En el Jardín Lluerna y Racó de les Jaqueteres, emplazados en el barrio de Benimaclet (23.200 habitantes), en Valencia, los vecinos detuvieron el pasado 23 de junio el avance de las máquinas. Se trata de jardines populares y de recuperación comunitaria frente a la degradación y el abandono de los terrenos; un ejemplo de resistencia contra la macroiniciativa urbanística que promueve la inmobiliaria Metrovacesa.
Al día siguiente, Cuidem Benimaclet, EntreBarris y la Assemblea Feminista de València organizaron juegos y actividades culturales en la zona, mientras los vecinos alertaban: “Muy probablemente las máquinas regresarán mañana”. Precisamente en el Jardí Lluerna estas organizaciones convocaron, a finales de junio, la quinta reunión vecinal y abierta para coordinar la estrategia de lucha.
En marzo la Assemblea Feminista de Benimaclet inauguró el Racó de les Jaqueteres, jardín autogestionado que –en su denominación- rinde homenaje a las trabajadoras del textil de Benimaclet. Históricamente invisibilizadas, estas obreras laboraban en las casas y pequeños talleres, en condiciones precarias y a cambio de bajos salarios. Ubicado junto al colegio municipal, el Racó es “un espacio en desuso del PAI (iniciativa urbanística) que llenamos de vida, un grito contra los planes especuladores de empresas y partidos políticos en nuestro barrio”, afirman. El 6 de marzo comenzaron los trabajos de desbroce, limpieza y adecuación de los terrenos.
Otra acción reivindicativa, convocada por Cuidem Benimaclet y EntreBarris, tuvo lugar el 21 de marzo: se plantaron 60 árboles autóctonos en un solar abandonado, junto al campo del Sporting de Benimaclet. En cuanto a las protestas en la calle, destaca la manifestación contra el PAI de enero de 2020 en el barrio, en la que participaron –según la organización- más de 6.000 personas y a la que se adhirieron cerca de un centenar de colectivos sociales y organizaciones. Defensem Benimaclet, recuperem l’Horta, fue la consigna.
Recientemente se ha producido un salto cualitativo en la resistencia contra el PAI. El pasado 22 de junio Cuidem Benimaclet y EntreBarris convocaron una rueda de prensa en la Plaza de la Iglesia de Benimaclet, en la que informaron sobre la detención de cuatro vecinos –un total de nueve denunciados- “por defender el uso comunitario de los terrenos del antiguo PAI de Benimaclet”; la policía realizó los arrestos en el contexto de una “ofensiva” de Metrovacesa contra el barrio, valoraron, tras una denuncia interpuesta por la compañía. La última detención se produjo el 21 de junio, cuando la persona apresada salía de trabajar.
Metrovacesa impulsa un macroproyecto para la construcción de 1.345 viviendas y torres que podrían alcanzar las 30 alturas en un sector de 270.000 metros cuadrados en Benimaclet, según la formulación inicial. La empresa detalla en la página Web su estructura accionarial: el mayor número de participaciones (49,36%) está en manos del Banco Santander; el segundo accionista en relevancia es el BBVA (20,85%), seguido de Inversora CARSO (5,49%), controlada por el multimillonario mexicano Carlos Slim. El actual presidente de Metrovacesa, Ignacio Moreno Martínez, es también consejero de Telefónica y de Roadis Transportation Holding.
Sobre los vecinos de Benimaclet denunciados pesan las imputaciones de presuntos daños y desórdenes públicos, informaron los portavoces en la conferencia de prensa. El origen de las acusaciones se sitúa en la manifestación del 2 de junio, convocada por Cuidem Benimaclet contra la instalación de vallas y el cierre de parcelas realizado por Metrovacesa. “No se pueden poner vallas a un pueblo”, fue el lema de la protesta, durante la que se tumbó una cerca metálica. La plataforma Cuidem defiende la desclasificación total (a “no urbanizable”) de los terrenos.
Alerta Solidària, organización antirrepresiva de la izquierda independentista, destacó en la rueda de prensa la “intención política e intimidatoria” de las detenciones y las “prácticas de acoso llevadas a término por la brigada policial de información contra personas que se movilizaron el 2 de junio”; entre otras el “acosamiento telefónico” y las “presiones a través de familiares”.
Además de las cuatro personas arrestadas, añadió una de las portavoces, otras cinco estaban en riesgo de ser capturadas; se trata de detenciones “innecesarias”, ya que son personas “conocidas e identificadas”. Alerta Solidària señaló “graves irregularidades” principalmente en una de las detenciones, como “no avisar a la abogada designada por la persona detenida” o someterla a “humillaciones, por ejemplo desnudarla y obligarle a realizar flexiones”.
La Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet recordó el 24 de junio en las redes sociales: “El PAI de Benimaclet fue aprobado en 1994, han pasado 27 años con las parcelas abandonadas y muchas de ellas convertidas en verdaderas ruinas; a lo largo de los años el barrio ha estado usando varios solares en forma de estacionamiento, jardines urbanos y espacios de socialización”. Iniciativas relevantes son los huertos urbanos promovidos por la asociación vecinal en 2010; o el Centre Social Okupat Anarquista (CSOA) de Benimaclet, cuyos orígenes se retrotraen a 2012 y en diciembre resistió a un intento de desalojo policial a instancias de la SAREB.
“Los movimientos de tierra que parece van a darse o están produciéndose no están justificados con la declaración responsable. Además están vallándose terrenos que no son de Metrovacesa, sino de otros particulares y me parece que esto no es demasiado razonable; le pedimos a Metrovacesa que no trate de mala manera al barrio de Benimaclet”, afirmó el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, en declaraciones recogidas por la Cadena SER. Por otra parte el Consejo de Coordinación de Podemos-València exigió una investigación sobre las actuaciones de la inmobilaria: “Se está coaccionando a todo el barrio con acciones ‘de dudosa legalidad’”, denunció en las redes sociales.
En las últimas fechas Metrovacesa se ha topado con impedimentos. El 1 de febrero el Ayuntamiento de Valencia (gobernado por Compromís y el PSPV-PSOE) aprobó una resolución que inadmite a trámite la propuesta de la Agrupación de Interés Urbanístico, encabezada por Metrovacesa, respecto al PAI de Benimaclet. En mayo, la compañía presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión municipal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La moción del Ayuntamiento justifica la decisión en que, en “determinados aspectos” de diseño y planificación urbana, la propuesta “no se adecua plenamente al interés general de la colectividad”. Considera “irrenunciable”, asimismo, “que la nueva ordenación procure alinearse de forma más decidida con los objetivos de la Agenda Urbana 2030, en especial con el ‘Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles’”.
Además, sostiene la resolución, la empresa adopta “soluciones edificatorias con tipologías que no se adaptan al entorno urbano consolidado del Barrio de Benimaclet”; añade que estas tipologías edificatorias “conllevan la previsión de una excesiva superficie de espacios comunes de uso privado, en detrimento de una mayor superficie de espacios de uso público”. Otra de las razones de la inadmisión es que propone “un excesivo número de plantas edificables en determinadas zonas, lo que puede ir en detrimento de una transición amable entre la ciudad y la huerta”.
El 19 de mayo integrantes de la Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, Cuidem Benimaclet, profesores de la Universitat de València, arquitectos y abogados del movimiento vecinal se reunieron con el alcalde Ribó, la vicealcaldesa y concejal de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, del PSPV-PSOE; y con el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, de Compromís. En la carta que solicitaba la reunión, los colectivos sociales subrayaban la importancia la zona afectada por el PAI de Benimaclet: “Es la última conexión que queda de la ciudad con l’Horta Nord”. Y abogaban por un urbanismo democrático basado en procesos participativos.