Traducido del hebreo para Rebelión por J. M. y revisado por Caty R.
Un nuevo proyecto de ley que seguramente levantará la próxima tormenta en el Parlamento israelí. La propuesta, diseñada para hacer frente al fenómeno de deslegitimar a Israel en el mundo, permitirá al ministro del Interior deportar a cualquier extranjero que llame a boicotear a Israel o los asentamientos efectuados, así como a quienes pidan que las leyes internacionales enjuicien a los militares implicados en la presunta ejecución de crímenes internacionales. Es una propuesta presentada por el presidente del Comité de la Cámara, Yariv Levin (Likud).
De acuerdo con la propuesta del parlamentario Levin, el ministro del Interior, en consulta con el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa, podría prohibir la entrada al país o expulsar a cualquier persona a quien se pueda atribuir una actuación «entre el discurso y la conducta, que pueda iniciar, participar o expresar su apoyo a la negación del Holocausto, el boicot de Israel, el boicot de productos israelíes o llamar al enjuiciamiento internacional de civiles israelíes por haber tomado parte en acciones de las fuerzas armadas de Israel u otras fuerzas de seguridad.»
Según la explicación, Levine escribe que «el propósito de este proyecto de ley es dar las herramientas necesarias al Estado para hacer frente a actividades hostiles de activistas que operan desde los territorios controlados por Israel o fuera de ellos, para dañar al país, a sus ciudadanos, a sus funcionarios, su seguridad, sus relaciones exteriores y sus relaciones comerciales. La situación jurídica actual permite que el ministro del Interior establezca condiciones y criterios para negar la entrada al país o para permanecer en él. Sin embargo esas herramientas son limitadas e insuficientes para enfrentar el grave fenómeno de las entidades y ciudadanos extranjeros que incitan contra Israel, que luchan contra él o sus funcionarios. Los daños que ocasionan esas actividades a Israel son muchos incluyendo el daño en la opinión pública internacional, en las relaciones exteriores y en los intercambios comerciales, amén de daños personales a los funcionarios en activo o retirados, afectando sus libertades de movimiento por el mundo». El proyecto de ley se concretó por una iniciativa común con la organización del foro de judiciales por el Estado de Israel.