La promulgación de una polémica ley laboral en el estado de Michigan ha reavivado el debate sobre el papel de los sindicatos en EE.UU. y es, además, el último capítulo de una campaña republicana de debilitar a unas organizaciones cuyo apoyo es clave para el presidente Barack Obama. La ley, aprobada este martes por el […]
La promulgación de una polémica ley laboral en el estado de Michigan ha reavivado el debate sobre el papel de los sindicatos en EE.UU. y es, además, el último capítulo de una campaña republicana de debilitar a unas organizaciones cuyo apoyo es clave para el presidente Barack Obama.
La ley, aprobada este martes por el legislativo de Michigan y promulgada de inmediato por el gobernador estatal, el republicano Rick Snyder, establece que los trabajadores tanto del sector público como privado dejarán de estar obligados a pagar una cuota sindical como condición por su empleo.
Este tipo de leyes, vigentes ya en otros 23 estados del país, se conocen como de «derecho al trabajo».
Según sus defensores, dan «libertad» a los trabajadores y generan más empleos, mientras que sus detractores las ven como un intento de limitar la capacidad de negociación de los sindicatos en pro de mejoras salariales y otros beneficios.
«Creo que las empresas están intentando romper a los sindicatos a través del Partido Republicano», dijo a Efe Carolyn Dudek, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Hofstra de Nueva York.
El resultado es que, «como hemos visto en las últimas décadas, los salarios de la clase media están disminuyendo y los de los empresarios están aumentando», subrayó.
La ola de victorias republicanas en legislativos estatales en 2010 dio inicio a una campaña que ha tratado de limitar el poder de los sindicatos en territorios de tradición industrial como Wisconsin, Ohio e Indiana.
El gobernador de Wisconsin, el republicano Scott Walker, se salvó en junio pasado de la destitución en un referendo convocado por sus detractores tras promulgar en 2011 una ley que elimina el derecho de los empleados públicos a negociar colectivamente sus condiciones laborales, excepto las salariales.
Esa ley, denunciada ante los tribunales, reduce además la contribución del presupuesto público a la pensión y al seguro médico de los trabajadores, con el objetivo de ahorrar al estado unos 300 millones de dólares (230 millones de euros).
La campaña contra los sindicatos, impulsada en gran parte por el Tea Party, el ala más conservadora de los republicanos, se ha trasladado ahora a Michigan, cuna del motor estadounidense y símbolo del poderío de los sindicatos durante décadas.
En Michigan nació el Sindicato de Trabajadores del Automóvil ( UAW ), uno de los más influyentes de Estados Unidos.
Además, aproximadamente el 17,5 % de la fuerza laboral del estado está afiliada a sindicatos, lo que supone uno de los índices más altos de la nación.
La votación de este martes en el legislativo de Michigan estuvo precedida de una multitudinaria manifestación por las calles de Lansing, la capital estatal, contra la nueva norma.
La Constitución estatal permite a los ciudadanos convocar un referendo para «aprobar o rechazar» la ley que, si se reúnen los apoyos necesarios, podría celebrarse en 2014, en coincidencia con los comicios para elegir gobernador.
Obama visitó Michigan el lunes, en vísperas de la votación de la ley, e hizo una enérgica defensa de los sindicatos durante un acto en una fábrica de automóviles a las afueras de Detroit.
«Lo que no deberíamos estar haciendo es intentar eliminar los derechos de ustedes de negociar mejores salarios y condiciones laborales», criticó Obama ante los trabajadores de la empresa Daimler.
Según el presidente estadounidense, «las leyes de ‘derecho al trabajo’ no tienen que ver con la economía, tienen que ver con política, y (sus promotores) lo que quieren es darte el derecho a trabajar por menos dinero».
Los sindicatos son uno de los apoyos tradicionales del Partido Demócrata en EE.UU., pero su presión para cambiar las normas laborales, que se remonta a los años cuarenta, no se ha traducido en avances concretos.
Durante su primer mandato, Obama no ha reformado la legislación laboral y ha hecho caso omiso a las críticas por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio ( TLC ) con Colombia basadas en que en este país se siguen cometiendo agresiones y asesinatos de sindicalistas.
De acuerdo con el Censo Laboral, solo el 6,9 % de los trabajadores del sector privado estadounidense está afiliado a un sindicato, una cifra que se eleva al 37 % entre los funcionarios públicos, que son minoría en el total de la fuerza laboral.
El 52 % de los estadounidenses opina que los sindicatos se debilitarán más todavía los próximos años, según una encuesta de Gallup publicada en septiembre, en vísperas de la celebración del Día del Trabajo en el país.