El pasado mes de octubre, el Estado de Israel, que, desde hace décadas, somete al pueblo palestino a un régimen de apartheid, señaló a seis organizaciones de derechos humanos como terroristas. Representantes de dos de ellas viajaron a Madrid, donde protagonizaron varios actos organizados por la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y el Instituto Internacional para la Noviolencia (NOVACT). En su hotel de Lavapiés, barrio de la capital contaron cómo se organizan.
Aseel AlBajeh (Jerusalén, 1995) es investigadora legal y experta en incidencia internacional en Al-Haq, la mayor organización palestina de defensa de los derechos humanos. Sahar Francis (Fasuta, 1969) es la directora general de Addameer, organización que se dedica a brindar apoyo legal a los presos políticos palestinos.
Las dos organizaciones que ustedes representan han sido declaradas terroristas por el Ministerio de Defensa israelí, liderado por Benny Gantz. ¿Qué razones alega para hacerlo?
Aseel: El Estado deIsrael se basa en acusaciones que lleva décadas haciendo hacia la sociedad palestina organizada. Intentan ligar nuestro trabajo en derechos humanos y civiles, y nuestro esfuerzo en responsabilizar a su Estado de sus crímenes, al antisemitismo y al terrorismo.
Sahar: El ataque a la sociedad civil no es algo nuevo. Llevan décadas usando a sus organizaciones conservadoras para hacernos campañas de difamación. Usan información falsa contra organizaciones de nuestra sociedad civil y defensores de derechos humanos. Al fallar estos ataques, dieron este paso. Este uso de la ley israelí tiene el objetivo de silenciarnos, de amedrentar a quienes nos donan, a los países y activistas que nos apoyan. La sociedad civil palestina ha tenido éxito comunicando que Israel es un régimen de apartheid colonial, como se ve reflejado, por ejemplo, en la investigación de la Corte Penal Internacional que tuvo comienzo este año.
¿Qué implicaciones tiene en su trabajo que las definan como organización terrorista?
Aseel: Es importante subrayar que la primera designación por el ministro de Defensa está basada en una legislación nacional israelí, la Ley Antiterrorista, que se transfiere ilegalmente a la sociedad civil palestina: estamos bajo ocupación, Israel no tiene el poder legítimo de usar su ley contra nosotros. Además, la Ley en sí es muy imprecisa. Es, fundamentalmente, una herramienta política para reprimir y silenciar voces que desafían al apartheid israelí. Esta Ley permite encarcelar a defensores de derechos humanos de nuestras seis organizaciones con condenas que varían de cinco a veinticinco años. Además, puede criminalizar a la gente que nos apoya. También estamos bajo amenaza de que Israel nos confisque nuestros bienes y propiedades. El principal objetivo es que, eventualmente, nuestras oficinas cierren y nuestro trabajo pare. Han empezado con nosotras seis, pero seguirán atacando a cualquier organización de la sociedad civil. Ahora, la comandancia militar israelí dice que nuestras organizaciones están fuera de la ley incluso en los Territorios Palestinos Ocupados, así que la amenaza es aún más inminente.
¿Qué consecuencias puede tener esto a nivel internacional?
Sahar: La amenaza puede alcanzar a quienes, internacionalmente, trabajan con nuestras organizaciones: grupos que nos apoyan económicamente o con los que desarrollamos proyectos conjuntos. Incluso puede afectar a los bancos: Israel pretende influenciar el sistema bancario, evitar que se nos pueda mandar dinero a través de estas entidades. Aún no han empezado a tomar estas medidas, pero pueden hacerlo en cualquier momento. Creemos que están manteniendo, por ahora, un perfil bajo, debido a la campaña en contra de su declaración. Pero no sabemos cuándo van a empezar las redadas y los encarcelamientos. Podrían hasta usar esta designación como excusa para cancelar visas de trabajo a trabajadores de organizaciones internacionales que apoyen a las nuestras.
¿Qué creen que indica este nuevo paso? ¿Es una señal de que la impunidad de Israel está creciendo, o tal vez lo contrario?
Sahar: Se creen impunes, pero pienso que esta es más bien una señal de lo contrario. Han cruzado una línea roja. Y no se esperaban la enorme reacción de apoyo que estamos viendo a nivel internacional. Tampoco se esperaban la reacción que ha tenido la Autoridad Palestina: debido a la tensión interna, a las violaciones de derechos humanos por la propia Autoridad Palestina, y al rol jugado por nuestras organizaciones en criticarla, creían que no nos protegería. Calcularon mal.
Hace décadas, Israel atacaba específicamente a organizaciones conectadas a Hamas, señalando a asociaciones humanitarias, especialmente durante la época de guerra al terrorismo internacional, cuando aplicaban las técnicas estadounidenses en los Territorios Ocupados. Cuando les convenía cerrar organizaciones en la Jerusalén Este ocupada, lo hacían. Lo que está ocurriendo ahora es simplemente una continuación que beneficia sus planes de anexión. Pero el efecto que ha tenido ha sido el de exponer la gravedad de todas las otras violaciones que llevan cometiendo todos estos años. Por ejemplo, a través del sistema judicial. Gracias a la reacción que estamos viendo, este paso podría incluso terminar beneficiándonos.
Aseel: Esta es una señal de que la impunidad de Israel está siendo quebrantada. Durante este año hemos vivido grandes desarrollos. Represión severa, sí, pero también un auge de resistencia popular por parte de la sociedad palestina. En abril y mayo, por ejemplo, el pueblo palestino desafió la narrativa oficial: no solo estamos sometidos a violaciones de derechos específicas como los desahucios de Sheij Jarrah, sino que todos los palestinos, unidos, sobrevivimos bajo un régimen de apartheid y ocupación colonial. Los palestinos nos rebelamos y resistimos a lo largo de toda la Palestina histórica de una forma que no tenía precedentes. Nuestro trabajo como organización ha contribuido a este éxito. Ayudamos a la creación de una Comisión de Investigación de Naciones Unidas que, creada en mayo de 2021, investigará los crímenes de Israel de abril y mayo de este año. También buscamos responsabilizar a las corporaciones cómplices con el régimen israelí. Elementos como estos contribuyen a poner en peligro la impunidad de Israel, y por eso vemos este aumento de sus medidas represivas.
Vemos la hostilidad y censura que sufren personas como Cornel West o Angela Davis por sus demandas de justicia para el pueblo palestino. ¿Cómo se consigue que haya más gente que se mueva en defensa de la dignidad de los palestinos?
Aseel: Los ataques institucionales no van solo contra personas palestinas, van contra cualquiera que defienda nuestra dignidad. El objetivo de Israel es intimidarnos a todos. Es clave que, a pesar de los ataques, sigamos exponiendo sus crímenes. Si gobiernos como, por ejemplo, el español, no reconocen las alegaciones de Israel, quienes nos apoyan internacionalmente no se verán amenazados aunque nos tachen de terroristas.
Sahar: No creo que haya una elevada probabilidad de que anulemos las acusaciones de terrorismo a través de un proceso legal interno. Por eso son tan importantes las decisiones políticas de la comunidad internacional. Su rechazo a este paso de Israel le mandaría un mensaje muy claro sobre el fin de su impunidad.
¿Cómo ven el papel del software de espionaje israelí Pegasus en este contexto?
Aseel: Aunque la noticia de su uso apareció tras la designación, ya antes de que esta tuviera lugar había sospechas: un trabajador de Al-Haq se había percatado de que su teléfono móvil funcionaba de manera extraña. Contactamos con Front Line Defenders y descubrieron que en el teléfono de nuestro trabajador operaba el software Pegasus. Siguieron examinando teléfonos de trabajadores de organizaciones civiles palestinas, y encontraron otros seis en los que el software estaba operativo. Estamos pidiendo una investigación independiente que revele quién está detrás de este espionaje. Pero esto ocurre ya dentro de un contexto en el que Israel usa medidas de vigilancia, como, por ejemplo, cámaras en Jerusalén, que están conectadas a la práctica de detención arbitraria del régimen.
Sahar: Un soldado israelí admitió que están escuchando y siguiendo todos los teléfonos móviles de los Territorios Ocupados. Usan los datos recabados para presionar a las personas, a través del uso de información personal íntima como fotos o mensajes. El problema es que, quitando a Estados Unidos, ningún Estado ha rechazado a NSO (la compañía creadora de Pegasus).
¿Cuál es el rol de la lucha de clases internacional y contra el capitalismo en la liberación de Palestina?
Sahar: Creo que la causa palestina no puede desligarse del movimiento internacional por la justicia social. Si lo hiciera, sus demandas no serían tan justas. Lo más importante que pedimos es la liberación, y no solo de la ocupación: el colonialismo es, fundamentalmente, capitalismo. Por eso es muy importante que permanezcamos conectados a las luchas que se libran alrededor del mundo, desde Estados Unidos a Sudáfrica. Y llamar al boicot, desinversiones y sanciones implica el reconocimiento de que no podemos ganar esta batalla solos: necesitamos luchar junto a todos los que luchan, estén donde estén, contra el capitalismo. Al final, las corporaciones internacionales se han vuelto más fuertes que los Estados, y debemos examinar su trato a la dignidad de las personas en cada contexto, incluido el palestino.
¿Por qué es importante que puedan seguir haciendo su trabajo?
Aseel: 2021 ha sido un año particularmente violento. En Al-Haq hemos documentado cómo Israel suprime las protestas. Por ejemplo, con el uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes pacíficos: alrededor de una quincena de palestinos han sido asesinados sólo en la Palestina ocupada. Las lesiones fueron miles solo en abril y mayo. Además, Israel llevó a cabo detenciones arbitrarias masivas, incluso hacia los palestinos que viven dentro del propio Estado de Israel. Cuando se detiene a una persona, después se la mantiene en arresto domiciliario. En Jerusalén, en algunos casos, como consecuencia de eso se les revocó el derecho al acceso a la sanidad pública. Hubo restricción de movimiento, cerraron vecindarios enteros en respuesta a las protestas.
Sahar: Nuestras seis organizaciones llevan décadas trabajando. Proveemos servicios: los comités de agricultura apoyan a cientos de agricultores y pescadores gazatíes, ayudamos a reconstruir y mantener la tierra… Por eso nos atacan. Nuestro trabajo les impide continuar con su plan de anexión. Nuestras organizaciones son una barrera contra los ataques permanentes de Israel.
También ha sido un año en el que hemos visto intentos de desplazamiento forzado como el de Sheij Jarrah…
Aseel: Hemos documentado los desahucios forzados, a los que debemos calificar como limpieza étnica y desplazamiento forzado. Crímenes de guerra, según la Corte Penal Internacional. Sheij Jarrah ha sido el caso más prominente en los medios, pero también están los de Silwan y Jerusalén. Esto va unido a un aumento de la violencia por parte de los colonos. Israel les brinda impunidad e incluso apoyo, mientras ellos, a menudo armados, se dedican a atacar físicamente a palestinos. También atacan nuestra propiedad, incluidos, por ejemplo, nuestros olivos. Simultáneamente, vimos la grave ofensiva hacia Gaza, donde también tuvieron lugar asesinatos a civiles y destrucción de infraestructura, incluidos edificios que albergaban a medios de comunicación.
En Addameer se centran en brindar ayuda a los detenidos…
Sahar: Y ponemos el foco en los casos de tortura que sufren. Mostramos esta realidad al mundo, presentándola como un problema sistémico, señalando los crímenes de guerra como tales, lo que está ocurriendo en el juzgado militar, comunicamos con diferentes agencias de las Naciones Unidas, con reporteros, el Committee Against Torture, el International Criminal Court, publicamos imágenes de lo que está ocurriendo… Terminar con nuestro trabajo tendría un impacto muy significativo en la sociedad palestina, e Israel lo sabe. Y, si lo consiguen, solo seremos las primeras. La Autoridad Palestina no va a luchar para impedirlo: tenemos que seguir haciéndolo nosotros.
@BDSMadrid)