Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El pasado viernes el presidente Barack Obama firmó una ley que militarizará aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Esto incluye el despliegue de aviones drone sin piloto Predator, como los utilizados en Afganistán y Pakistán, para llevar a cabo la vigilancia contra los emigrantes que cruzan la frontera.
Obama firmó la cuenta por valor de 600 millones de dólares sin hacer comentario alguno. Anteriormente, la administración y quienes la apoyan habían afirmado que las medidas enérgicas en la frontera eran un paso previo necesario de una reforma total de la emigración a incluir una vía al estatuto legal para los trabajadores indocumentados.
El silencio del presidente respecto a cualquier vía hacia la legalización no hace sino poner de relieve que la legislación de la frontera forma parte de un giro a la derecha en el periodo previo a las elecciones de mitad del periodo del gobierno en 2010. El Partido Demócrata se prepara para competir con los Republicanos en convertir a los emigrantes en chivos expiatorios vangloriándose de su récord de persecución policial de una de las secciones más explotadas de la clase trabajadora estadounidense.
Unas declaraciones de la Casa Blanca afirmaban que la legislación, la Ley de seguridad en la frontera sudoeste, destinaría 600 millones de dólares para «mejorar la tecnología en la frontera, compartir información y apoyo con el Estado, hacer cumplir la legislación local y tribal e incrementar la presencia (federal) y las actividades para hacer cumplir la ley en la frontera».
Añadía que la ley proporcionará «más cantidad de agentes, investigadores y fiscales como parte de la campaña múltiple en contra de las redes ilícitas de tráfico de personas, drogas, armas ilegales y dinero».
La ley contratará a 1.000 agentes más de la Patrulla de Fronteras para que se desplieguen a lo largo de la frontera sudoeste. Con 20.000 agentes, esta Patrulla de la Frontera ya ha doblado su número desde 2005. El gobierno también a contratado a 250 nuevos agentes de Protección de Aduanas y Frontera y a 250 miembros del personal del Departamento de Emigración y Aduanas.
La legislación destina 32 millones de dólares para el despliegue de más aviones drone Predator para llevar a cabo vuelos de espionaje a lo largo de la frontera. Se destinará una cantidad de dinero adicional a establecer bases estilo militar en la zona de la frontera y a asistir a las agencias de policía local.
El gobierno de Obama ya ha destinado a la frontera entre Estados Unidos y México a 1.500 agentes de la Guardia Nacional. Todas estas unidades deberán estar en sus destinos en las próximas semanas.
Una declaración escrita firmada por Obama y publicada el jueves, después de que el Senado aprobara la legislación en una sesión extraordinaria, hacía hincapié en las medidas enérgicas en la frontera al tiempo que no hacía mención alguna a la normalización del estatuto de aproximadamente 12 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados que se enfrentan a unas condiciones de superexplotación y de represión dentro de Estados Unidos.
A principios de esta semana el director del Departamento de Emigración y Aduanas del gobierno, John Morton, negó vehementemente los informes sobre planes de una amnistía a gran escala para los indocumentados. Grupos de derecha denunciaron al gobierno después de que se filtrara un memorandum interno que supuestamente contemplaba la posibilidad de conceder un aplazamiento de la deportación a categorías limitadas de inmigrantes.
«El presidente no apoya la amnistía, [el secretario de Seguridad Nacional] no apoya la amnistía y yo no apoyo la amnistía», afirmó Morton en unas declaraciones a Fox News. Prometió que su agencia duplicaría los esfuerzos para aumentar las deportaciones. «No hay ningún gobierno en la historia de este país que haya expulsado a más personas de Estados Unidos», afirmó.
En su declaración Obama se vanaglorió de haber convertido «el asegurar la frontera sudoeste en una máxima prioridad desde que asumí el cargo». Afirmó que la nueva ley «fortalecerá nuestros esfuerzos con éxito para proteger a las comunidades a lo largo de la frontera sudoeste y en todo el país».
Al tiempo que prometía «trabajar con el Congreso para una reforma de la inmigración exhaustiva y bipartidista», la declaración afirmaba que el propósito de esta legislación sería «asegurar nuestras fronteras y restablecer la responsabilidad de nuestro maltrecho sistema de inmigración».
Ha desaparecido toda referencia incluso a las medidas punitivas que se incluían en una vía que se había presentado para [otorgar] la residencia legal para los inmigrantes ilegales presentada a principios de este año. La propuesta bipartidista exigiría que estos inmigrantes confiesen sus crímenes a inmigración, paguen una multa y «se vuelvan a poner al final del cola» de aquellos que solicitan un estatuto legal.
La secretaria de Seguridad Nacional de Obama, Janet Napolitano, compareció el viernes en la Casa Blanca para elogiar la nueva legislación sobre la frontera por proporcionar «recursos permanentes» para hacer cumplir la ley y calificó esta campaña de «cuestión de seguridad nacional».
Mientras que Napolitano hacía una breve referencia a la «reforma de la inmigración» no indicaba un calendario para la promulgación de dicha legislación y afirmaba que la cuestión estaba «en manos del Congreso». En otras palabras, habiendo incumplido una promesa electoral de presionar por una reforma electoral durante su primer año de gobierno, la Casa Blanca de Obama está dejando claro que no hará nada para llevar adelante la normalización del estatuto de los indocumentados. En vez de ello, se está uniendo a la derecha republicana en un intento de fomentar un chovinismo en contra de los inmigrantes con una campaña para convencer a la opinión pública de que los inmigrantes son responsables del aumento de la criminalidad, de la desaparición de empleos y de las amenazas a la «seguridad nacional».
La ley se aprobó en una condiciones extraordinarias, en sendas sesiones especiales tanto del Senado como del Congreso. En el caso del Senado se trataba de la segunda vez que se celebraba una sesión especial durante el receso de agosto desde que se formalizó el periodo de vacaciones en 1970. La otra ocasión fue en respuesta al huracán Katrina en 2005. Una vez asegurado el consenso tanto de los demócratas como de los republicanos, el formalismo de la votación se llevó a cabo con la presencia de sólo dos senadores.
El hecho de representar el cumplimiento de la ley de inmigración como una especie de crisis nacional se basa completamente en una propaganda de la derecha en contra de la inmigración fomentada por el Partido Republicano y secundada por los demócratas.
La reciente aprobación de una legislación en contra de los inmigrantes en Arizona (declarada inconstitucional por un tribunal federal la semana pasada) ha ido seguida de una propuesta presentada esta semana en Florida de una ley estatal aún más reaccionaria. Como su homóloga de Arizona, la ley de Florida ordenaría al personal encargado de cumplir la legislación nacional investigar el estatuto de inmigración de los residentes del estado [de Florida] cuando exista una «sospecha razonable» de que son indocumentados.
En un intento de superar a un rival incluso más de derecha para la nominación republicana a gobernador, la legislación propuesta por el Fiscal General del estado de Florida Bill McCollum impondría penas de 20 días de prisión incluso a extranjeros residentes legales si son sorprendidos sin llevar documentos. También autorizaría a los jueces a imponer penas más duras a los inmigrantes que a los ciudadanos.
Las afirmaciones de que estas medidas se justifican por una oleada de crímenes debidos a la inmigración, lo cual es la especialidad de políticos republicanos como el gobernador de Arizona Jan Brewer, no tienen base objetiva alguna. La propia Arizona ha visto cómo el índice de criminalidad bajaba un 12% el año pasado y entre 2004 y 2008 un 23%, a pesar de haber aumentado su población inmigrante.
Y según las cifras del FBI, las cuatro ciudades estadounidenses con poblaciones superiores a los 500.000 habitantes que tuvieron los índices más bajos de crímenes violentos -San Diego, California, Phoenix, Arizona y las ciudades de Texas de El Paso y Austin-están todas en los estados fronterizos a los que ahora Washington trata ahora como el escenario de una emergencia nacional.
Existe un intento deliberado en ambos partidos, ayudados por los medios de comunicación, de asociar a los inmigrantes con el crimen, el tráfico de drogas y la actual guerra entre el ejército mexicano y los cárteles de la droga. Niegan la realidad esencial: que las intolerables condiciones económicas y sociales creadas por los bancos y corporaciones transnacionales que subordinan todo al beneficio están empujando a millones de personas de todo el mundo a dejar sus hogares.
Obama está superando al gobierno Bush en la brutalidad de las medidas enérgicas por parte del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés) contra inmigrantes indocumentados. Según unas cifras del ICE recientemente publicadas, durante los primeros nueve meses del actual año fiscal el gobierno estadounidense deportó a 279.035 personas. Esto representa un ascenso del 10% en comparación con el mismo periodo para el año fiscal 2008, el ultimo año fiscal completo del gobierno Bush. La cantidad de personas deportadas es aproximadamente el doble que hace cinco años.
Mientras que el gobierno Obama había afirmado que el objetivo de su campaña eran los llamados «extranjeros criminales», las cifras del ICE revelan que sólo el 17% de los deportados estaban acusado de crímenes graves. Más de la mitad (el 51%) no tenían antecedentes criminales, mientras que el resto habían sido acusados de crímenes menores.
Destacados republicanos rechazan la nueva legislación represiva respaldada por Obama y los demócratas del Congreso al considerarla insuficiente, e insisten en que se despliegue mucho más personal y recursos en la frontera combinado con unas medidas aún más draconianas contra los millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos. El debate oficial sobre la inmigración se mueve inexorablemente aún más a la derecha.
A algunos trabajadores inmigrantes se les arranca de sus familias, que a menudo incluye un cónyuge o hijos que son ciudadanos estadounidenses. Los trabajadores indocumentados también dudan en viajar a sus países para visitar a sus familiares por temor a ser arrestados en un aeropuerto estadounidense y a la subsiguiente deportación. Estas tragedias humanas son cuestiones que dejan indiferentes a los dos grandes partidos de los negocios.
Toda la clase dirigente política trata más bien de fomentar y explotar el chovinismo en contra de los emigrantes como un medio de desviar la creciente ira popular por un paro récord y por el descenso del nivel de vida del origen de ambos fenómenos, el sistema del beneficio.
Al mismo tiempo, el Estado policial y las medidas militarizas que se están empleando contra los inmigrantes supone un agrave amenaza contra los derechos democráticos de todas las secciones de la clase trabajadora. No hay razón para creer que los aviones drone que vuelan las zonas fronterizas del sudoeste de Estados Unidos se vayan a limitar a espiar a los inmigrantes. Muy podrían usarse para «asesinatos selectivos» al estilo de Afganistán. Verdaderamente entra dentro de las decisiones políticas posibles de una Casa Blanca que ya ha exigido el derecho a asesinar ciudadanos estadounidenses en el extranjero.
La lucha para defender los derechos democráticos, el empleo, los salarios y las condiciones sociales de la clase trabajadora en Estados Unidos sólo se pueden emprender con éxito unificando a todos los sectores de la clase trabajadora (tanto los nacidos en el país como los inmigrantes) contra las políticas reaccionarias y pro capitalistas tanto de los demócratas como de los republicanos. Esta lucha debe incluir la defensa de los trabajadores inmigrantes contra las redadas, las deportaciones y la explotación por parte de los patrones. La clase trabajadora debe oponerse a la militarización de las fronteras estadounidenses y defender el derecho de los trabajadores de cualquier país a vivir y trabaja en la tierra que ellos elijan.
Fuente: http://www.wsws.org/articles/2010/aug2010/immi-a14.shtml