Un fallo sin precedentes de un tribunal de Bruselas no solo ordenó al gobierno flamenco detener un envío específico de material militar destinado a Israel, sino que también prohibió cualquier tránsito futuro de armamento hacia ese país. Esta sentencia sienta un precedente jurídico que se podría aplicar en muchos otros países. Es, además, una victoria importante en la lucha contra el genocidio en Gaza.
Precedente
En un fallo sin precedentes el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ordenó al gobierno flamenco detener de inmediato un contenedor con material militar destinado a Israel, así como prohibir cualquier otro tránsito de armamento hacia ese país.
El juez dictaminó que Flandes —una región del norte de Bélgica— incumple estructuralmente sus obligaciones según la legislación sobre armas y los tratados internacionales, e impuso incluso una multa coercitiva por cada envío que aún se permita. Dio la razón en todos los puntos a cuatro ONG flamencas que presentaron la demanda.
El contenedor en cuestión se encuentra en el puerto de Amberes. Contiene rodamientos cónicos fabricados por la empresa Timken a través de una filial francesa y destinados a Ashot Ashkelon Industries, una empresa de defensa israelí que suministra piezas para los tanques Merkava y los vehículos blindados Namer. Según las organizaciones demandantes, ambos se utilizan diariamente en el contexto del genocidio en Gaza.
La sentencia del tribunal prohíbe al gobierno flamenco autorizar nuevos tránsitos hacia Israel. Desde 2009 existe un acuerdo para no exportar armas a Israel que puedan fortalecer sus fuerzas armadas, pero en la práctica se ha ignorado sistemáticamente esa política.
Para garantizar el cumplimiento de la sentencia, el tribunal impone una multa de 50.000 euros por cada envío que se permita aún hacia Israel.
Solo se podrán autorizar exportaciones si el gobierno flamenco presenta pruebas documentadas de que los productos tienen un uso civil. Según la abogada defensora del caso Lies Michielsen, de Progress Lawyers Network, la sentencia implica que el gobierno debe verificar activamente el destino final del material exportado a Israel.
Importancia
Esta decisión es muy significativa porque el tribunal confirma que es ilegal facilitar la entrega de armas a un Estado que comete crímenes de guerra o incluso genocidio.
“El tribunal afirma lo que los políticos se niegan a reconocer”, dice Fien De Meyer de la Liga por los Derechos Humanos.
Esto marca el fin de la impunidad: los gobiernos ya no pueden mirar a otro lado mientras sus armas se utilizan para cometer atrocidades.
La sentencia crea un precedente jurídico que obliga a los gobiernos a asumir su responsabilidad. Se espera que causas similares sigan en otros países.
En todo caso, se trata de una victoria para los movimientos por la paz y la solidaridad, que demuestra que la resistencia funciona.
Seguimiento
Casi al mismo tiempo, se presentó en Bélgica otra demanda, esta vez contra el gobierno federal. Un grupo de demandantes palestinos y organizaciones belgas enviaron una notificación formal que hacía a Bélgica responsable de complicidad pasiva en el genocidio en Gaza. Si no reciben una respuesta satisfactoria, acudirán a los tribunales. También eso sienta un precedente mundial.
La iniciativa cuenta con el apoyo de un ciudadano palestino, varias ONG belgas y una jurista. Exigen que Bélgica detenga todas las entregas militares a Israel, confisque importaciones procedentes de territorios palestinos ocupados, bloquee inversiones en dichas zonas y suspenda el acuerdo de asociación entre la UE e Israel.
Según los demandantes, la pasividad belga es inaceptable tanto moral como jurídicamente. La acción cuenta con el respaldo de artistas e intelectuales que están recaudando fondos para cubrir los costos judiciales.
También se están tomando medidas en el ámbito europeo. La ONG jurídica JURDI ha llevado a la Comisión Europea y al Consejo de la UE ante el Tribunal de Justicia por su “negligencia” frente a la violencia en Gaza. Por primera vez en la historia se demanda a estas dos poderosas instituciones por no cumplir con sus obligaciones legales.
JURDI invoca el artículo 265 del Tratado de la UE, que permite sancionar la inacción institucional. Según la ONG, las instituciones europeas aplican un doble rasero: sancionaron duramente a Rusia, pero no a Israel, pese a las graves violaciones de derechos humanos documentadas.
JURDI exige, entre otras cosas, la suspensión del acuerdo UE-Israel, el cese de las subvenciones y sanciones contra funcionarios israelíes. La demanda sostiene que la UE tiene una obligación jurídica y moral de actuar, y advierte que incluso los líderes europeos podrían ser procesados por complicidad en el genocidio.
Complicidad
En estos casos es fundamental la siguiente pregunta: ¿tiene un país como tercera parte o, por extensión la Comisión Europea la obligación jurídica de prevenir un genocidio en otro lugar? Según la Convención sobre el Genocidio, sí. Según ese tratado, cada país no solo debe castigar, sino también prevenir activamente.
En enero la Corte Internacional de Justicia ya llamó a Israel a tomar todas las medidas necesarias para prevenir un genocidio. Pero ¿se aplica también esa obligación a países como Bélgica, que no están directamente involucrados? Según dieciocho destacados juristas belgas, sí. En una carta advierten que un país como Bélgica corre el riesgo de ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia si continúa guardando silencio sobre la situación en Gaza. La pasividad puede ser interpretada jurídicamente como complicidad.
Los juristas exigen sanciones contra Israel y consideran que la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel es lo mínimo que se debe hacer. Los países se esconden con demasiada frecuencia tras la prudencia diplomática, pero esa actitud se vuelve jurídicamente y moralmente insostenible, según ellos. Solo acciones concretas, no palabras, pueden salvar la credibilidad de Bélgica y de la UE.
Sin pausa
La sentencia ganada en Flandes y otras demandas en curso representan un salto cualitativo en la lucha contra el genocidio. Pero esa lucha está lejos de haber terminado. El genocidio no hace pausas. Mientras los políticos titubean, la población de Gaza sufre.
Ahora es el momento de mantener e intensificar la presión. Se deben presentar demandas judiciales en otros países también. Las demandas clave incluyen la aplicación inmediata de la prohibición de exportar armas, transparencia total sobre la exportación de material militar y el enjuiciamiento de quienes sean cómplices de estos crímenes.
Demandas como esta son muy importantes, pero sin duda no son suficientes para detener las masacres en Gaza. Se debe presionar a los líderes políticos de todo el mundo mediante protestas masivas y acciones de solidaridad.
Los movimientos de resistencia palestina en Gaza han lanzado por ello un llamado conjunto a una movilización mundial a partir del 20 de julio de 2025 para salvar a la población de Gaza del genocidio, el hambre y la sed causados por la ocupación israelí.
Denuncian el silencio internacional, y llaman a países y ciudadanos de todo el mundo a salir a las calles y actuar para detener el genocidio.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.