Una decena de centros sociales trabajan en un documento de base que marque la relación con el Ayuntamiento
¿Cómo crear un marco común para relacionarnos con la Administración? Ésta es la pregunta de partida sobre la que trabajan decenas de colectivos que desde hace meses están diseñando un marco base para regular la cesión de espacios por parte del Ayuntamiento de Madrid, una figura legal que tiene como primer precedente en la ciudad la experiencia de la Escuela de la Prospe.
Como en la mayoría de los casos que le sucedieron, la Consejería de Educación accedió a ceder un edificio a los colectivos sociales después de un proceso de resistencia por parte de los vecinos del barrio: un PSOE recién llegado al Gobierno había ordenado el cierre del centro social Mantuano de donde saldrían las caras más visibles de la movida madrileña. En 1981, Educación cedió a los colectivos del barrio un edificio propiedad del Arzobispado en la calle Zabala. En los siguientes años, gobiernos locales del PSOE y del Partido Popular han cedido espacios públicos a centros sociales. La última cesión, en febrero de este año, fue la de doce huertos urbanos a asociaciones vecinales y colectivos ecologistas, con Ana Botella aún como alcaldesa de la ciudad.
Sin embargo, desde muchos de estos espacios señalan las dificultades que se han encontrado. «En todas ellas [cesiones] se han consensuado reglamentos de funcionamiento acordes con los objetivos y las características de la comunidad promotora que, por otro lado y, a la luz de la experiencia acumulada, no han resultado del todo satisfactorios, flexibles ni funcionales», señala un documento que sirve de base para el debate sobre el marco común elaborado desde la red Hacenderas, de la que forman parte colectivos como EV Montamarta, Seco, la Red de Huertos Urbanos o El Campo de Cebada.
«Las conversaciones de las que deriva el proceso de creación de un protocolo para la relación con la Administración comenzaron hace unos cinco años, por parte de colectivos y asociaciones de vecinos», explica Pablo García Bachiller, arquitecto y miembro de Patio Maravillas, en la introducción de la última reunión del grupo. En ella participaron cerca de 50 personas de una decena de colectivos, entre los que se cuentan muchos que ya funcionan en un espacio cedido, como Ésta es una Plaza o Eskalera Karakola, y otros que aún no han definido un acuerdo con la Administración, como El Patio Maravillas o el Espacio Vecinal de Arganzuela. En los meses previos a las elecciones municipales se reactivaron las conversaciones con el Ayuntamiento, sobre todo a través de Nacho Murgui, concejal de Coordinación Territorial y Asociaciones, y, hasta marzo de 2015, presidente de la FRAVM. «Desde el Ayuntamiento estamos esperando a que nos presenten la propuesta para trabajar sobre ella», ha confirmado Murgui a Diagonal.
Por ahora no se ha marcado un plazo para terminar el proceso ya que, según explican desde el grupo, «hay que responder a ritmos que permitan una participación amplia entre los diferentes espacios y entre las madrileñas en general». Durante los últimos meses, la actividad se ha centrado en el análisis de las decenas de experiencias de cesión de espacios tanto en Madrid como en otras ciudades del Estado y de fuera. Desde Eskalera Karakola, hasta el Campo de la Cebada, Can Batlló (Barcelona) o Astra (Gernika). De cara a las próximas semanas, las tareas a abordar serán definir los usos de los espacios vecinales, las figuras legales y las líneas rojas en la negociación con el Ayuntamiento. Como documento base sobre el que trabajar y hacer cambios, el borrador del protocolo elaborado por la red Hacenderas propone algunas líneas con un consenso más avanzado, como que el Ayuntamiento sea el responsable de financiar las obras que necesite cada espacio cedido para que reúna las condiciones básicas de uso, que éste facilite las licencias y permisos necesarios para las actividades -incluida cafetería- o que el marco asegure que cada espacio esté abierto a la participación de cualquier colectivo o persona que cumpla con los valores definidos en el marco de convivencia -promoción de la justicia social, equidad, interculturalidad, participación social, integración, transparencia, ecología y defensa de los derechos humanos-.
Otras líneas de debate se mantienen más abiertas, como la financiación -¿quién pagaría los gastos de suministros como agua y luz? ¿se podría recibir financiación para actividades y/o equipamiento?-, el tipo de actividades -¿se admitirán actividades de economía social?- o qué representantes del Ayuntamiento y del espacio se sentarán en la mesa mixta que lo gobierne. Esta última cuestión fue uno de los puntos más tratados en la última reunión del grupo y también uno de los principales problemas que han tenido hasta ahora los centros sociales con espacios cedidos, que se han encontrado, según señalaron en la reunión, con uno o varios interlocutores distintos en el Ayuntamiento, lo que complicaba los trámites. «Que haya perfiles políticos, pero también técnicos», señalaba un miembro de Patio Maravillas.
Uno de los miembros del Espacio Vecinal Montamarta apuntaba la necesidad de definir un interlocutor claro con el Ayuntamiento, con competencia y capacidad para garantizar unos mínimos, que pasarían porque haya al menos un centro social por distrito. «Y si no tiene espacios en propiedad para ello, negocie con la EMVS, con IVIMA, con el Ministerio de Defensa o con quien sea». También se discutió la necesidad de una interlocución más colectiva con varios perfiles técnicos y diferentes áreas implicadas o la posibilidad de plantear al Ayuntamiento que los solares existentes en los distintos barrios pudieran ser usados por los vecinos sin necesidad de pasar por el proceso de cesión del espacio. El trabajo sigue, y el debate está abierto.
Edificios recuperados
CS Seco
El actual concejal de Coordinación Urbana, Nacho Murgui, posaba en 2013 junto a la entonces alcaldesa Ana Botella en la entrega de llaves del centro Luis Peidró al centro social Seco. El acuerdo contempla que la cesión sea ampliable a toda asociación declarada de utilidad pública en el distrito de Retiro.
Astra
La experiencia de Astra, en cuanto a la formación de la comisión mixta que gobierna el espacio, es una de las más estudiadas por el grupo que elabora el marco común para las cesiones en Madrid. El edificio, una antigua fábrica de armas recuperada por la ciudadanía en 2005, fue cedido en 2013 tras un periodo de negociaciones que duró ocho años y que contó dos procesos participativos abiertos a la ciudadanía.
Ésta es una Plaza
Uno de los pocos espacios verdes con que cuenta el barrio de Lavapiés es un solar abandonado que, a finales de 2009, fue cedido a los vecinos del barrio para reconvertirlo en un parque para niños. El acuerdo, que contemplaba un plazo máximo de cinco años y expiró en diciembre de 2014, obligaba a la asociación creada para la cesión a pagar el coste de su valla.
Can Batlló
En junio de 2011, el Ayuntamiento de Barcelona, el Centro Social de Sants y la Comissió de Veïns de la Bordeta firmaron un convenio para la cesión del bloque 11 del recinto fabril de Can Batlló, tras 35 años de reinvindicaciones por parte de los vecinos de la zona, y hasta que finalice la urbanización de la zona. El acuerdo contempla que el Ayuntamiento pueda ordenar el cambio de uso y el fin de la cesión por «motivos de interés público».