Gracias a la web ‘Debería Desaparecer’, la ciudadanía puede hacerse partícipe de la construcción de la Memoria Democrática de este país, tan tardía y tan necesaria.
El pasado lunes 18 de mayo, en la Sala Trece Rosas de CCOO de Madrid, tuvo lugar un acto de divulgación de la memoria democrática en este país. Se daban a conocer los resultados del convenio entre la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León y la Plataforma Calles Dignas – Justa Freire, en relación al catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que está implementando la aplicación web ‘Debería Desaparecer’, desarrollada desde el año 2021 por la citada Fundación Jesús Pereda. Con este convenio se amplía el catálogo de elementos y símbolos franquistas que perviven en Madrid y que se incorporan a esta página interactiva.
Vamos a añadir un poco de contexto. En la Ley de Memoria Democrática de 2022 se aprobó la creación de un “Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”, con el objetivo de que se articule su retirada en función de los artículos 36 y 37 de la citada Ley. También se incluía un régimen sancionador para aquellas administraciones públicas y particulares que se negaran a cumplir la ley. Pero, claro, para poder exigir la retirada de estos elementos y símbolos primero se tienen que localizar.
Esto es lo que hace la web ‘Debería Desaparecer’, que ha elaborado una base de datos y un mapa interactivo en el que se pueden encontrar distintos elementos y símbolos franquistas que aún perviven en toda la geografía española, tales como escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, la guerra civil y de la represión de la dictadura franquista. En la web estos elementos y símbolos están geolocalizados y poseen una ficha catalográfica que describe su tipología y sus características. De esta manera se pueden visualizar e identificar estos vestigios, gracias también a la aportación de información por parte de organizaciones y particulares. Gracias a esta posibilidad, la ciudadanía puede hacerse partícipe de la construcción de la Memoria Democrática de este país, tan tardía y tan necesaria.
El objetivo final de la web es que se aplique la Ley y que estos elementos desaparezcan, sean resignificados o, en todo caso, contextualizados, de manera que la ciudadanía conozca el pasado reciente de represión vivida en España y que se pueda reparar la memoria de las víctimas del franquismo. En la web hay localizados a día de hoy más de 6.000 símbolos en espacios públicos y privados, de los que 611 son nombres de calles. Sobre todo, en los espacios públicos debería ser fácil que las distintas administraciones del Estado intervinieran para actuar contra la vulneración de la memoria de las víctimas, pero parece que no es así.
El otro actor de este convenio, la Plataforma Calles Dignas – Justa Freire, nació en 2021 como reacción a la retirada del nombre de la calle Maestra Justa Freire, previamente General Millán Astray. El Ayuntamiento lo había cambiado en virtud de la ley de Memoria vigente en ese momento, pero una denuncia de un colectivo de extrema derecha consiguió un fallo judicial que avaló que volviera al nombre previo.
El nombre de un militar que había apoyado el golpe de estado contra la II República y con un papel destacado en la dictadura se había cambiado por el de una representante destacada de los avances republicanos: el magisterio y el papel de las mujeres en la esfera pública. El nombre de un victimario por el de una víctima de la represión. Ni la ética ni la historiografía fueron tenidas en cuenta a la hora de restituir su homenaje a Millán Astray. La actitud del Ayuntamiento, ahora encabezado por Martínez Almeida, que no hizo nada por evitarlo, fue lo que propició la creación de la Plataforma Maestra Justa Freire por parte de un grupo de profesores y vecinos. Esta Plataforma ha desarrollado diversas acciones para reivindicar que la calle vuelva a ser honrada con el nombre de Maestra Justa Freire. Además, dado que el Ayuntamiento revirtió más nombres democráticos de calles para poner los antiguos nombres franquistas, esta plataforma inicial se amplió con colectivos memorialistas, vecinales, sindicales y políticos de todo Madrid para conformar la Plataforma Calles Dignas – Justa Freire. Entre las acciones llevadas a cabo por la Plataforma está la elaboración de listados con todos los nombres franquistas y fascistas que permanecen en distintos espacios públicos: calles, barrios, colonias, colegios, institutos, centros de salud, instalaciones deportivas, estaciones de metro, parques y jardines. En concreto se han incluido en la web ‘Debería Desaparecer’ las fichas catalográficas de unos 450 símbolos y elementos franquistas, de los cuales hay unas 300 placas del Instituto Nacional de la Vivienda, con su reconocible yugo y flechas falangista, y unos 150 monumentos, inscripciones y nombres de vías urbanas y equipamientos públicos. Nuestro espacio de ciudadanía democrática está plagado de nombres de militares franquistas como Moscardó o Fanjul, menciones a la División Azul, que luchó en las filas de la Alemania nazi, y de nombres de falangistas, de ideología fascista, como José Antonio Primo de Rivera o los Hermanos García Noblejas. Por cierto, la calle de estos últimos fue sustituida por el nombre de Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, pero también fue restituida al nombre que se le puso durante el franquismo.
La acción conjunta de ambas entidades tiene por objeto divulgar y exigir la retirada, eliminación o, en su caso, resignificación de estos elementos que homenajean en el espacio público y privado a personas significadas en la sublevación franquista y la dictadura posterior. Porque poner el nombre de alguien a una calle es un homenaje, un reconocimiento público nada neutro, y quienes los ponen o los mantienen en la actualidad están reconociendo también a estas personas. Es decir, siguen homenajeando a fascistas en un Estado democrático. De hecho, muchas calles de Madrid han cambiado de nombre en función de acciones políticas concretas a lo largo de su historia. Por otra parte, que tras las leyes de Memoria de 2007 y 2022 se mantengan estos honores significa una vulneración de los derechos de las personas represaliadas en el franquismo y, en general, de los derechos humanos, tal y como no deja de recordar la ONU, la última vez este 12 de mayo.
Tal y como expresa magníficamente el nombre de la aplicación ‘Debería Desaparecer’, todos estos vestigios franquistas deberían desaparecer. Paralelamente, otros elementos deberían aparecer en los espacios públicos. Me refiero a las contextualizaciones de los Lugares de Memoria Democrática, espacios físicos o inmateriales declarados por la ley de 2022 para dignificar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Sin embargo, los obstáculos a los que se enfrentan las entidades memorialistas son abrumadores. El martes 19 de mayo se hacía público que la Audiencia Nacional había suspendido de forma cautelar la declaración de la Real Casa de Correos, sede actual del gobierno de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria. Este fallo provisional es la respuesta a un recurso del gobierno madrileño que alegaba (no textualmente, por supuesto) que reconocer públicamente que en ese espacio estuvo la Dirección General de Seguridad que interrogó, maltrató y torturó a un sin fin de militantes antifranquistas, podría generar un perjuicio para su imagen.
La Comunidad de Madrid nació en 1983, la DGS se disolvió en 1979. Cualquiera pensaría que el perjuicio reputacional del gobierno de la capital vendría más por mirar para otro lado ante la vulneración de los derechos humanos durante el franquismo, que por contextualizar las actividades criminales de la dictadura en ese edificio. Veremos cuál será el fallo judicial definitivo.
Hasta entonces, no dejaremos de exigir Verdad, Justicia, Reparación y, hoy más que nunca, garantía de no repetición.
Mayka Muñoz Ruiz es doctora en Historia Contemporánea de la Fundación 1º de Mayo.