Un 70% de los inmigrantes vive los primeros 5 años de su estancia en España en viviendas alquiladas, según el informe «Condición de vida en materia de vivienda de la población inmigrada en Cataluña» de la Universidad de Barcelona. Por contrapartida, sólo el 12% de la población autóctona vive en pisos en régimen de alquiler. […]
Un 70% de los inmigrantes vive los primeros 5 años de su estancia en España en viviendas alquiladas, según el informe «Condición de vida en materia de vivienda de la población inmigrada en Cataluña» de la Universidad de Barcelona. Por contrapartida, sólo el 12% de la población autóctona vive en pisos en régimen de alquiler. La mobilidad residencial también es muy elevada en los primeros 5 años de estancia en el país: más del 54% de los inmigrantes cambia de vivienda.
Las viviendas de los inmigrantes también están en peores condiciones: un 64% no tiene calefacción; 86% carecen de aire acondicionado y 62% de ascensor. Además, en el caso particular de los magrebíes, asiáticos y africanos es especialmente acusado el amontonamiento habitacional (cuando la vivienda tiene menos de 15 metros para uso de cada uno de sus moradores) que llega a ser del 22,5%.
Las razones del hacinamiento pueden ser los altos precios del mercado inmobiliario, pero también «el problema de discriminación» que sufren algunos inmigrantes cuando quieren acceder a un alquiler formal, según explicó Jordi Bosch, arquitecto, que presentó el estudio en la charla sobre ‘Vivienda e inmigración: Diálogos Antiracistas’, una iniciativa de SOS Racismo Cataluña. Bosch alertó de cara a un futuro que no se vislumbra más prometedor: con el estancamiento del sector de la construcción y la crisis, el paro aumentará y se hará aún más difícil el acceso a la vivienda.
Oficina de información y denuncias
SOS Racismo, por su parte, cuenta con una oficina de información y denuncias donde registran casos relacionados a discriminación y vivienda. Sobre unas 100 denuncias que recibieron en el período 2000-06, recogieron desde «anuncios discriminatorios» que especificaban que no alquilarían a extranjeros, hasta discursos surgidos por «problemas de convivencia» que se adjudican a lo cultural.
Estos discursos racistas se derivan, en parte, de la falta de recursos para paliar las situaciones de desigualdad que debería solucionar la administración. «Muchas veces se culpabiliza a la población inmigrada sin ir más allá, para ver cuál es el origen del problema», remarca Isabel Martínez, portavoz de la entidad.
También se ejerce discriminación por medio de ciertos requisitos para acceder a una vivienda, como avales o cierto tiempo de empadronamiento en el municipio (para alquilar o comprar una vivienda de protección oficial). Por último, la Ley de Extranjería agrava el problema. «Si no tienes papeles no puedes alquilar y para hacer el trámite de reagrupación también se exige contar con una vivienda con unas determinadas condiciones», apunta Martínez.