“Un proyecto de empresa sostenible que genere prosperidad compartida”. De este modo se define la cadena de supermercados Mercadona, que en 2020 alcanzó un beneficio neto de 727 millones de euros, un 17% superior al de 2019. El presidente de la compañía, Juan Roig, posee una fortuna de 3.700 millones de euros, la tercera del estado español.
En uno de los supermercados Mercadona de la provincia de Valencia pueden adquirirse tomates en rama de Portugal por 1,79 euros, Bananas de Costa de Marfil a 1,15 euros o piñas de Costa Rica por 0,99 euros el kilogramo. El cliente tiene a su alcance, asimismo, espárragos verdes envasados de Perú, plátanos macho de Colombia, limones argentinos o batatas de Estados Unidos.
“Precios imbatibles para ayudarte, 3×2 en más de 3.000 artículos”. El folleto que en los buzones del mismo municipio reparte Carrefour especifica el origen de las frutas y hortalizas españolas, pero en caso contrario sólo detalla la variedad o características (banana “cavendish” o piña “extra sweet”); Carrefour, gigante francés y mundial de la distribución, obtuvo en 2020 un beneficio “ajustado”de 1.011 millones de euros, un 17,9% superior al de 2019.
En cuanto a la cadena de supermercados alemana Aldi, difunde también por buzoneo anuncios con descuentos en la fruta (“lo que vale mucho cuesta muy poco”): del 34% en la pera ercolina de Chile; del 22% en la banana de Colombia y Costa Rica o del 26% en la piña de Kenia y Costa Rica; la novedad son las bandejas con tomate piccolo de Holanda.
El 2 de mayo el movimiento Per l’Horta presentó un manifiesto titulado “Ara, preu justos a l’Horta” en una alquería ubicada en el municipio de Alboraia (24.700 habitantes), donde los activistas pintaron un muro con el anagrama de la campaña, obra del diseñador gráfico valenciano Diego Mir (la alquería se sitúa en una zona de huerta estratégica próxima a la autovía V-21, de acceso a la ciudad de Valencia por el norte).
“Para que l’Horta tenga futuro es imprescindible que los labradores cobren precios justos por sus cosechas; no puede entenderse que lleguen productos de otros continentes cuando aquí hay cultivos semiabandonados; también es importante que supermercados y tiendas compren preferentemente productos de proximidad; y no debe olvidarse, asimismo, la responsabilidad de la Administración”, afirma el portavoz de Per l’Horta, Marc Ferri.
Suscribieron el manifiesto las siguientes organizaciones agrarias, ecologistas y ONG: Acció Ecologista-Agró; Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), CERAI, Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPV-COAG), Ecologistes en Acció, Fundació Assut, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, Mundubat, Pagesos GPS, Taula per la Partida, y Unión de Pequeños Agricultores del País Valencià (UPA-PV).
“Los precios de muchas cosechas son los mismos desde hace décadas”, comienza el documento. Subraya la importancia de que los labradores perciban ingresos dignos y regulares, entre otras razones para favorecer el relevo generacional y proteger las tierras de la especulación inmobiliaria, “que se aprovecha de un contexto de crisis permanente”. El mantenimiento de una huerta productiva garantizaría, además, la soberanía alimentaria en un contexto de pandemia y crisis climática. Otro punto destacado en el manifiesto es la responsabilidad del consumidor y la necesidad de un cambio de hábitos. En cuanto al rol de la Administración, recuerda su capacidad de intervención favoreciendo los etiquetajes identificativos, la promoción de mercados municipales o las ferias de producto de temporada.
Fermín López, de 66 años, reside en el barrio de Vilanova del Grao de Valencia. Desde 2016 y hasta abril ha comprado las verduras de temporada al veterano labrador y activista Vicent Martí (Premio Nacional de Agricultura Ecológica en 2006), cuya alquería de cultivos ecológicos se halla en la partida de La Massamarda de Alboraia, a 10 minutos de Valencia. Este vecino demanda cada dos semanas al agricultor una caja de 10, 15, o 20 euros (según el pedido), que se le suministra a domicilio; la última incluía acelgas, berenjenas, calabazas, alcachofas, puerros y cebollas tiernas. Por otra lado compra cajas de fruta, que contienen aguacate de Almuñécar (Granada) y Picassent (Valencia); plátanos de Canarias; limones y mandarinas de Alaquàs (Valencia), manzanas de Cañada (Alicante) o cerezas de Caudiel (Castellón).
Este vecino de los Poblados Marítimos de Valencia hacía la compra, antes de 2016, en un mercado de proximidad, el del barrio del Cabanyal. Actualmente le remite la caja de verduras un joven labrador, Silvestre, que cultiva en l’Horta del municipio de Foios (7.400 habitantes). ¿Por qué ha optado -desde hace cinco años- por el consumo de verduras locales, ecológicas y de temporada? “Una razón es el reencuentro con los sabores tradicionales, cuando los tomates y las zanahorias mantenían sus cualidades; también por motivos de salud, ya que se trata de productos artesanales y cultivados sin pesticidas; también por militancia, ya que comprar al labrador de proximidad contribuye al mantenimiento de la huerta”, responde Fermín López.
Cuenta, en entrevista telefónica, lo que le sucedió en el supermercado Consum del barrio. Preguntó al reponedor por el origen de unas cerezas, información que no figuraba en el etiquetado; “Sí de la envasadora, era de Murcia”, recuerda. El reponedor no le supo contestar: “Sólo me dijo que había probado las cerezas y estaban ‘muy buenas’”. En abril COAG denunció un “fraude” en el etiquetado; detectó que Carrefour estaba vendiendo en los supermercados melones variedad “piel de sapo” de supuesta producción española, según los carteles, cuando las cajas mostraban que provenía de Brasil (del país latinoamericano proceden la mayor parte de los melones que importa el estado español, seguido a gran distancia por Senegal y Marruecos).
En fechas recientes, la Unió de Llauradors i Ramaders, AVA-ASAJA, CCPV-COAG, UPA-PV y Per l’Horta alertaron de la crisis y los “graves problemas de comercialización” de las cebollas y las patatas locales. Informaron en un comunicado de que las grandes cadenas de distribución están priorizando en sus estantes las importaciones de estos productos, en algunos casos de Nueva Zelanda o Perú. Mientras, añadieron, “en la huerta las compras están prácticamente paralizadas y cuando los comercios ofrecen precios a los agricultores son ruinosos e incluso en muchos casos no compensan ni los gastos de recolección”.
Asimismo la Unió de Llauradors ha instado a la Comisión Europea a que refuerce la vigilancia sobre las frutas y hortalizas importadas de Turquía y Egipto, por los residuos de plaguicidas y sustancias prohibidas en la UE que contienen (la demanda se apoya en el resultado de los sistemas europeos de inspección). La organización agraria también ha observado que diferentes “operadores comerciales valencianos” reetiquetan como españolas naranjas adquiridas en Egipto, por lo que han solicitado a la Conselleria de Agricultura que realice una investigación (Egipto y España son los líderes mundiales en la exportación de naranjas).
La organización agraria COAG publica cada mes el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), que permite observar la diferencia entre el precio que recibe el agricultor por el producto y el de la venta final del alimento a los consumidores. El IPOD de mayo señala una diferencia del 800% en el caso de la cebolla (0,13 euros el kilogramo en origen y 1,17 en destino); 776% en el ajo (0,67 euros/kilogramo en origen y 5,87 en destino); 738% en el pepino (0,21 euros/kilogramos en origen y 1,76 en destino); 722% en la sandía (0,18 euros/kilogramo en origen y 1,48% en destino); 521% en la patata (0,14% euros/kilogramo en origen y 0,87% en destino); y 474% en la naranja (0,34 euros en origen y 1,95% en destino).
El indicador de precios permite establecer comparativas. En la primera serie publicada –junio de 2008-, los tomates de ensalada tenían un precio de origen de 0,35 euros/kilogramo (0,37 en mayo de 2021); y 2,11 euros/kilogramo en destino (2,12 en mayo de 2021). En relación con esta hortaliza, la ONG Mundubat y COAG denunciaron el pasado 3 de junio: “El rey de Marruecos construye de forma ilegal la ‘megalópolis del tomate’ en Dakhla a costa de los saharauis y los agricultores del sudeste español”.