No hay impedimento alguno para que Luis Posada Carriles, Pedro Crispín Remón Rodríguez, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo sean devueltos a Panamá para que cumplan sus sentencias y los procedimientos que llevan a la solicitud de extradición a Estados Unidos están progresando, anuncia el abogado y académico panameño Julio Berrios. «No hay impedimento, […]
No hay impedimento alguno para que Luis Posada Carriles, Pedro Crispín Remón Rodríguez, Guillermo Novo Sampoll y Gaspar Jiménez Escobedo sean devueltos a Panamá para que cumplan sus sentencias y los procedimientos que llevan a la solicitud de extradición a Estados Unidos están progresando, anuncia el abogado y académico panameño Julio Berrios.
«No hay impedimento, por lo menos jurídico, para que los terroristas estos sean devueltos: Estados Unidos tendrá que violar el tratado de extradición que mantiene con Panamá si se niega a devolverlos», asevera quien representa en este caso ante los tribunales a las partes querellantes.
El primero de julio último la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró inconstitucionales los indultos otorgados por la ex presidenta mafiosa Mireya Moscoso al final de su gestión en 2004 a favor de los delincuentes que intentaron volar el anfiteatro de la Universidad de Panamá en el 2000, cuando el Presidente cubano Fidel Castro iba a dirigirse a una asamblea de estudiantes al margen de la Cumbre Iberoamericana.
Explica Berrios que el abogado Hernán Delgados, en defensa de los terroristas radicados en Miami, «solicitó una aclaración por el efecto retroactivo de esta decisión».
«Pero esta solicitud quedará improcedente», valora Berrios.
«Concluida esta fase, el fallo de inconstitucionalidad debe ser remitido al Juez Quinto para que continúe con el trámite de extradición, solicitada por nosotros en contra de Remón, Jiménez y Posada».
Panamá y Estados Unidos tienen un tratado bilateral del año 1904 que permite al país centroamericano solicitar la entrega de cualquier persona que sea investigada o haya sido condenada en Panamá por violar sus leyes.
«No hay entonces un impedimento para que cumplan los otros cuatro años de la condena que se les impuso a dos de ellos y tres a los otros dos. Y Cesar Matamoro, ciudadano panameño de origen cubano que no ha cumplido más que unos días de cárcel, tendrá que hacerles frente a los siete años de su condena por haber sido el que dio el apoyo logístico a los terroristas cubanos».
«Por cierto, Estados Unidos puede violar cualquier tratado, advierte Berrios. «Lo han hecho en el caso del general Manuel Noriega. Le están dando prioridad a la solicitud de extradición de Francia -aunque la de Panamá es la más antigua y, de acuerdo al tratado, debe prevalecer- porque le conviene más a sus intereses políticos».
Otro cómplice de Posada, el chofer Hurtado, condenado a cuatro años, es el único inculpado que cumplió casi la totalidad de su sentencia.
«EN DEFENSA DE UN BIEN SUPERIOR»
En cuanto al ex ministro panameño de justicia Arnulfo Escalona, el ex jefe de la policía Carlos Barés y el ex subdirector de Migración Javier Tapia inculpados en relación con la liberación de Posada y sus cómplices, y ahora absueltos por la jueza Marlene Morais, se está presentando una querella en contra de esta controvertida decisión, revela Berrios.
«Nosotros volvimos ahora a interponer una querella a estos señores para evitar que le cierren el proceso. Esta querella tiene que ser admitida por la jueza. Puede decir que no la admite pero yo lo dudo. En todo caso, de no admitirse, nosotros seguimos en apelación para que se revoque esta decisión y que se aplique la pena que contempla el código nuestro».
Escalona, Barés y Tapia serían entonces condenados a tres años convertibles en días-multa, «aunque esto es facultad del juez».
«En este caso, esto equivalerla a 55 000 dólares de multa, tomando como base los salarios que tenían estos funcionarios al frente de las instituciones que representaban. Además, quedarían inhabilitados para un período de tres años para ocupar cargos públicos».
Berrios explica lo incoherente de esta reciente decisión.
«Los tres fueron investigados, la fiscal pidió el llamamiento a juicio, la jueza los llamó a juicio por considerar que su conducta era dolosa y encajaba en el código penal por extralimitación de funciones y abuso e autoridad. Sin embargo, a la hora de dictar la sentencia de fondo, abruptamente la jueza cambio el criterio».
«Ahora dice que ellos no actuaron dolosamente, sino que lo hicieron en cumplimiento de unos decretos que ya la Corte Suprema ha dicho que son inconstitucionales, y esto no tiene vuelta atrás por que las decisiones de esta corte son finales!».
«En segundo lugar, señala que los terroristas temían por su vida y que los señores estos actuaron en defensa de un ‘bien superior’ que era protegerles la vida a estos terroristas… que no pensaron en este ‘bien superior’ cuando colocaron sus bombas en todas partes, incluso en Panamá».
Según Berrios, las querellas pudieran «quedar acogidas en la próxima semana ante el Secundo Tribunal Superior para luego pasar a la sustentación de la apelación y entonces pasar al tribunal superior».
¡POR POCO SE DECAPITÓ A LA ETNIA INDIGENA KUNA!
Las querellas están presentadas a nombre del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el Central Nacional de Trabajadores de la República de Panamá (CNTP).
También es parte de este procedimiento jurídico la comarca panameña de la etnia indígena Kuna.
En este último caso, cuenta Julio Berrios un hecho que hasta ahora era desconocido.
En el Paraninfo de la Universidad de La Habana donde los terroristas quisieron hacer explotar varios kilos de explosivos C4 en el medio del discurso del presidente cubano Fidel Castro, se encontraban los tres únicos caciques de la etnia Kuna -la más famosa del país- que entregaron al Comandante la condecoración Nele Kantule, en memoria de un cacique Kuna heroico.
De haberse realizado el atentado planeado por Posada y sus cómplices, desaparecían los únicos tres jefes tradicionales de un grupo indígena cuya historia se remonta a mucho más allá de la llegada de los conquistadores españoles y cuya rica cultura ha sido a menudo celebrada por los etnólogos.
Los 60 000 kunas viven en un territorio que se extiende del noreste de Panamá, hasta dentro de Colombia, en aldeas que conforman las comarcas Kuna Yala cuyos tres jefes, encabezados por el cacique principal Gilberto Arias, estuvieron en el anfiteatro de la universidad de Panamá.
«Como los tres estaban ahí, la etnia iba a quedar sin dirección tradicional», subraya Berrios.
EL PASAPORTE DE POSADA, LO CONSIGUIO LA EMBAJADA YANQUI
El pasaporte alterado a nombre de Melvin C. Thompson que usó Posada a su salida de Panamá le fue entregado con la complicidad de funcionarios norteamericanos, revela Berrios.
Posada «llegó a Honduras con un pasaporte de un estadounidense muerto que consiguieron en Costa Rica -con la embajada gringa- y que le dio el Subdirector de Migración nuestro, Javier Tapia».
Posada «no tenía pasaporte y tenía que salir con algún documento del país».
Gaspar Jímenez Escobedo, también sin papeles, se desmayó a su llegada en Miami y salió en ambulancia del aeropuerto de Opa-Locka con la complicidad de funcionarios de Inmigración.
Pedro Crispín Remón y Guillermo Novo Sampoll, con amplio pasado terrorista, presentaron sus pasaportes y regresaron a sus domicilios sin la menor molestia
AJUSTES DE CUENTA
«A los que tuvieron que ver con el caso Posada Carriles, les pasaron la factura», comenta Berrios recordando el juicio de los cuatro terroristas en el tribunal Marítimo de la ciudad de Panamá.
El Fiscal Arquímedes Sáez, cuyo profesionalismo en el juicio de Posada fue celebrado y quien difundió el video de la salida de los terroristas por el aeropuerto de Tocumen, fue víctima de una trampa judicial. «Ahora, lo van a absolver. Y como fue suspendido del cargo tienen que restituírselo».
Por su parte, la fiscal Argentina Barrera, quien redactó el informe central del caso, quedó despedida. «La Corte acaba de reintegrarla y tienen que pagarle los salarios».
¿De dónde vinieron los golpes? Berrios de inmediato señala a la Embajada norteamericana. «Yo fui asesor de la Cancillería y me peleé con el embajador gringo por unos tratados. Era el embajador Dean Hinton que actuaba como verdadero procónsul», después de la invasión.
«Recuerdo cómo, molesto por mis posiciones, algún día advirtió: «Le voy a decir algo: el imperio jamás olvida».
Más de cuatro años después de los hechos, la ex mandataria corrupta Mireya Moscoso vive en Punta Mala en un residencial desarrollado donde hubo una base estadounidense de la Segunda Guerra mundial.
Vive con el ex ministro de justicia Arnulfo Escalona Escalona, su actual cónyugue.