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El pretexto son los “pepineros de mar”, la verdad está en los intereses ocultos de empresarios criollos, el Dios Dólar y Bush:

¡Matemos a Galápagos!

Fuentes: ALTERCOM

Tal es el grito que no se atreven a soltar los vándalos, los poderosos depredadores que se ocultan tras la figura de humildes pescadores del Archipiélago de Galápagos. Pero allá se encaminan: al asesinato de las Islas Encantadas como el mejor patrimonio natural del Ecuador y Patrimonio de la Humanidad, al mismo tiempo, conforme la […]

Tal es el grito que no se atreven a soltar los vándalos, los poderosos depredadores que se ocultan tras la figura de humildes pescadores del Archipiélago de Galápagos. Pero allá se encaminan: al asesinato de las Islas Encantadas como el mejor patrimonio natural del Ecuador y Patrimonio de la Humanidad, al mismo tiempo, conforme la declaración de UNESCO.

Los que exponen su pellejo son los Juan Piguave de siempre, mientras los que mueven los hilos del macabro plan están ocultos en las altas gerencias del gran turismo, tipo cruceros del amor, y de la pesca ilegal de especies que arroja a su bolsa millones de dólares diarios, como es el caso de los pepinos de mar y los tiburones, a quienes se les mutila las aletas, unos y otras para convertirlos en afrodisíacos que satisfagan los apetitos de ese mundo impotente y decrépito de los poderosos del globo. Esto con la participación de ciertas Cámaras y, desde luego, con la complicidad de esos perros de casa grande que son determinadas autoridades civiles, militares y policiales.

La historia no es nueva. Ya en los años 80 hubo quienes intentaron convertir a Galápagos en paraíso de ricos, llenándolo de hoteles de cinco estrellas, destinados principalmente a turistas norteamericanos. No lo consiguieron entonces pero nunca abandonaron sus planes, que luego se dieron la mano con el tráfico ilegal de especies como las nombradas.

Al respecto, lector, te cuento dos historias:

En 1996 el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley Especial de Galápagos, por lo que pasó a la Presidencia para la ratificación o el veto del Presidente Abdalá Bucaram, que acababa de posesionarse.

Cierto entorno familiar y político de Bucaram se movió inmediatamente para obtener la aprobación de la Ley, pero el Presidente optó por antes aconsejarse de una comisión que la integraron el Asesor Jurídico de la Presidencia Marcos Borja Aguirre, y quien sería poco después Ministro fundador de la cartera de Medio Ambiente, Jaime Galarza Zavala, autor de estas líneas.

Sorprendidos por la audacia o la estulticia de los parlamentarios que habían forjado el proyecto, nos percatamos de que éste abría la puerta al incremento desmesurado de nuevos residentes en Galápagos, propiciaba un turismo descontrolado, auspiciaba la apertura de pistas aéreas y autopistas, en fin, una clase de pesca que resultaba bárbaramente libre.

La comisión fue clara y contundente: le propuso al Presidente estampar el veto total al proyecto, y conformar un grupo de trabajo interinstitucional que preparara un nuevo proyecto de ley para Galápagos. Bucaram expresó que el veto iba a agitar un avispero político en su contra, pero tuvo el valor de suscribir el veto. Los depredadores pusieron el grito en el cielo y los llamados «diputados independientes», que formaban parte de las filas gobiernistas, amenazaron con pasarse a la oposición, en este caso encabezados por Eduardo Véliz, diputado por Galápagos. Luego todos ellos, el Grupo de los Nueve o G-9, votarían en febrero del 97 por la destitución de Bucaram.

En cumplimiento de la previsto, la Presidencia conformó la comisión encargada de preparar el nuevo proyecto de ley para Galápagos. Un grupo de trabajo del que participarían tres Ministerios: el de Turismo, de Medio Ambiente (que acababa de fundarse) y de Comercio y Pesca; la Marina Mercante, UNESCO, Fundación Natura, Unión Europea, USAID, los diputados por Galápagos Eduardo Véliz y Alfredo Serrano, etc., etc. El Ministro de Turismo, Napoleón Icaza, y el de Medio Ambiente, Galarza, presidieron la comisión, en la cual se libraron ardorosas polémicas sobre el destino y el manejo de Galápagos.

Volviendo al espíritu de la ley vetada por Bucaram, el diputado Véliz sostenía que lo importante era el derecho de los ecuatorianos a aprovechar de Galápagos para vivir mejor y no «el tal Patrimonio de la Humanidad que sólo les interesa a los gringos». Su filosofía era tajante: «Más importante que las iguanas es el hombre».

Punto de gran controversia era el relacionado con la reserva marina, según la cual no debía existir pesca industrial en las aguas interiores de las islas ni en una ancha franja que las rodeara, provisionalmente fijada en 15 kilómetros por el INEFAN, organismo que fue adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. La reserva marina estaba destinada a la protección de las especies, cuya existencia es amenazada por la pesca en gran escala, como es la pesca industrial, especialmente la que se ha practicado tradicionalmente en las aguas del Archipiélago.

Esta comisión no se detuvo en discusiones burocráticas ni meramente interinstitucionales. Viajó reiteradamente a Galápagos, se reunió con autoridades, líderes, pobladores de las Islas en San Cristóbal, Isabela, San Cristóbal. Comprobó la existencia de un manejo desordenado de la administración, casos de complicidad de las autoridades con los depredadores, manejo antinacional del turismo, con barcos extranjeros que no utilizaban ningún servicio local, así como un tráfico intenso de permisos de residencia, dándose el caso de que varios de los nuevos residentes arribaban con la tarjeta que les calificaba como tales cuando jamás antes habían estado en el Archipiélago. Para corregir estas fallas y anomalías se trataba justamente de formular el nuevo proyecto de ley, en que la comisión no cedía un punto a los depredadores.

Cuando el grupo se hallaba en plena labor , noviembre de 1996, se conoció que en la ciudad de Mérida, México, en diciembre, se reuniría la Comisión de Patrimonio Mundial de la UNESCO y que allí se presentaría la moción de colocar a Galápagos en la lista de «Patrimonio en peligro», lo cual iba a ser un descrédito mundial para el Ecuador, con severas consecuencias de orden diplomático, científico y económico. Para enfrentar esta situación, viajó a Mérida una delegación integrada por el Ministro Jaime Galarza y el Embajador Diego Stacey, representante de la Cancillería ecuatoriana (quien acaba de ser designado Subsecretario para Asuntos Fronterizos por el canciller Patricio Zuquilanda).

En Mérida el debate fue movido, pues había representantes internacionales empeñados en colocarnos en la lista negra de «Patrimonio en peligro». Punto clave de las acusaciones era el tráfico de pepinos de mar y aletas de tiburón. En la réplica, la delegación ecuatoriana argumentó que había ese tráfico porque los países ricos compraban esos productos ilegales, pues los ecuatorianos no comemos ni pepinos de mar ni aletas de tiburón, si es que los conocemos.

Por otro lado, la delegación sostuvo que si la Humanidad quería conservar Galápagos como Patrimonio suyo también debía preocuparse de dotarle de medios materiales para ejercer el control, tales como naves marítimas y aéreas. Se hizo ver a la asamblea que el gobierno se hallaba tan seriamente interesado en la conservación de las Islas, que el Presidente había puesto el veto total al malhadado proyecto aprobado por el Congreso Nacional y había constituido una comisión para preparar la nueva ley. Los argumentos de la delegación ecuatoriana fueron finalmente acogidos por la reunión, evitándose de este modo una vergüenza internacional de funestas consecuencias.

Caído el gobierno de Bucaram y aunque la nueva ley, con recortes y todo, fue después aprobada, la política sobre Galápagos ha ido cuesta abajo en su rodar hasta llegar al precipicio donde nos encontramos, con reyes de los pepinos y reinas de los tiburones que se ocultan para echar abajo toda forma y medida de control, a fin de convertir Galápagos en un botín descomunal, en un inmenso altar erigido al Dios Dólar, sobre la base de tortugas, lobos marinos e iguanas extinguidos, donde flamee la bandera de la «República de Galápagos», que burlonamente proponía algún diputado, o bien la bandera norteamericana, como lo quisiera el Comando Sur a partir de la Isla Baltra, para lo cual contaría sin duda con el apoyo de la gran oligarquía del Puerto, que en los años 30 ofrecía regalar el Archipiélago a Estados Unidos a cambio de que Washington reconociera a la proyectada «República del Pacífico», con capital Guayaquil, una vez destrozado definitivamente el Ecuador.

Desgraciadamente, en el Ecuador entontecido de hoy, boquiabierto ante las misses y que ha cambiado su cerebro por una pelota de fútbol, Galápagos importa poco. Bien pueden cargar con la suerte de las Islas los pepineros y Mister Bush.

Jaime Galarza Zavala
Poeta y escritor ecuatoriano, autor de una veintena de libros. Fue el primer Ministro de Ambiente del Ecuador.