y seis zonas protegidas, entre ellas tres parques nacionales (Khaudom, Mangetti y Bwabwata). Las licencias petroleras pisan varios corredores de migración de la fauna salvaje –entre ella la mayor población de elefantes del continente–, y conciernen zonas que abastecen de agua al delta del Okavango, declarado Patrimonio de la Humanidad. Además, se alarma Annette Hübschle, investigadora en ciencias sociales de la Universidad de Ciudad del Cabo, las poblaciones bosquimanas o san, que viven en la región desde hace 40.000 años, corren el riesgo de perder su último refugio en el Kalahari.
Actualmente, en efecto, está prevista una perforación cerca del yacimiento arqueológico de Tsodilo Hills, en Botsuana, que atesora 4.500 pinturas rupestres y también es Patrimonio Mundial de la Unesco. Pero, para las petroleras canadienses que han transportado, desde Houston hasta el puerto namibio de Walvis Bay, equipos para una campaña de perforación que está programada para que dure hasta mediados de 2021, lo que está en juego es considerable: unas reservas de más de 100.000 millones de barriles, es decir, un tercio de las de Venezuela, las mayores del mundo (9). Según los promotores, una parte de estas reservas se explotará con tecnologías convencionales, pero el resto, contenido en yacimientos de esquisto, podría requerir fracturación hidráulica. Se trata de inyectar arena, agua y productos químicos con alta presión para romper la roca y acceder a las bolsas de petróleo o gas. Esta práctica produce aguas residuales que a veces son radiactivas, a menudo tóxicas, y pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales (10).
El Gobierno de Níger, por su parte, presionado por la China National Petroleum Corporation (CNPC), tres de cuyos bloques pisaban en aquel momento la parte oriental de su territorio (Bilma, Teneré y Agadem), recalificó el 26 de junio de 2019 más de la mitad de la Reserva Natural Nacional de Termit-Tintoumma (RNNTT), rebajando el estándar de protección medioambiental. La Red de la Esperanza, fundada por el letrado Mahamane Bachar, lamentó la falta de consulta con las comunidades locales tuareg, tubu, fulaní, hausa y árabe. Y eso que la Constitución de Níger del 31 de octubre de 2010 establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. El Estado tiene la obligación de proteger el medio ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.
En agosto de 2019, una petición de la asociación nigerina Jóvenes Voluntarios por el Medio Ambiente, que pedía que la parte amputada de la RNNTT volviera a considerarse zona protegida, recogió cuarenta mil firmas. Posteriormente, la Unión Europea y Francia suspendieron la financiación del programa de conservación de la biodiversidad ejecutado por la ONG francesa Noé, que gestiona la reserva desde noviembre de 2018, no para sancionarla, sino para poner de manifiesto los peligros que la explotación petrolera supone para el programa. La Comisión Europea nos informa de que los límites de la reserva han sido “adaptados”: para compensar la recalificación y mantener el tamaño original del parque, se han declarado protegidas nuevas zonas al oeste y al norte del parque. Se ha establecido un programa de conservación del addax (antílope) y el apoyo financiero internacional se reactivó en marzo de 2020. Esto debería resolver la contradicción legal que surgió en 2012 con la creación de la reserva, parte de cuyo territorio pisaba bloques petroleros previamente concedidos en zonas de interés ecológico aún sin clasificar (11).
El contrato de reparto de la producción firmado en 2008 con la CNPC establece que la zona de licencia no incluye ningún área clasificada o protegida. También estipula que el Estado se abstendrá de crear tales zonas durante el periodo de vigencia del contrato. Además, el decreto de 2012 por el que se crea la RNNTT exige estudios de impacto ambiental. Un decreto en preparación permitiría a esta reserva recuperar una parte de las tierras perdidas de hasta cinco kilómetros de las concesiones petroleras. Sin embargo, para disipar totalmente los temores de los activistas medioambientales, será necesaria la colaboración entre las fuerzas del orden, los agentes de las compañías petroleras y los ecoguardas, con el fin de proteger de los cazadores furtivos a los addax que se encuentran más allá de los límites de la reserva, afirman desde Noé. Pero nada está definitivamente ganado: aunque la ONG francesa ha establecido contactos con Savannah Petroleum, presente con la CNPC en el bloque Agadem, la empresa china se niega rotundamente a dialogar.
La lucha de los defensores del medio ambiente y de las poblaciones locales se antoja difícil. Su movilización en julio de 2020 disuadió a la empresa sudafricana Sasol de perforar en busca de gas cerca del archipiélago de Bazaruto, santuario de una fauna marina excepcional que incluye tortugas y dugongos, los únicos mamíferos marinos herbívoros, frente a las costas de Mozambique; pero esta victoria es más bien la excepción que confirma la regla. Periodistas, investigadores, representantes de las comunidades y defensores de los derechos humanos de la región del lago Alberto han sido objeto de amenazas, acoso y detenciones arbitrarias. El 15 de abril de 2014, a treinta kilómetros de Goma, en la RDC, Emmanuel de Merode sufrió una emboscada por parte de hombres armados y con uniforme militar. El director del Parque Virunga sobrevivió, pese a que le alcanzaron tres balas. Acababa de presentar al fiscal de Goma un expediente comprometedor para Soco International, quien negó toda implicación en el crimen.
El 23 de agosto de 2020, en el transcurso de una reunión en el distrito de Kakumiro contra el proyecto de oleoducto de Total, diez personas fueron detenidas. A mediados de septiembre de 2020, tres periodistas y seis activistas medioambientales también fueron detenidos “preventivamente” por la policía ugandesa, que quería impedir que se manifestaran. Los testigos que llegaron a Francia para el juicio de Total ante el tribunal de Nanterre en 2019 fueron presionados. A su regreso a Uganda, Jealousy Mugisha fue detenido e interrogado por la policía, y unos desconocidos intentaron entrar en la casa de otro activista, Fred Mwesigwa (12).
Por su parte, las asociaciones Frack Free Namibia, Eden y Fridays for Future interpelaron en noviembre a los Gobiernos de Namibia y Botsuana, así como a la Unesco y a Canadá, acerca de la explotación petrolera en el Okavango. Con una libertad de tono que contrasta con el de las ONG que actúan en un contexto más hostil, Frack Free Namibia recordó a las autoridades de Windhoek que la protección del medio ambiente está inscrita en la Constitución del país y que son signatarias de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. “Es absolutamente chocante ver lo poco que sabe la población sobre este enorme proyecto y las repercusiones que tendrá”, se indigna la ONG, añadiendo que no se consultó a los representantes de la etnia san.
La Unión Europea, que financia actividades de gestión de la fauna y el agua en la zona, pide a las autoridades de Namibia y Botsuana que respeten “su tradición de adhesión a las normas sociales y medioambientales y a la participación democrática en la toma de decisiones”, escribió la comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, a riesgo de parecer neocolonialista o paternalista a ojos de los nacionalistas africanos. Por su parte, Charis Poethig, portavoz del banco alemán de desarrollo KfW, que también financia proyectos de conservación en la zona, relativizó las preocupaciones de las ONG, afirmando que “no es en absoluto seguro que se pueda encontrar petróleo o gas en la zona”. Se ha solicitado la opinión de la Agencia Francesa de Desarrollo, que financia proyectos en el Okavango, pero esta no da señales de vida sobre el tema, como tampoco sobre el impacto de la explotación petrolera en el proyecto de conservación que financia en Níger o sobre el proyecto de ampliación de la red de agua potable de la ciudad de Kisumu en Kenia, a orillas del lago Victoria.
A pesar de las reservas expresadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund for Nature, WWF) en una carta enviada el 21 de junio de 2018 al entonces primer ministro de la RDC, Bruno Tshibala, por los embajadores de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Suiza, el presidente Joseph Kabila aprobó el 13 de diciembre de 2018 la concesión a la empresa sudafricana Dig Oil de tres bloques de la Cuenca central, uno de los cuales pisa también parte del parque de Salonga. En su 43.ª sesión, celebrada en junio-julio de 2019 en Bakú, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco “instó” a la RDC a cancelar las actuales concesiones petroleras en Salonga. Pero el nuevo jefe del Estado, Félix Tshisekedi, no ha cancelado ningún permiso en este parque.
Por su parte, en la ribera opuesta del río Congo, el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, menos presionado, promulgó el 31 de diciembre de 2019 una ley por la que se aprueba el contrato de reparto de la producción (CPP, por sus siglas en francés) bautizado con el nombre de “Mokelembembe”, un animal mítico de la subregión. Se trata de un acuerdo entre su país, la Compañía Nacional de Petróleo del Congo (Société Nationale des Pétroles du Congo, SNPC) y Total, que abarca parte de las turberas de la Cuenca central. El WWF no pudo convencer a las poblaciones locales de que se opusieran al proyecto. Estas esperan que la apertura de carreteras a cargo de las petroleras acabe con el aislamiento de su región, provocado por la creación de un espacio natural protegido gestionado por… el WWF. Gérard Iloko, de la Nueva Sociedad Civil de Tshuapa, y Célestin Engelemba, del Observatorio Nacional del Medio Ambiente, denuncian la desnutrición de los habitantes, debido a que las personas que vivían de la caza, la pesca y la recolección en los territorios de Monkoto, Bokungu e Ikela han sido desplazadas y alejadas de la reserva.
Las petroleras y el greenwashing
En Kivu, el proyecto “Makala” del WWF ayuda a los habitantes del Parque de Virunga a fabricar carbón vegetal para evitar la tala anárquica, pero las relaciones son mucho más tensas en Salonga. En mayo de 2019, una investigación de la Rainforest Foundation UK reveló crímenes cometidos por los guardas del parque, apoyados por el WWF: dos casos de violación grupal, dos ejecuciones extrajudiciales, varios testimonios de torturas y otras formas de abuso. En abril de 2020, la Unión Europea suspendió parte de su financiación al WWF en la República del Congo, al sospechar que se producían abusos a los derechos humanos en el proyecto de área protegida de Messok Dja. Según el Observatorio Congoleño de los Derechos Humanos, los pigmeos baka, cazadores-recolectores que dependen de la selva para su alimentación, su salud y sus rituales sagrados, también han sufrido violencia a manos de los ecoguardas, que están bajo la supervisión del WWF. Una investigación encargada por el WWF a Navanethem Pillay, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no encontró pruebas de que el WWF hubiera comprado o proporcionado armas directamente a los guardas implicados, contratados estos por sus gobiernos, y no por la ONG. Aunque no se podía esperar mucho de esta auto-investigación, sí revela cierta laxitud por parte de la organización a la hora de “aplicar sus compromisos […], al menos en parte por falta de medios adecuados y de conocimiento experto” (13).
Por su parte, Total anunció el 6 de julio de 2019 la creación de una unidad de negocio especial (business unit), con el fin de invertir en la preservación de los bosques, dotada de un presupuesto anual de 100 millones de dólares. Para Alain Karsenty, economista del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), se trata ante todo de distraer la atención de la opinión pública (14). Sea como sea, estos casos sugieren una falta de voluntad política por parte de los Estados implicados, tanto si albergan las sedes de las compañías petroleras como si acogen sus concesiones.
Notas:
(1) Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) y Dalberg Global Development Advisors, “Protéger les hommes en préservant la nature. Les sites naturels du patrimoine mondial comme moteurs d’un développement soutenable” (PDF), Gland-Ginebra (Suiza), 2016.
(2) Survie, Les Amis de la Terre, Africa Institute for Energy Governance (Afiego), Civic Response on Environment and Development (CRED), National Association of Professional Environmentalists (NAPE), Friends of the Earth Uganda y Navigators of Development Association (Navoda).
(3) Véase “Pétrole en Afrique de l’Est: les communautés en danger”, Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y Oxfam, septiembre de 2020, www.oxfamfrance.org
(4) Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, Journal officiel de la République française (JORF), n.° 0074, París, 28 de marzo de 2017.
(5) Léase Olivier Cyran, “En Bangladesh, los asesinos del ‘prêt-à-porter’”, Le Monde diplomatique en español, junio de 2013.
(6) Erik Verheyen et alii, “Oil extraction imperils Africa’s Great Lakes”, Science, vol. 354, n.° 6312, Washington, DC, 4 de noviembre de 2016.
(7) Sixtus Kayombo y Sven Erik Jorgensen, “Lake Victoria: experience and lessons learned” (PDF), Royal Danish University of Pharmaceutical Sciences, Copenhague, 2006.
(8) Zona concedida a una empresa petrolera con fines de prospección o explotación.
(9) “Newly discovered Kavango basin – Namibia and Botswana”, ReconAfrica, Fráncfort, diciembre de 2020, www.reconafrica.com
(10) Léase Maxime Robin, “En Dakota del Norte, las vacas pierden su cola”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2013.
(11) “Mission de l’UICN au Niger pour la conservation des derniers addax et gazelles dama sauvages et de la réserve naturelle nationale de Termit et Tin Toumma: compte-rendu et recommandations” (PDF), Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de sus Recursos, Gland, 2020.
(12) “The human rights impact of the East African Crude Oil Pipeline”, International Peace Information Service (IPIS), Amberes, 8 de octubre de 2020.
(13) “Embedding human rights in nature conservation: from intent to action”, WWF, 17 de noviembre de 2020.
(14) Alain Karsenty, “Total et les forêts”, Telos, 2 de septiembre de 2019, www.telos-eu.com
François Misser. Periodista.
Fuente: https://mondiplo.com/las-petroleras-se-lanzan-al-asalto-de-los-parques