Los servicios de espionaje estadounidense tienen etiquetadas de sospechosas de terrorismo a más de 300.000 personas en el mundo, pero muchas podría ser inocentes, destaca hoy el diario The Washington Post. La lista, elaborada por el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC por su sigla en inglés), incluye a 325.000 ciudadanos, considerados sospechosos de terrorismo internacional, […]
Los servicios de espionaje estadounidense tienen etiquetadas de sospechosas de terrorismo a más de 300.000 personas en el mundo, pero muchas podría ser inocentes, destaca hoy el diario The Washington Post.
La lista, elaborada por el Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC por su sigla en inglés), incluye a 325.000 ciudadanos, considerados sospechosos de terrorismo internacional, o de ayudar a actividades de este tipo.
Sin embargo, según el Post, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que una buena parte de las personas incluidas en los registros del NCTC podría estar al margen de esas acciones, y sin embargo ser cataloga de hostil a Estados Unidos.
Un funcionario citado por el periódico precisó que el número de sospechosos se cuadruplicó en los últimos dos años.
No obstante, The Washington Post estima que la cifra real de individuos considerados terroristas oscila alrededor de 200.000, ya que muchas personas contempladas en la lista pueden aparecer más de una vez con diferentes nombres.
De acuerdo con la fuente, cuya identidad el diario no revela, sólo una pequeña cantidad de sospechosos es de ciudadanos estadounidenses.
El número de presuntos terroristas sale a la luz en medio del escándalo que aqueja a la Casa Blanca, debido al programa de espionaje doméstico puesto en práctica por el presidente George W. Bush.
La semana pasada el Comité Judicial del Senado inició las audiencias para determinar si el plan de monitoreo ordenado por el gobernante, en nombre de su cruzada antiterrorista, viola las leyes del país.
En los debates se puso en duda la autoridad del Presidente para autorizar a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por su sigla en inglés) a husmear en las comunicaciones de sus compatriotas, sin contar con una orden judicial.
Al iniciase las audiencias, el secretario de Justicia Alberto Gonzales defendió los poderes del gobernante para autorizar la intercepción de conversaciones telefónicas y correos electrónicos privados.
En días recientes la senadora demócrata Barbara Boxer hizo pública una carta, en la cual pregunta a especialistas en derecho presidencial si el inquilino de la Casa Blanca debe ser sometido a un ‘impeachment’ (juicio político) por emitir tal orden.
En igual sentido se pronunció el representante John Conyers, demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara baja, quien presentó una propuesta para que el propio gobierno determine si existen razones para sentar a Bush en el banquillo de los acusados.
El escándalo de espionaje lo desató el diario The New York Times, al revelar que la NSA supervisó llamadas telefónicas e ‘e-mails’ de miles de personas en este país.
Para ello la superagencia no contó con orden judicial alguna, pero si con el visto bueno de una directiva emitida por el Presidente en 2002.
Una ley nacional de vigilancia de 1978 establece que los servicios de inteligencia deben solicitar permiso a una corte, antes de monitorear comunicaciones de civiles estadounidenses en territorio norteamericano.