Las venezolanas Giniveth Soto y Migdelis Miranda se mudaron a Argentina para poder casarse y tener un bebé mediante inseminación artificial. Las leyes argentinas permiten que en la partida de nacimiento consten las dos como madres, pero a su regreso a Venezuela, el Registro Civil se negó a aceptarla. La única solución ofrecida por las […]
Las venezolanas Giniveth Soto y Migdelis Miranda se mudaron a Argentina para poder casarse y tener un bebé mediante inseminación artificial. Las leyes argentinas permiten que en la partida de nacimiento consten las dos como madres, pero a su regreso a Venezuela, el Registro Civil se negó a aceptarla. La única solución ofrecida por las instituciones a las que acudieron fue que una de las dos renunciase a constar como madre. La semana pasada, cuando hacía apenas un mes que habían regresado de Argentina, intentaron robarle el carro a Giniveth en el centro de Caracas. Ella resistió y el ladrón le disparó. «Giniveth decía que no quería morir sin que el niño tuviera el apellido de las dos», cuenta el activista y amigo de la familia Koddy Campos. El bebé tiene tres meses. El 28 de diciembre quedará en situación ilegal si el Registro Civil sigue sin aceptar su partida de nacimiento.
La muerte de Giniveth ha dejado a su pareja y su hijo en una situación de desamparo administrativo y económico. Ella era la propietaria de los bienes de los que disponía la familia; el hijo no los puede heredar mientras no se resuelva su situación administrativa, y Migdelis tampoco mientras no se la reconozca legalmente como su esposa. A la viuda no se le permitió tomar decisiones sobre los ritos fúnebres.
Este caso se ha convertido en emblema de la lucha por los derechos civiles de lesbianas y gais, y también en revulsivo para exigir su urgente reconocimiento. Si bien Nicolás Maduro ha citado el respeto a la diversidad sexogenérica en sus últimos discursos – como durante una marcha antiimperialista el pasado lunes -, y el I Plan de la Patria 2013-2019 insta a generar políticas y legislaciones para reconocer los derechos de las personas LGTBI, la tramitación de un Proyecto de Ley del Matrionio Civil Igualitario no es fruto de su compromiso, sino de una Iniciativa Popular Legislativa, después de que más de 40 asociaciones lograsen recoger 21.000 firmas (el mínimo que se exige es 20.000). La Asamblea Nacional ha estado apurando el plazo que la Constitución bolivariana contempla para responder a las leyes propuestas por la ciudadanía; el periodo de sesiones parlamentarias que siga a su tramitación, que termina este mes de diciembre.
El pasado martes, el movimiento LGTB se concentró frente a la Asamblea Nacional para exigir la aprobación del Proyecto de Ley del Matrimonio Igualitario. Ese mismo día, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, designó a tres diputados para responder sobre la inclusión de la propuesta legislativa en la agenda de esta institución.
«No luchamos por una boda bonita de blanco»
Koddy Campos y Leandro Viloria, integrantes del colectivo Ejército Emancipador Revolucionario, asistieron el pasado domingo a un conversatorio de activistas feministas y por la diversidad sexual que se enmarcaba en el Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales por la Humanidad, organizado por el Ministerio del Poder Popular de la Cultura, en el que participé como integrante de Pikara Magazine. Su testimonio, salpicado por sus lágrimas de dolor y rabia, representó también un necesario llamado a que el feminismo se tome en serio la visibilización y la defensa de los derechos de las mujeres lesbianas, transexuales y transgénero.
«No estamos luchando para poder celebrar una boda bonita de blanco, estamos luchando por que se reconozcan nuestros derechos», expresó Campos. «Algunos colectivos dicen que esta es una lucha burguesa, porque el matrimonio es una institución burguesa. Nosotros no somos burgueses ni queremos serlo; lo que queremos es la igualdad, que el Estado nos proteja», añadió Vilorio, quien criticó que las familias homoparentales son excluidas de facto en programas sociales como Misión Vivienda, por el que se proporciona una casa a las familias sin recursos para costearse una vivienda digna. Unas seis mil parejas venezolanas han contraído matrimonio en el extranjero, según el último censo del Movimiento pro inclusión de Voluntad Popular.
El matrimonio, en el centro de la agenda LGTB
El matrimonio igualitario es legal en Argentina, Uruguay, en algunos departamentos de Brasil y México. En Colombia, el Senado rechazó el proyecto de ley para aprobar el matrimonio igualitario, aunque las parejas homosexuales pueden validar ante notario su unión civil; esto supone reconocer derechos como el de heredar los bienes de la pareja, pero les excluye de la posibilidad de adoptar conjuntamente a niños y niñas. El senado chileno también dio luz verde el pasado octubre al proyecto de ley Acuerdo de Vida en Pareja, que permite la unión civil de parejas homosexuales, aunque tendrá que ser validado por la Cámara de los Diputados. En Cuba, el proyecto de un nuevo Código de Familia que reconoce las uniones civiles homosexuales lleva siete años esperando ser debatido por el Parlamento.
En España, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue aprobado en julio de 2005. Beatriz Gimeno, colaboradora de Pikara y de eldiario.es, presidía en aquella época la Federación Española de Asociación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Gimeno no defiende solo la necesidad de esta ley como garantía de los derechos de las personas homosexuales, sino también su valor simbólico y su «potencial subversivo»: «El matrimonio civil es para las personas GLTB es lo mismo que el voto para las mujeres de hace 100 años. (…) El matrimonio ha sido la más importante institución heterosexista de la historia: estamos a punto de cargárnosla como herramienta ideológica del heterosexismo. Quitamos el privilegio de la legitimidad social, económica, moral, a la heterosexualidad (…). De ahí la importancia de esta batalla, de ahí lo revolucionario de esta victoria, y de ahí que no pudiéramos conformarnos con una ley de parejas», explicaba entonces. Y siempre que volvemos a debatir el tema en las redes sociales, defiende que ha sido motor del reconocimiento social a la diversidad sexual y familiar.
En los movimientos transfeministas y queer, en cambio, han aflorado las críticas a la centralidad del matrimonio igualitario en las agendas LGTB, como reivindicación mucho más visible que otras relacionadas con la lucha contra la lesbofobia, la transfobia y la homofobia. En el número dos de Pikara en papel recordamos un artículo de Lucas Platero que publicamos en 2012 y del que resalto el siguiente fragmento:
¿Podemos decir ya que el matrimonio no es la solución a la discriminación LGBT? ¿En qué momento se generará un espacio libre para poder abordar los efectos de una institución como el matrimonio sobre las mujeres, o sobre las personas LGTB migrantes, o con diversidad funcional, o las personas VIH, o las lesbianas? Por mucho que luchemos por la igualdad y contra la discriminación y creamos que estos son nuestros objetivos en la lucha social, nos estamos engañando cuando hacemos de la lucha por el matrimonio entre personas del mismo sexo «la única lucha social», o simplemente «la lucha».
Es tiempo de dejar de pensar en el matrimonio entre personas del mismo sexo para dar paso a otras demandas y necesidades, que pueden no ser las mismas que tienen las élites de los colectivos LGTB pero sí del común cotidiano de la gente, como la discriminación LGTB en el ámbito laboral que exige que borremos nuestra pluma y nos comportemos discretamente; el rechazo a la gente mayor LGTB cuyas realidades ignoramos; el acoso escolar a la que se enfrentan muchos chicos y chicas cada día de sus vidas; los sueños rotos de tantos migrantes LGTB que han venido llamados por los cantos de sirena de libertades LGBT y que se han encontrado con un racismo feroz; la falta de alarma frente a las dificultades de las lesbianas para acceder a las técnicas de reproducción asistida en lo que queda de la sanidad pública; la transfobia cotidiana y la falta de apoyos para la lucha por la despatologización de la transexualidad; la estigmatización de las personas seropositivas y tantas otras cuestiones en las que se nos va la vida y que son urgentes.
Sin embargo, en ese artículo Platero también citaba algunas situaciones vitales para las que el acceso al matrimonio es clave, como las personas con cónyuges enfermos, con parejas inmigrantes sin papeles o con hijos e hijas en común.
Amenazas a la maternidad lésbica
En Pikara también contamos la historia de una pareja de lesbianas con una hija: el donante de semen, un amigo de la familia, reclamó su paternidad ante la justicia: la jueza le dio la razón y negó la maternidad de la progenitora no biológica. Este tipo de sentencias funcionan como elementos disuatorios a la hora de planificar la maternidad con el apoyo de hombres allegados a la pareja, de forma que recurrir a un banco de semen se percibe como la única opción segura.
Y eso nos lleva a otra situación de discriminación: en diciembre de 2013 el Ministerio de Sanidad negó el acceso a la reproducción asistida en el sistema público de salud a las mujeres que quisieran inseminarse para ser madres solas o con una pareja de su mismo sexo.
Estos son algunos de sus argumentos que expuso Susana Cañete en Pikara para emplazar a las feministas a movilizarse contra este ataque a los derechos reproductivos de las mujeres, que pasó desapercibido mientras el movimiento se volcaba para detener el anteproyecto de ley de aborto:
La cuestión de clase es fundamental en las medidas discriminatorias que nos ocupan. Al sacar la reproducción asistida del sistema público, se impide el acceso a ésta a las mujeres que no tienen medios suficientes para recurrir a la sanidad privada, donde un tratamiento puede costar de media entre 2000 y 8000 euros. Quienes tengan medios económicos podrán seguir abortando en condiciones de seguridad y acudir a las carísimas clínicas de fertilidad. Así pues los derechos reproductivos dejan de ser tales para convertirse en privilegios.
La discriminación a bolleras y a mujeres sin pareja masculina no tiene nada de ingenua ni de aleatoria. Que las mujeres sean madres al margen de los hombres, que se reapropien de sus cuerpos y de sus criaturas, es un asunto que no agrada a los sectores conservadores.
La construcción de familias y la crianza sin hombres desde la elección y el deseo, supone una subversión radical de la estructura social. Le da una patada a la esencia misma del patriarcado: la autoridad paterna, la autoridad masculina. Al menos dentro de la familia, el agente socializador por excelencia, lo que no es poco.
Ahora que se ha logrado detener el retroceso en materia de aborto, puede ser un buen momento para llamar a la lucha contra la discriminación heterosexista en el acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública.
Fuente: http://www.eldiario.es/pikara/Matrimonio-igualitario-desamparo_6_336376380.html