A la izquierda: Amparo y Margarita Alberto con sus hijos en el Centro de Detención de Berks, en Leesport, Pensilvania. Credit Mark Makela para The New York Times Margarita Alberto no puede olvidar el berrinche que hizo su hijo de 6 años hace varios meses. Una tarde comenzó a gritar que se quería ir del […]
A la izquierda: Amparo y Margarita Alberto con sus hijos en el Centro de Detención de Berks, en Leesport, Pensilvania. Credit Mark Makela para The New York Times
Margarita Alberto no puede olvidar el berrinche que hizo su hijo de 6 años hace varios meses. Una tarde comenzó a gritar que se quería ir del centro de detención para familias migrantes en Pensilvania, donde han estado desde el 28 de octubre. «Me dijo: ‘Estamos aquí por tu culpa, por tu culpa'», cuenta.
Después, según recuerda, el niño se apretó alrededor del cuello la cuerda que sostiene su tarjeta de identificación, y amenazó con ahorcarse si no salían de ahí.
Margarita Alberto y su hijo, migrantes de El Salvador que buscan asilo en Estados Unidos, aún están detenidos junto con otras 65 mujeres y niños en el Centro Residencial del Condado de Berks en Leesport, Pensilvania, más o menos a 112 kilómetros al noroeste de Filadelfia.
«La verdad es que estamos en el limbo», declaró Margarita en español a través de un intérprete durante una entrevista telefónica que mantuvimos a fines de agosto. «No sé si me van a dejar salir de aquí o me van a regresar a mi país, que es lo que no quiero».
Ella es una de las 28 mujeres a las que se les negó el asilo y que presentaron una demanda federal para que se les conceda una nueva audiencia porque las audiencias originales sobre su «temor creíble», dijeron, se llevaron a cabo de manera incorrecta. La corte de apelaciones rechazó su caso el lunes 29 de agosto.
Dos días después, Margarita Alberto y otras 21 mujeres, quienes se autodenominan «Madres Berks», retomaron una huelga de hambre que habían llevado a cabo por 16 días en agosto. Su protesta llamó la atención una vez más sobre la política del gobierno de Obama respecto de los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que han llegado a Estados Unidos para huir de la violencia extrema de sus países. Como respuesta al enorme flujo de centroamericanos que se vivió en 2014, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a arrestar a madres e hijos que cruzaban la frontera, con la esperanza de que eso desanimara a otros a venir a Estados Unidos. Sin embargo, gracias a la presión de defensores y, con base en una resolución de la corte federal de agosto de 2015, la agencia cambió su rumbo y acortó el arresto prolongado de la mayoría de las familias que buscan asilo.
El centro de detención familiar del condado de Berks es uno de los tres que hay en Estados Unidos; los otros dos son más grandes y están en Texas.
Jeh Johnson, el secretario de Seguridad Nacional, dijo en agosto que un comité llevará a cabo en noviembre una revisión interna de los centros privados de detención familiar. Los funcionarios del Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas dijeron que el centro Berks, administrado por el condado, podría evaluarse por separado. Cuando Johnson declaró el mes pasado que el tiempo promedio que una familia pasa en el centro es de 20 días, las mujeres en Berks se molestaron y comenzaron su huelga de hambre.
«He estado aquí por 320 días», dijo el 30 de agosto Amparo, una mujer de 26 años que llegó de Honduras y tiene un hijo de dos años de edad. Como todas las mujeres detenidas en Berks que concedieron entrevistas telefónicas en español, pidió que no se le identificara con su nombre completo, por miedo a represalias por parte de miembros del personal. «Lo que queremos es que se escuche nuestra voz», mencionó.
El senador Bob Casey, del Partido Demócrata, le mandó una carta el 24 de agosto a Johnson sobre los arrestos prolongados y las condiciones en Berks.
«Las familias detenidas en ese lugar en muchos casos han escapado de horrores innombrables en sus países de origen y están buscando asilo y una vida mejor», escribió Casey. «Podemos mejorar el trato que reciben».
Bridget Cambria, una de los tres abogados locales que representan a los detenidos, dijo que en Berks los servicios para las familias son limitados. Los niños, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 16 años, están divididos en dos salones de clase, pero no se les permite asistir a una escuela fuera del edificio (el gobierno dice que cuentan con maestros de tiempo completo). Las familias tienen acceso a diversión al aire libre, pero se les prohíbe ir más allá de la cerca de madera. Pueden usar el internet, pero no está permitido el uso de redes sociales. Los detenidos deben limpiar el centro, por lo que reciben un dólar al día como pago.
Las madres dicen que la monotonía es más difícil de sobrellevar para los niños. «Nos levantamos y vemos las mismas paredes, el mismo techo y pensamos para nuestros adentros: ‘¿Cuándo terminará esto?'», dijo Estefani, de 16 años, la mayor de los niños en Berks. Ella, su hermana y su madre, Maria Leyva, que llegaron de El Salvador, cumplieron 373 días de arresto el viernes 26 de agosto.
Casi la tercera parte de las mujeres suscriben la demanda federal presentada en marzo por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) en contra del Departamento de Seguridad Nacional. La demanda impugnó la legalidad de sus entrevistas iniciales para pedir asilo. La corte distrital de Filadelfia dijo que no tenía jurisdicción en el caso.
Sin embargo, el lunes 29 de agosto, una corte federal de apelación fue más allá: decretó que las mujeres no tenían derecho a demandar porque habían sido aprehendidas a las pocas horas de haber cruzado la frontera «a escondidas». Tal sentencia, según afirmaron varios académicos especialistas en derecho, violó el habeas corpus, que es el derecho básico constitucional de cuestionar la legalidad del arresto o el encarcelamiento.
«Si esta decisión no se cambia, será la primera vez en la historia de este país en que los extranjeros que entran a Estados Unidos y que están en suelo estadounidense no tendrán la oportunidad habeas corpus para impugnar sus órdenes de traslado», dijo Lee Gelernt, el abogado principal que pelea en el caso de la ACLU.
Las mujeres apelaron la decisión.
Dicen que sus actos de desobediencia civil -las protestas y las huelgas de hambre- han provocado tensiones entre Berks y los funcionarios de migración. Thomas Decker, un oficial superior de migración, se reunió con las mujeres en agosto y les advirtió que debían suspender la huelga de hambre porque se podrían debilitar demasiado para poder cuidar de sus hijos; les dijo también que podrían mandarlas a una «cárcel adulta» sin sus hijos, declararon las tres madres.
«Le preguntamos: ‘¿Por qué haría eso?'», contó Leiva, de 41 años. «No somos criminales ni delincuentes».
Khaalid Walls, un vocero de la agencia de migración, aclaró en un comunicado: «El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) respeta completamente los derechos de todas las personas para expresar su opinión sin interferencia. El ICE no toma represalias de ningún tipo en contra de los huelguistas. El ICE le explica a nuestros residentes los efectos negativos en la salud de no comer. Por su salud y su seguridad, el ICE monitorea de cerca la ingesta de comida y agua de aquellos que se encuentran en huelga de hambre».
Las mujeres preguntan por qué no las liberan y por qué deben utilizar tobilleras con rastreadores mientras esperan a que sus casos de asilo se resuelvan.
Algunas mujeres que son parte de la demanda ya han sido liberadas, dijo Walls, y agregó que «muchos factores pueden contribuir al tiempo de estadía de un residente, como, entre otros, la disposición actual de sus casos de migración».
Sin embargo, los abogados de Margarita Alberto dicen que el gobierno está tomando represalias en contra de ella por hablar con los medios. A fines de agosto, el gobierno pidió su traslado urgente a un centro más seguro en la ciudad de Karnes, Texas, debido a que su presencia en Berks se considera perjudicial. Sus abogados presentaron una apelación la semana pasada para pelear en contra de su traslado, y mandaron los reportes de buena conducta permanente como evidencia.