Definitivamente, Zapatero no tiene buena suerte con sus declaraciones. Tras el precedente de que 2007 sería un año positivo en el desarrollo del proceso de paz y el fin de la violencia -declaración inmediatamente desmentida por el atentado de ETA en la T-4 de Madrid-, la prudencia parecía aconsejar no avanzar grandes perspectivas. Pero ¿cómo […]
Definitivamente, Zapatero no tiene buena suerte con sus declaraciones. Tras el precedente de que 2007 sería un año positivo en el desarrollo del proceso de paz y el fin de la violencia -declaración inmediatamente desmentida por el atentado de ETA en la T-4 de Madrid-, la prudencia parecía aconsejar no avanzar grandes perspectivas. Pero ¿cómo no hacerlo cuando se trata de diseñar un programa para la segunda legislatura de su gobierno, resumido en la «modernización definitiva» de España? Los siete socavones del AVE Madrid-Barcelona han venido a minar esta imagen de progreso, sustituida por el colapso de la red de cercanías catalana.
A pesar del intento de abrir un debate en positivo sobre el futuro de la segunda legislatura, objetivo de la entrevista del 2 de septiembre en El Pais/1, Zapatero se ha visto acosado en la primera mitad del otoño por los problemas no resueltos de la primera: las contradicciones de una reforma autonómica parcial; la pérdida de su iniciativa política en Euskal Herria; el desgaste del modelo de infraestructuras y crecimiento heredado del PP y continuado por Solbes; el aumento del déficit social; y el mantenimiento de la contraofensiva de la derecha social -en especial, de la judicatura y de la Iglesia católica-, a pesar de las menguantes perspectivas electorales de Rajoy.
La erosión de la base social del Gobierno Zapatero, frenada en parte por el miedo a una vuelta del PP, se traduce en abstención, según las encuestas, y en la crisis del sistema de alianzas a derecha e izquierda que ha puesto de manifiesto la primera votación sobre los presupuestos del 2008, cuando son patentes las señales de un cambio del ciclo económico. Socavones en una larga precampaña electoral que ha de durar hasta el próximo9 de marzo.
Los presupuestos del 2008
Más que entrar en los objetivos del programa del PSOE para una segunda legislatura, conviene empezar por unos presupuestos que resumen en buena parte estas contradicciones y muestran sus limitaciones, más allá de las promesas electorales.
En la entrevista antes mencionada, Zapatero definía en tres puntos ese proyecto de «modernización definitiva» de España: a) desarrollo de las condiciones materiales en infraestructuras y productividad para una «nueva economía» capaz de superar un modelo de consumo privado y ladrillo, heredado del PP, que manifiesta ya claros signos de agotamiento; b) esfuerzo por alcanzar la media de gasto social europea, superando el déficit acumulado desde los años 90; c) y políticas de convivencia para la nueva realidad demográfica que supone el crecimiento de la inmigración.
Sin embargo, el proyecto de presupuestos del 2008 -probablemente los últimos en esta fase expansiva del ciclo-, lejos de incorporar esos objetivos, ha revelado hasta qué punto los intereses de las grandes empresas determinan una orientación básicamente neoliberal de la política económica, aun si con correcciones redistributivas /2 que, de todos modos, no alteran la tendencia dominante: ni frenan la caída de la participación de los salarios en la renta nacional -a pesar del crecimiento de la población activa-, ni ponen proa a la reducción del déficit social con Europa /3. Y ello con tasas de beneficios empresariales y de crecimiento económico muy altas/4.
A pesar de las declaraciones algo triunfalistas de Zapatero, el propio Solbes -respondiendo a las acusaciones de despilfarro y de cambio de orientación presupuestaria por parte de la derecha- se encargó de subrayar que el gasto social se limitaba a crecer en la misma medida que los presupuestos: un 6,7%. Tras tres años de superávit, previsto para todas las administraciones públicas, del 1,15% del PIB en el 2008, y un gasto de protección social del 20%, en comparación con el 27,3% del PIB de la UE-25, no se puede hablar de giro social.
De hecho, las dos medidas mas importantes anunciadas de ese supuesto giro social, el «cheque-bebe» de 2.500 euros y el plan de apoyo al alquiler de viviendas para jóvenes, suponen en cada caso, aproximadamente, el 0,12% del PIB, mientras la financiación de la ley de dependencia alcanza el 0,076% y las ayudas a las políticas de inmigración el 0,036%. En realidad, la parte fundamental del gasto social sigue destinada a mantener el nivel adquisitivo de las pensiones, y a mejorar las muy bajas pensiones mínimas, de acuerdo con los compromisos adquiridos con los sindicatos. Se responde así a la importancia creciente de este sector del voto (17%), altamente sensible.
Con una tasa de endeudamiento familiar superior al 120%, los salarios siguen disminuyendo su peso en la renta nacional, hasta situarse en el 46%. Esta situación adquiere todo su significado si se tiene en cuenta que, a pesar de multiplicarse por dos el número de asalariados desde mediados de los años 90, su participación en la renta nacional ha caído tres puntos del PIB. Este espectacular aumento de la plusvalía en forma de beneficios es lo que resume el efecto de las políticas neoliberales.
A las primeras señales del cambio de ciclo (caída del consumo privado en 0,3%, desaceleración de la construcción en 1,1%), antes incluso de las alarmas de la crisis hipotecaria en EE UU, la principal respuesta del gobierno ha sido asegurar ese margen de beneficios con una reducción de la ya baja presión fiscal en comparación con Europa. Las reformas del IRPF y del Impuesto de Sociedades suponen una reducción de ingresos públicos de unos 6.000 millones de euros, el 0,53% del PIB, que en un 30% benefician directamente al 5% de los contribuyentes más ricos.
Incluso en otro de los componentes más progresistas de estos presupuestos, el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de un 26,9% -para cumplir la promesa electoral de alcanzar el 0,5% del PIB en esta legislatura-, la aportación de la Administración central es en realidad del 0,38% del PIB. Y no hay mecanismos para garantizar que las administraciones autonómicas y municipales, además de las ONGs, puedan cubrir el 0,17% restante. Y el 55% de la cantidad asignada en los presupuestos centrales corresponde a créditos FAD.
Como el propio Solbes ha señalado, el verdadero objetivo de los presupuestos del 2008 era «resolver el sudoku» de la inversión territorial tras la reforma de los estatutos de autonomía, en especial de Cataluña y Andalucía, que fijan criterios antagónicos de financiación: el primero en relación con su aportación al PIB; el segundo en relación con la población.
Se trataba de evitar a toda costa lo que debía desaparecer del debate preelectoral, las frustraciones de las reformas estatutarias, sobre todo en Cataluña. Unas reformas que, ligadas como van a la financiación de los servicios públicos yael gasto social transferido con las competencias, pueden rápidamente establecer una relación directa entre descentralización administrativa y cuestión nacional, como de hecho ocurre en Cataluña y Euskadi.
Para «resolver el sudoku», Solbes ha contado con un aumento de la inversión territorial del 14,4%. Andalucía ha recibido un aumento superior al 10%, de acuerdo con el criterio de población y la solución de la llamada «deuda histórica». Pero Cataluña, en plena crisis de sus infraestructuras, no ha alcanzado el 18,8% de su contribución al PIB (ni siquiera el 16% de su peso demográfico), situándose en el 14,9%. A esta disparidad entre comunidades gobernadas por la izquierda, hay que sumar los «agravios», reales o ficticios, de las comunidades regidas por la derecha. Valencia ha recibido mas del 25% de incremento -lo que no ha evitado las quejas de Camps-, mientras que Madrid, por primera vez, ve reducida su cuota, lo que ha desatado un torrente de acusaciones de Esperanza Aguirre (quien, dicho se de paso, ha doblado durante su mandato la deuda de su comunidad, hasta alcanzar los 10.000 millones de euros, sumaderos a los 6.000 de Gallardón como alcalde).
La realidad de las cifras no ha evitado su utilización interesada. En primer lugar por parte del Gobierno, a fin, supuestamente, de situar en primer plano lo «social» frente a lo «territorial», como si ello fuera ya posible en la actual estructura de competencias del estado de las autonomías. Luego el PP, a fin de denunciar el supuesto despilfarro del gasto social, porque según Rajoy : «Este gobierno acabará por ofrecer a todos un chalet en el Caribe»(El País 23-09-2007). Para los nacionalistas de derechas de CiU -aspirantes a socios de gobierno, primero en Madrid, y después, en Barcelona-, las promesas presupuestarias del Gobierno son solo «electoralistas», lo que se dice en un intento de capitalizar de alguna manera la erosión del voto de izquierdas en Cataluña como consecuencia de la crisis de las infraestructuras y de la gestión sanitaria privatizada del Govern tripartito. IU-ICV ha dado una batalla tardía, pero con éxito, para reorientar parte de los «cheques-sociales» hacia la financiación de un derecho público universal, como son las guarderías infantiles.
Al final, los únicos que no se han quejado han sido, significativamente, el PNV y la Iglesia católica. Los primeros, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno central sobre el Concierto Vasco para los próximos tres años, han apoyado naturalmente los presupuestos centrales, a pesar de la polémica sobre el segundo Plan Ibarretxe. La Conferencia episcopal, tras los acuerdos de financiación con el Gobierno, recibe como un derecho 152 millones de euros, un aumento del 34% en relación con el sistema transitorio provisional anterior.
Detrás de estos equilibrios es fácil descubrir tanto la verdadera correlación de fuerzas como la erosión de las fuerzas acumuladas en el ciclo de movilizaciones sociales de 2002-2004, algo que no se había hecho más patente hasta ahora por las altas tasas de crecimiento de la economía española.
Cataluña y Euskal Herria
La erosión del voto socialista puede ser especialmente peligrosa en Cataluña/5, de cuyas tasas de participación electoral, así como de la reelección de los 21 diputados del PSC, dependerán en buena parte los resultados del PSOE en las elecciones de marzo del 2008.
Consciente de ello, Zapatero comenzó tras el verano su pre-campaña electoral por Cataluña: con la designación de Carme Chacón como ministra de vivienda y con el anuncio de los «cheques sociales» en el mitin de Gavá del PSC el 15 de septiembre, cuando prometió asistencia dental gratuita para los niños entre 7 y 15 años. Montilla, tras el verano de la crisis de las infraestructuras eléctricas y ferroviarias catalanas, acabó su intervención con una rogatoria: «No nos falles, Jose Luis». Zapatero, por su parte, se comprometió a que «la red ferroviaria funcionará perfectamente en diciembre…no hay lugar para el pesimismo» (El País, 16-09-2007).
Pero la presión en la calle y en el Parlament de Cataluña empezaba ya a ser insostenible a finales de septiembre. Respondiendo a las acusaciones de CiU de no defender los intereses catalanes en Madrid, Montilla presentó como prueba de su falta de supeditación el que, en realidad, el candidato de Zapatero como presidente de la Generaltitat había sido Artur Mas y que solo la resistencia del PSC había permitido conformar el tripartito catalanista y de izquierdas. Una experiencia que en el mes de agosto no pudo repetir el PS de Navarra con Nafarroa Bai e IU, a pesar de la mayoritaria posición favorable de su dirección y del apoyo de la mayoría del PS de Euskadi.
Las abiertas criticas abiertas a Zapatero del ex-presidente Maragall por las presiones de aquél en la negociación del nuevo Estatut, y la posterior baja del PSC de éste, solo vinieron a echar gasolina al fuego de la crisis de todo el sistema de alianzas del PSOE, a derecha e izquierda, provocada por su «viaje al centro» del electorado. Una crisis que se manifiesta con especial crudeza en los partidos socialistas de Cataluña, Navarra y Euskadi, esos imprescindibles catalizadores de las alianzas con las fuerzas nacionalistas en sus propios territorios, ahora sacrificados en el altar de la nueva orientación de Ferraz.
Tras el penúltimo socavón de la estación del AVE en Sants, con una interrupción prevista en los servicios ferroviarios de cercanías de más de quince días, con el aplazamiento definitivo de las fechas de inauguración del AVE y con el rechazo de los alcaldes del Baix Llobregat de su desvío provisional a la estación de El Prat, Zapatero se ha visto obligado a acudir a Barcelona para explicar personalmente las decisiones adoptadas y asumir responsabilidades. Pero la mayoría de los partidos catalanes exigían la dimisión de la ministra de fomento, la andaluza Magdalena Álvarez. La visita no fue suficiente, a pesar del evidente respiro que proporcionó a Montilla, y el mismo día en que se hacia pública la sentencia del juicio del 11-M, el 31 de octubre, Zapatero comparecía a petición propia ante el Congreso de los Diputados para asumir de nuevo responsabilidades y enfrentar en el terreno más propicio para él, en el cara a cara en Madrid, a los representantes de los partidos catalanes.
Mientras tanto, en Euskal Herria, la pérdida de la iniciativa política del Gobierno Zapatero tras la entrega del gobierno navarro a la derecha el pasado agosto creó un vacío que fue ocupado por la propuesta institucional del Lehendakari Ibarrretxe de una doble consulta en octubre del 2008 y el 2010. Un proceso que permitiese establecer, a través del derecho a decidir del pueblo vasco, una nueva legitimidad democrática frente al terrorismo y un pacto soberanista entre Euskadi y el Estado español. Ramón Zallo, en un articulo publicado el 5 de octubre, explicaba con todo detalle los objetivos, razones y límites de esta propuesta: «Hay que tomar iniciativas acertadas simultáneamente en dos campos para que ETA no le robe la agenda a la sociedad real, a los partidos e instituciones; y para que el Estado no bloquee el cambio del marco jurídico-político. De hacerlo convertirá esta nación sin Estado en rehén de una institucionalización que no respaldó (Constitución) y de una vía agotada (el viejo Estatuto) y que ya no sirve para sus retos actuales»/6.
Tras el fin de la tregua de ETA, los efectos políticos de una ofensiva terrorista no se han producido. Por una parte, una escalada con muertos resulta inasumible para una parte importante de la izquierda abertzale, que busca reconstruir su presencia política desde el espacio municipal y parlamentario que sustentan ANV y EHAK. La capacidad policial francesa y española ha demostrado su eficacia frente a ETA, al mismo tiempo que la represión contra la dirección de Batasuna -detenida casi en su totalidad en Segura el pasado 5 de octubre- ha situado al resto de la izquierda abertzale ante la alternativa de priorizar una campaña de solidaridad automarginante, o intentar seguir disponiendo de una cierta capacidad de influencia política institucional. Y hasta el momento, parece haber optado por esto último/7, coherente con la apuesta de una parte de su dirección por mantener abierto el horizonte estratégico de un proceso de paz negociado.
Con este escenario de fondo y en un Euskadi altamente inflamable (como se vio en la batalla campal ocurrida en el barrio viejo de Donosti el pasado 11 de octubre, en los actos de protesta contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia Vasco de permitir allí una manifestación por la «unidad de España» de Falange), la reunión entre Ibarretxe y Zapatero en Moncloa el 16 de octubre se preparó como un diálogo de sordos. Para Zapatero, la prioridad electoral seguía siendo la misma que le había llevado a sacrificar el posible gobierno de izquierda en Navarra a la derecha carlista de UPN: evitar abrir un flanco al PP con su «viaje al centro» del electorado, rechazando de plano cualquier iniciativa del nacionalismo vasco, aunque fuese de su derecha más moderada. Por su parte, para un Ibarretxe cabalmente consciente de la situación electoral del PSOE, se trataba de ocupar todo el espacio democrático de la resistencia nacional desde las instituciones vascas, capitalizando la esperanza de una salida negociada que cuenta con el respaldo -según una encuesta del propio Gobierno vasco- del 59% y sólo con el rechazo del 21% de los ciudadanos de Comunidad Autónoma Vasca (quienes, en cualquier caso, son partidarios en un 89% de un diálogo entre los gobiernos central y autonómico para buscar salidas a la actual situación).
La contraofensiva sostenida de la derecha
Que las cosas pueden empeorar, es evidente. No ya porque ETA finalmente lleve a cabo un nuevo atentado con víctimas mortales. Sino porque la capacidad de la derecha, en este caso judicial, de prender con una chispa la piscina de liquido inflamable en la que flotan la sociedad civil y las instituciones vascas es considerable. Después de Navidades, pero antes de las elecciones de marzo, está prevista la causa oral, abierta a requerimiento del PP y del Foro de Ermua por el juez Roberto Saiz -contra la opinión de la Fiscalía y de la doctrina de la Audiencia Nacional-, que sentará en el mismo banquillo de los acusados al Lehendakari Ibarrretxe, a los dirigentes socialistas vascos Patxi López y Rodolfo Ares y a los de Batasuna Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia (actualmente en prisión por otras causas) y Pernando Barrena. La acusación es la celebración durante el proceso de paz de entrevistas en la sede del Gobierno vasco y en un hotel, a pesar de la ilegalización de Batasuna. La petición de la acusación popular ejercida por el Foro de Ermua es de dos años y nueve meses de cárcel e inhabilitación de cargo público para el Lehendakari Ibarretxe, nueve meses de prisión para los dirigentes socialistas y entre cuatro y dos años para los de Batasuna.
Zapatero se vio ya en una situación similar, con la acción popular de la organización de extrema derecha «Manos Limpias», por autorizar con el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados los contactos con ETA. Un auto del Tribunal Supremo de noviembre de 2006 frenó la apertura de la causa, señalando que la tarea de control del Ejecutivo le corresponde al Legislativo, y no al poder judicial, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución. Pero la opinión contraria del juez Saiz sobre la gravedad del incumplimiento de un mandato judicial por parte del ejecutivo y los diputados vascos -consecuencia de la ilegalización de Batasuna por la antidemocrática Ley de Partidos-, pende ahora del recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de no juzgar al Presidente del Banco de Santander, Emilió Botín, por un delito de malversación en una acusación ejercida por la vía de la acción popular que se verá el próximo 14 de noviembre. Parece difícil imaginar -pero nada es imposible- que Saiz pueda actuar contra semejante precedente, que ha unido los destinos de Botín y la política vasca de manera tan sorprendente e irónica.
Las batallas en el poder judicial no se limitan a Euskadi. La bloqueada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC), con una estrategia de recusaciones mutuas entre los sectores conservadores y progresistas, a fin de romper el empate que daría a la Presidenta del TC el voto de calidad decisivo en el recurso de anticonstitucionalidad promovido por el PP contra el nuevo Estatut de Catalunya, pone de manifiesto hasta qué punto la división de poderes depende de la voluntad política de las partes, como ya advirtió en su día el propio Montesquieu. Por si hubiese alguna duda, Zaplana anunciaba solemnemente el 23 de octubre que el PP daba por cancelada cualquier negociación sobre la renovación el CGPJ hasta después de las elecciones de marzo, «cuando les llamaremos desde el Gobierno» para reestablecer el Pacto de Estado sobre la Reforma de la Justicia firmado por el PP y el PSOE bajo el Gobierno Aznar, que dio paso a la actual composición del CGPJ favorable a la derecha conservadora.
Desde su bastión de la FAES -entre viaje y viaje de sus negocios de tráfico de influencias y como consejero del grupo Murdoch-, Aznar volvió a asomarse a la vida política española. Como si Rajoy no tuviera bastante ya con la vuelta de Rato del FMI y la polémica sobre su sucesión al frente del PP, alimentada en Madrid por Esperanza Aguirre y Gallardón. Aznar reapareció para reafirmar las razones de su alianza incondicional con la Administración Bush en la guerra de Irak -recordada por la publicación de las notas de sus entrevistas previas a la guerra con el Presidente de EE UU por El País (26-09-2007)-, pocas semanas antes de que la sentencia sobre los atentados terroristas del 11-M demostrase sin lugar a dudas el precio pagado por ella. Pero sobre todo para repetir machaconamente hasta la exageración el lema de «España se rompe»: «Hoy vemos cómo se ataca interesadamente a la Monarquía de todos y cómo, en otro alarde de frivolidad, se inhiben quienes tienen el deber constitucional de defenderla. Hoy vemos cómo los que quieren acabar con España han decidido acabar primero con sus símbolos…». Ernesto Ekaizer llegó a ver un paso más en la evolución de Aznar, y del sector político que representa en el PP, de la derecha extrema a la extrema derecha Lepenista (El País, 5-10-2007).
Pero Rajoy no pudo resistirse a esta campaña de su mentor y acabó convocando, desde un video que calcaba la intervención institucional de Navidades del Monarca, a una «guerra por la bandera» con ocasión de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. La concentración de la extrema derecha con una muchedumbre de enseñas preconstitucionales en el desfile militar -que acabó con la paciencia del propio Rey Juan Carlos, acosado desde la radio de la Iglesia católica para que abdique en su hijo, por no hacer frente con suficiente energía a la «crisis nacional»- tuvo como justa respuesta por la tarde una masiva Marcha de la Hispanidad, en la que 300.000 personas festejaron al ritmo del colombiano Carlos Vives y de los cubanísimos Van Van, con un bosque de banderas de todos los países de América Latina, una visión muy distinta del futuro del Estado español/8.
A pesar de la nueva formula de financiación de la Iglesia Católica pactada por el Gobierno Zapatero, la Conferencia Episcopal ha sido, en la medida en que las perspectivas electorales de Rajoy disminuyen, la depositaria de la identidad de la derecha española, anclada en el nacional-catolicismo franquista. Frente a las ambigüedades del Gobierno Zapatero y las divisiones de la izquierda en relación con la Ley de la Memoria Histórica, la jerarquía católica ha organizado en torno a la beatificación en Roma de 498 «mártires de la fe» asesinados en el período republicano (1931-39) una gigantesca movilización de masas presidida por el propio Benedicto XVI el mismo 28 de octubre que se conmemoraba el 25 aniversario de la victoria electoral de Felipe González y del primer gobierno de izquierda en España después de la II República.
Pero solo se trata de un primer paso, porque otros 863 «mártires» esperan la beatificación tras la resolución de 46 causas. La Iglesia Católica construye en Valencia -sede del Gobierno de la II República durante un período de la guerra civil- una Basílica-memorial para estos miles de «mártires», que vendría eventualmente a sustituir al mismísimo mausoleo del Valle de los Caídos, en un ejercicio de separación de la imperecedera alma nacional-católica de la derecha del corruptible cuerpo del franquismo. La presencia del Ministro Moratinos en Roma para la ceremonia de beatificación, como representante del Gobierno Zapatero, ilustraba mejor que cualquier otra explicación las limitaciones del proyecto de Ley de la Memoria Histórica, incluso en el terreno simbólico.
Como en el caso de Navarra, marcar los límites no transgredibles por la izquierda en el marco del actual sistema constitucional es el objetivo de esta contraofensiva permanente de la derecha, más allá de la perspectiva electoral del PP propiamente dicha.
Horizontes pos-electorales
A estas alturas la legislatura, a sólo dos meses de su fin, todo apunta a que la erosión del voto socialista sigue siendo compensada ampliamente por el perceptible rechazo de la población española a un posible regreso del PP al gobierno. A comienzos de octubre, las encuestas mostraban una caída de un punto en la intención de voto del PSOE (42,5%), perdiendo, además, Zapatero dos décimas en su valoración (4,9), su tercer suspenso tras el atentado de ETA en la T-4 del aeropuerto de Madrid. Pero el PP se mantenía a 5 puntos de distancia (37,8%), y Rajoy seguía en el 4,1, sin haber aprobado nunca.
De hecho, en los cálculos más optimistas de ambos partidos sobre los resultados electorales del próximo 9 de marzo, el PSOE ganaría 8 escaños más, situándose en 172, y el PP, 12, con lo que sumaría 160 diputados/9. Siendo la mayoría absoluta de 176, la cuestión esencial es con quién pueden construir ambos partidos una mayoría parlamentaria de apoyo al gobierno, porque ninguno la obtendrá por si mismo.
En esta tesitura, la ventaja del PSOE es más evidente porque, dependiendo de los resultados de las fuerzas políticas nacionalistas y de IU, puede mantener las actuales alianzas asimétricas a derecha e izquierda. Pero el PP, con la excepción de Coalición Canaria, no puede establecer alianzas sin una modificación sustancial de su estrategia de frontal recusación del nuevo Estatut en Cataluña y de tenso enfrentamiento con el conjunto del nacionalismo vasco.
La falta de un horizonte de alternativa de gobierno creíble, junto con la evidente erosión de Rajoy como candidato de la derecha -de la que la cateta chanza chocarrera a costa de su primo y del cambio climático no es sino la última muestra-, está llevando al PP a apostar por una fórmula no solo compatible con el tremendismo del «España se rompe», sino afanosa de recuperar puentes con los sectores más derechistas del PSOE con vistas a un gobierno de coalición PSOE-PP. Se trataría de dar cuerpo a la pretensión de toda la legislatura -más allá de una teoría de la conspiración concebida para ilegitimar al Gobierno Zapatero y ahora demolida por la sentencia del juicio del 11-M- de que los «temas de estado», en conformidad con un supuesto «espíritu de la Transición», deben ser pactados por los dos grandes partidos españoles, otorgando eso a la derecha un derecho de veto frente a cualquier propuesta de cambio político y social.
La fórmula es un espejismo que trata de reproducir desde el otro lado del espejo la estrategia del PSOE de un «viaje hacia el centro» del electorado. Pero tiene el doble efecto de justificar la política más agresiva de la derecha, aun careciendo de solución de gobierno propia para materializarla, y de crear una presión sobre el PSOE desde la derecha social y desde las propias filas socialistas, a fin de llevar ese «viaje al centro» lo más lejos posible en la naturaleza misma de sus propuestas y políticas. Su objetivo es alterar por otras vías la correlación de fuerzas que sigue marcando en la izquierda el «zapaterismo» -y que lo distancia del «felipismo», tan añorado estos días con motivo de su 25 aniversario-, mientras la derecha encuentra un candidato alternativo a Rajoy para las próximas elecciones dentro de cuatro años. Dadas las cuestiones pendientes que deberá afrontar el Gobierno Zapatero en los próximos meses y en la siguiente legislatura, esta estrategia de la derecha podría tener más éxito de lo pensado, si no se produce una movilización electoral de las izquierdas a la izquierda del PSOE y si la izquierda social no vuelve a entrar en un nuevo ciclo de movilizaciones capaces de acumular fuerzas enfrentándose a la crisis del modelo económico heredado del PP y a las contradicciones de las reformas estatutarias.
NOTAS:
1/ Esta nota de coyuntura es continuación de la publicada en Sin Permiso el 2-9-2007 con el título «El viaje del PSOE al centro del electorado». El País, 2-9-2007 «Si no hubiese intentado el proceso de paz, sería un presidente sin alma, sin entrañas», entrevista de Javier Moreno a José Luis Rodríguez Zapatero. 2/ Esta concepción neoliberal ha encontrado en la menor proporción del gasto público español en relación con el PIB, en comparación con Europa, uno de sus dogmas. El Presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez se ha convertido, aun más que Solbes, en su principal defensor en las filas del PSOE frente a los sectores socio-liberales defensores de una política prudente de desarrollo del estado de bienestar: «Como se sabe, el gasto público de los entes territoriales es más de dos veces y media el de la Administración Central. Con esta distribución, es obvio que lo que hagan Comunidades Autónomas y Entes locales es, a efectos del mantenimiento de la proporción del gasto público sobre el producto interior bruto, muchísimo más importante que lo que haga el Gobierno del Estado. Las leyes de Estabilidad Presupuestaria han tenido en cuenta este cambio esencial en la estructura del Estado a la hora de establecer las reglas de disciplina presupuestaria. Y hasta ahora el objetivo de estabilidad se ha satisfecho razonablemente, pero este es un campo en el que no se puede bajar la guardia. Como he dicho antes, una de las ventajas que avalan el crecimiento diferencial en España cuando se compara con otros países europeos, es el hecho de que la proporción del gasto público sobre el PIB no llega en España al 40%, mientras que en otros países se acerca o supera el 50%. Es muy importante tener clara la exigencia de mantener esta ventaja comparativa. Y ello implica que cuando las demandas públicas de educación y de sanidad presionen sobre los distintos gobiernos territoriales, especialmente en momentos en que el crecimiento de los ingresos no sea tan elevado como lo es ahora, será necesario que los aumentos de los gastos en educación, que tan importantes son para el crecimiento, se vean compensados con descensos en los gastos destinados a otras áreas menos prioritarias». «El mayor peligro: la complacencia», conferencia pronunciada ante el Círculo de Economía de Barcelona el 31-01-2007. http://www.bde.es/prensa/intervenpub/gobernador/mfo310107.pdf
3/ Para un análisis más detallado, ver el informe del Gabinete Técnico del grupo parlamentario de IU-ICV, «Los Presupuestos Generales del Estado-2008 en la legislatura del superavit fiscal», Rebelión (10-10-2007), http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57416, del que se extraen los principales datos. Es significativo que este informe exprese claramente las contradicciones que introdujo en la posición de IU-ICV el voto favorable a las leyes de estabilidad presupuestaria de Solbes, por cuestiones meramente tácticas equivocadas, aceptando de hecho una lógica presupuestaria que el propio informe y la presentación de una enmienda a la totalidad posterior rechazaron.
4/ Si no cabe duda en cuanto al crecimiento por encima de un punto del PIB de la media europea, conviene hacer algunas matizaciones en cuanto a la tasa de ganancias de las empresas españolas. Claramente superior a la media europea y sobre todo a la alemana hasta el 2002, es la que sufre actualmente una caída sostenida más importante, quizás la señal más importante del agotamiento del modelo, junto con el endeudamiento familiar y la reducción de las tasas de crecimiento en la construcción. A pesar de su importancia no se suele subrayar este dato estructural clave por la espectacular realización de beneficios netos en los sectores financieros y de la construcción de estos años. Goldman Sachs, European Weekly Analyst, 28-06-2007.
5/ La Vanguardia publicaba el 29 de octubre del 2007 una encuesta realizada entre el 22 y el 25 de octubre, cuyo principal resultado era que desde julio del 2006 quienes consideran buena o muy buena la política del Gobierno central hacia Cataluña ha caído del 60% al 37%, mientras que los rechazos han pasado del 19% al 33%. La valoración positiva en general del Gobierno también ha descendido del 74% al 53%, reduciéndose en la práctica a los votantes del PSC. Sin embargo, en las preferencias entre Zapatero y Rajoy, el primero, a pesar de caer ocho puntos, sigue manteniendo una ventaja aplastante de 72% frente al 13%. Y este posicionamiento ante las alternativas de gobierno central contiene la erosión de momento cara a las elecciones generales: de acuerdo con la encuesta, el PSC pasaría de 21 a 23 escaños, ERC perdería 2 escaños, pasando a 6 y el resto de las fuerzas catalanas se mantendrían igual.
6/ Ramón Zallo, «El GPS de Ibarretxe», Rebelión, 5-10-2007 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57213
7/ Así, una semana después de la detención de la dirección de Batasuna en Segura y un día después del robo por ETA en Lorentte, Francia, de 2.000 litros de nitrometano diluido, ANV anunciaba públicamente su intención de concurrir a las elecciones generales del 9 de marzo (El País, 13-10-2007).
8/ Quizá convenga subrayar el hecho de que tras las grandes manifestaciones en Madrid contra los atentados del 11-M, los atentados de ETA y el aniversario de la Guerra de Irak, las grandes concentraciones de la izquierda social en la calle en Madrid han tenido un carácter claramente festivo, como el Día del Orgullo Gay y la Marcha de la Hispanidad, cuestionando de raíz la pretendida naturaleza trágica de la polarización que alimenta la derecha social. El carácter inclusivo de estas celebraciones, capaces de atraer en un nuevo ritual ciudadano a todos los sectores populares, debería abrir una reflexión sobre el agotamiento de algunas formas de expresión institucionalizada de la izquierda, en especial los desfiles sindicales del 1 de Mayo. 9/ El País, «Los estrategas del PSOE y PP concentran sus esfuerzos en 23 provincias clave», 14-10-2007.
Gustavo Búster, miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO, es el heterónimo de un analista político madrileño.
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www.sinpermiso.info, 4 noviembre 2007