Corridas de toros, novilladas con y sin picadores, una corrida matinal de rejones o un concurso de “recortadores”. Son algunos de los nueve “actos” que figuran en el cartel de la Fiesta de las Fallas de 2022, cuya celebración está prevista hasta el 7 de mayo en la plaza de toros de Valencia.
La Plataforma Antitaurina de Alfafar convocó el pasado 13 de marzo una concentración con la consigna “Por unas fallas sin crueldad animal; protejamos a los animales y la infancia de la crueldad”, frente a la estación de Renfe, en las inmediaciones del coso valenciano. Medio centenar de organizaciones se adhirieron a la concentración; entre otras, el Partido Animalista PACMA, Activistas por la Infancia, Compasión Animal, el sindicato CGT o la coalición Compromís.
La movilización se llevó a cabo, según el comunicado de la Plataforma, “por todos los toros que morirán torturados hasta la muerte dentro de la plaza con grandes cantidades de fondos públicos, pese al rechazo social de hoy en día a la tauromaquia; también se hará hincapié en la protección al menor de la más extrema violencia”.
Por ejemplo, la Comunidad de Madrid anunció el pasado 23 de marzo ayudas por valor de 1,4 millones de euros para la celebración de la “Fiesta del Toro” durante 2022 y 2023 (la información incluía detalles del convenio de colaboración firmado por el ejecutivo madrileño con la Fundación Toro de Lidia).
En la campaña contra las ayudas públicas por la cancelación de la temporada (debido a la COVID), Anima Naturalis y CAS Internacional (por la abolición de la tauromaquia) afirmaban que cerca de 10.000 toros mueren cada año en España, “tras ser torturados en las plazas”; y otros miles –además de vacas y vaquillas- “son acosados y maltratados” en los municipios españoles.
La Plataforma Antitaurina de Alfafar surgió en 2019 “para luchar contra las fiestas violentas” en este municipio valenciano de 21.400 habitantes. En la concentración de Valencia, los activistas hicieron referencia a la Ley autonómica de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia (2018), que establece en el Artículo 70: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales (…)”.
También destacaron los informes de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA); en uno de los documentos de la asociación –Sufrimiento de toros y novillos en la lidia (con y sin encierro previo), de 2017, se afirma: “Desde la colocación de la divisa (un doble arpón de 8 centímetros) en su cuello antes de salir al ruedo, hasta la aplicación de la puntilla, todos los estímulos que perciben estos animales les suponen dolor y sufrimiento”. Otro informe de AVATMA, también de 2017, aborda el maltrato animal en las ganaderías de lidia.
Una mujer con indumentaria de fallera, acompañada de activistas –más de medio centenar-, que muestran carteles de toreros empuñando la espada: están en el trance de matar al bóvido. Fue la performance organizada por Anima Naturalis y CAS Internacional el 13 de marzo, en la Plaza de San Agustín de Valencia, sobre “el verdadero rostro de la tauromaquia”; reivindicaron unas fiestas “libres de crueldad” y difundieron la consigna de “la tortura no es arte ni cultura”.
Anima Naturalis se hizo eco de un análisis de la asociación AVATMA sobre La decadencia de la tauromaquia (mayo 2019), a partir de datos del Ministerio de Cultura y diferentes medios taurinos; así, en 2018 se celebraron 1.521 festejos taurinos en plazas (principalmente corridas de toros, novilladas sin y con picadores, así como festivales), frente a los 3.651 programados en 2007. Otra de las conclusiones es que, en 2018, la mayoría de los festejos se celebraron en plazas de pequeños municipios y con escaso aforo.
“Por primera vez en los últimos once años, el número de toreros, rejoneadores, novilleros, banderilleros, picadores y mozos de espada disminuye. En realidad lo hacía desde 2012, pero el Ministerio de Cultura lo estaba ocultando”, añade el reporte de 2019.
Reivindicaciones diferentes fueron las de la Comissió Ciutat-Port, movimiento ciudadano que lucha –desde hace tres años- contra la ampliación del puerto de Valencia. Durante el disparo de la duodécima mascletà (gran traca) en la Plaza del Ayuntamiento, han hecho visible su rechazo al macroproyecto mediante globos de colores.
Con esta iniciativa lúdica, la plataforma ciudadana denunció los “impactos devastadores” de una ampliación “que supondrá el beneficio, sólo, a corto plazo, de un grupo exclusivo” (el gigante naviero y de la logística MSC, que aspira a la explotación de la nueva terminal de contenedores en la Ampliación Norte).
La Comissió Ciutat-Port denuncia, asimismo, la responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), organismo público que depende del Ministerio de Transportes y promueve la actuación.
En concreto, el ministerio que dirige Raquel Sánchez “ha eludido sus responsabilidades en la gestión y control de esta macroampliación, en una huida hacia delante de una situación anómala y sin evaluación ambiental vigente, lo que contraviene la Ley (estatal) de Evaluación Ambiental de 2013”, explican los activistas en un comunicado.
Ante las “serias dudas jurídicas” del proyecto, la Comissió interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, que el tribunal admitió a trámite en diciembre de 2021.
Integran el movimiento ciudadano Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, la plataforma vecinal El Litoral per al Poble, la asociación València Saludable y Joventut pel Clima, entre otras organizaciones. Hacen hincapié en que el puerto de Valencia es el séptimo más contaminante de Europa y tercero del estado español (por emisiones de CO2), según el informe de Transport & Environment presentado en febrero.
A la mascletà fallera del 14 de marzo convocó la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Valencia, con las camisetas verdes y la consigna El derecho a la vivienda necesita ruido. El colectivo antidesahucios ha participado, además, en el proyecto de falla participativa Violencia,que desarrollan la ONG Sant Joan de Déu València, la artista fallera Reyes Pe y 30 personas usuarias de los centros de la entidad religiosa.
El objetivo es representar las formas de violencia que sufren las personas que han perdido su hogar y viven en la calle. Para ello, los autores han creado diferentes ninots (figuras de los monumentos falleros) que forman parte de la falla Arrancapins-“Arrancamurs”; según Sant Joan de Déu València, más de la mitad de las personas que viven en la calle han sido objeto de la violencia y los delitos de odio.
Entre julio de 1936 y marzo de 1939, el ABC de Madrid fue “republicano de izquierdas”, según se identificaba el diario en la cabecera; una de las portadas incluía la imagen de tres falleras con el puño alzado y un pie de fotografía titulado “Valencia en la vanguardia del antifascismo”. Surgida en 2002 en el centro histórico de Valencia y consecuencia del trabajo de diferentes colectivos, la iniciativa Falles populars i Combatives ha difundido en las redes sociales esta primera plana.
Es una iniciativa abierta y autogestionada, alternativa a las fallas oficiales, con la que se trata de recuperar la calle y la cultura libre y popular. Las falles populars i combatives no sólo están “abiertas a los turistas”, ironizan los promotores; además se vinculan al espíritu originario de las fiestas, “dándonos vida en las plazas, los solares y las redes”.
En la programación de marzo de 2022, diseñada por la Junta Solar Fallera, figuran cuatro días de actividades; entre otras cercatasques; juegos, conciertos, comidas populares; petanca y dominó; cercavila (recorrido por las calles en grupo, con acompañamiento musical); cenas veganas, paellas, xocolatà y buñuelos; además de la ofrena y la cremà colectiva.
El medio de comunicación de las falles populars, denominado El poder faller, se declara “amante de las fake news y la polarización (…), para que estéis bien desinformados”. Y rematan: “Todo es posible, pero encontrar un solar no”.
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